Diario Extra - Denuncian al AyA por comprar terreno de ¢2 mil mills. en Jacó

El abogado Francis Tejada Barrantes interpuso una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) por la compra de un terreno en Jacó que planea hacer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por ¢2.144 millones.
El terreno sería utilizado para desarrollar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Garabito, como parte del proyecto de alcantarillado sanitario en esa comunidad. El propietario de la finca es Calle Ancha Derecha Grupalti S.A., quien recibiría indemnización por expropiación.
Según relata el documento de la denuncia, se presenta en contra de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, basándose en el acuerdo de la Junta Directiva 2020-289 para la adquisición del terreno.
“Insiste en la firmeza de un acto administrativo formalizado en el acuerdo, emanado de la Junta Directiva, eligiendo una finca a un alto costo de expropiación, existiendo otras propiedades que a título gratuito podrían servir para la construcción de la PTAR”, subraya el documento.
El 25 de agosto de este año, el Instituto decidió que se expropiara dicho terreno, que tiene un tamaño aproximado de 27.832 m2.
Según asegura Francis, el proyecto afectaría la visitación turística, ya que el desagüe tendría un tubo de salida al mar, que quedaría a vista de los bañistas y también produciría malos olores.
Por esos motivos, recomiendan que se coloque la salida al mar, en el norte de playa Jacó, un sector rocoso donde no habría afluencia turística.
La iniciativa en cuestión había sido denunciada en una nota que realizó DIARIO EXTRA en enero, sobre la afectación turística que tendría la zona por esa planta.

DENUNCIA

La denuncia se fundamenta en que existen otros dos terrenos a los que el AyA puede acceder de manera gratuita para desarrollar el proyecto.
Dentro del detalle de la acción se indica que en 2009 se dio un proceso de licitación abreviada para los estudios de factibilidad y los diseños del alcantarillado sanitario en Jacó.
“Se adjudicó a la empresa Hidrotecnia que recomendó la ubicación de la PTAR en el sitio conocido como ‘La Charca’, una propiedad de 10 ha (hectáreas), que le pertenece a la Municipalidad de Garabito, considerada parcialmente humedal.
Teniendo los mismos problemas técnicos para la construcción de una planta que el costoso terreno que eligió AyA, en contraste con el terreno municipal que no tendría ningún costo”, explica la documentación de la que El Diario del Pueblo tiene copia.
También menciona que existe otro terreno gratuito en el proyecto de Quebrada Bonita, donde el representante Gerardo Calderón León ofreció 3 hectáreas para la PTAR.
“Razón de más que justifica la intervención de la Contraloría, a fin de que despliegue una investigación para resguardar el dinero del pueblo de Costa Rica, se trata de una inversión de $100 millones que se invertiría en una construcción erigida en una zona de inundación reconocida”, sostiene el abogado.

TERRENO

Según resalta el denunciante, el terreno también se encuentra ubicado sobre una naciente. “No solo es una propiedad con una alta probabilidad de inundación, sino que además se encuentra ubicado sobre una naciente intermitente, según documento STCONSP-278-19 del 15/11/2019 suscrito por la Ing. Susana Rodríguez, infiriéndose su alto potencial inundable y su sensibilidad a la licuefacción, que generaría elevados costos de construcción”, explican las consideraciones de fondo.
También se menciona un estudio técnico que realizó el Ingeniero Víctor Sáenz Alvarado y que lo había presentado ante el alcalde municipal Tobías Murillo.
“Esta planta de tratamiento afectaría el paisaje urbano con un impacto escénico considerable y el futuro desarrollo urbano, devaluando las propiedades colindantes y más de ocho condominios con casas de habitación ya construidas, además de otras propiedades”, aduce el análisis del ingeniero.

EL PROYECTO

La construcción del alcantarillado sanitario en Jacó es un proyecto de $21 millones para dar un correcto tratamiento a las aguas residuales de la ciudad, con el objetivo de tener menos contaminación en los mantos de agua.
“Tras el tratamiento físico y el biológico, se dará el tratamiento de microfiltración y desinfección con radiación ultravioleta, antes de verter el agua al mar, el AyA se asegura de cumplir y superar lo exigido por la normativa nacional sobre vertido de aguas residuales a cuerpos de agua”, comenta el Instituto, mediante su oficina de prensa.
Al plan se le había cuestionado que el desfogue de aguas cerca de la zona turística de Jacó, en un lugar conocido como Claritas, podría tener un impacto económico y ambiental.

AYA RESPONDE

El Periódico de Más Venta en Costa Rica consultó al AyA sobre la adquisición del terreno y acerca del porqué no se escogieron los disponibles de forma gratuita y señala que se debe a que tienen problemas “que los hacen inutilizables para ubicar la planta”.
“El primero es el terreno de Quebrada Bonita, que, según varios estudios realizados por el AyA, presenta problemas de suelos y elevado riesgo de inundación, además de que se podría afectar condominios cercanos si se hacen obras de mitigación”, argumenta el AyA.
Con respecto al terreno llamado “La Charca” y donado por la Municipalidad de Garabito, aduce el AyA que un estudio del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) confirmó que es un humedal por lo que tampoco puede ser utilizado para el proyecto.
“De los varios terrenos analizados por AyA, el único que presenta condiciones idóneas para la construcción de la planta es el del plano catastrado, cuyo valor administrativo es por ¢2.144.668.514,80”, justifica el Instituto.
Con respecto a si se generarán gastos adicionales por la expropiación, indica que “al haberse rechazado el avalúo administrativo por el propietario registral, la administración debe llevar a cabo un proceso expropiatorio, que como cualquier proceso legal tiene costos inherentes”.
Este medio también preguntó sobre la afectación que tendría en turismo y ambiente, al estar expuesto un tubo de desfogue a la vista, a lo que el AyA respondió que: “La tubería que transportaría el agua residual ya tratada, desde la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) hasta la línea de la costa se instalaría a 1 metro de profundidad en la vía pública y se colocaría en áreas que ya se encuentran intervenidas e impactadas por otras obras de infraestructura, por lo que reiteramos ambientalmente no hay afectación”.
El proyecto tendría una tubería que transporta el agua residual de 300 metros y estará fijada al fondo marino. “El agua tendrá una calidad de vertido que no generaría afectaciones al ambiente ni a los bañistas que hagan uso de la playa”, agrega la oficina de comunicación.
Finalmente, la institución indicó que no hay ninguna otra opción para colocar la zona de desfogue de agua, ya que el único cuerpo de agua que tiene el caudal suficiente, según la legislación nacional, es el Océano Pacífico.