Una parte importante de la flotilla vehicular del Ministerio de Justicia presenta algún tipo de desperfecto mecánico, lo cual hace que se restrinjan y se minimicen los traslados de privados de libertad y funcionarios, comprometiendo la seguridad institucional, según confirmaron en la propia institución.
De acuerdo con la oficina de prensa, son carros que se encuentran en proceso de reparación, a la espera de repuestos, sin embargo esa cartera mantiene una deuda por ¢3,8 millones con Tractomotriz que supuestamente pagaría antes de que finalice este año.
Trascendió que las autoridades de Justicia cuentan con varios contratos con dicha empresa automotriz para el mantenimiento preventivo y correctivo, así como para las plantas eléctricas y, según ellas, no se cancela porque es un acuerdo de pago.
Pareciera que los automotores no reciben el mantenimiento adecuado para su funcionamiento y por cualquier razón, como cambio de rótulas y fibras, los mandan al taller, donde por lo visto no dan abasto.
A esto se suma que en muchas de las ocasiones no hay repuestos, lo que provoca que se queden esperando turno en el taller.
UN MECÁNICO PARA TODO
Actualmente 12 vehículos que están en condición de chatarra y 22 en revisión, según se pudo constatar por medio de fotografías e información obtenida en el sitio.
Por el momento solo trabaja un mecánico porque uno está incapacitado y el otro salió de vacaciones, ya que se halla próximo a pensionarse.
El que quedó tenía periodos acumulados de vacaciones y era necesario que los descontara, sin embargo en ese tiempo dejaron a dos estudiantes haciendo la práctica vocacional. Estos hacían trabajos livianos y eran supervisados por el ingeniero mecánico.
Además colaboran dos funcionarios de oficinas centrales, quienes cuentan con títulos de mecánica general de institutos reconocidos.
DIARIO EXTRA tuvo acceso a dos documentos, los cuales revelan que existe la necesidad de contar con toda la flotilla en buenas condiciones por si se requieren traslados por casos positivos de Covid-19, ante lo cual los funcionarios claman por una solución.
UN ANTECEDENTE
Un autobús institucional fue prestado al Ministerio de Seguridad Pública para trasladar oficiales de la capital a Limón durante los bloqueos del mes pasado, el cual se quedó sin frenos y dejó a un grupo numerosos de policías golpeados y heridos.
Cuando el automotor transitaba por el Zurquí el conductor se percató del desperfecto mecánico y debió recostar la unidad contra un muro y la cuneta mientras descendía.
Diana Posada, viceministra de Gestión Estratégica, amparada en el convenio de préstamo interinstitucional autorizó la salida de la unidad, sin embargo aseguraron que esta no tenía problemas mecánicos porque a inicios de octubre 2020 pasó las pruebas en Riteve.
ESPERA PRESUPUESTO
Entre los funcionarios de Justicia existe incertidumbre sobre si el próximo año contarán con presupuesto para subsanar algunas falencias, en especial la reparación de la docena de automotores que están varados y esperan la compra de repuestos.
Según el vocero de la institución, existe un presupuesto que asciende a ¢40 millones y se incluyó en el presupuesto de mantenimiento para 2021, el cual está en espera de aprobación en la Asamblea Legislativa.
Mientras eso pasa, los vehículos oficiales hacen fila en el taller institucional y otros privados, donde esperan reparaciones.
La flotilla del Ministerio de Justicia supera las 300 unidades, que tienen años esperando en los talleres y al final pasan a formar parte de la chatarra, a pesar de que los problemas mecánicos que presentan son menores.
Trascendió que en La Reforma hay alrededor de 6 carros en mal estado, mientras que en el Centro de Atención Institucional Adulto Mayor, la cárcel de Pococí, la de Limón, la de San Carlos, El Buen Pastor y San Sebastián presentan faltante de vehículos.
