La Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad contra el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones que entró a regir en setiembre.
Humberto Soto, alcalde de Alajuela, y Katherine Ramírez, alcaldesa de Palmares, interpusieron dicho procedimiento al argumentar la existencia de vicios de inconstitucionalidad.
Los líderes municipales dijeron que con la propuesta se pretende impulsar el deterioro de las urbanizaciones porque permite la subdivisión de los lotes en áreas más pequeñas, lo cual aumenta el hacinamiento de personas.
ACCIONES
Soto y Ramírez consideran que eso representa un incremento en la burocracia y en los costos de diversos trámites al sobrecargar y abusar del bolsillo de los costarricenses.
Indicaron que establece más requisitos ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el trámite correspondiente por el uso de suelos en las zonas residenciales y agrícolas.
Argumentaron en la acción de inconstitucionalidad que muchos cantones del país carecen de delimitación sobre los cuadrantes urbanos.
Los recurrentes además expusieron que si se requiere visado del INVU, el usuario deberá pagar ¢40.510,13, más el impuesto al valor agregado (IVA).
Expresaron que los fraccionamientos con fines urbanísticos se encuentran obligados a efectuar cesiones de áreas equipadas al municipio y mejoras a la mitad de la calle en caso de que la municipalidad lo solicite.
EL INVU RESPONDE
Tatiana Mora, vocera del INVU, manifestó que a la fecha aún no les notifican ningún recurso y lo desconocen por el fondo.
No obstante, indicó que cada uno de los argumentos de los alcaldes fue ampliamente superado en la comisión interinstitucional de diálogo y trabajo establecida para dichos efectos.
Dijo que para el proceso de elaboración estuvieron presentes el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Registro Nacional, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el Consejo de Desarrollo Inmobiliario y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), entre otros.
“Este reglamento contó con un proceso de participación extenso, el cual dio inicio en el 2018 con la exposición pública a los diferentes sectores en un evento donde se realizaron mesas de trabajo.
Además se llevaron a cabo reuniones bilaterales y la instauración de la mesa de diálogo y trabajo, con diferentes sectores ya mencionados”, manifestó la vocera del INVU.
ALCALDES OPINAN
• Humberto Soto, Alajuela
“He presentado este recurso de inconstitucionalidad, pues invade las competencias de las municipalidades, es violatorio del orden constitucional. El INVU asume funciones y competencias que no le corresponden y que quiere imponer vía decreto, como si un decreto estuviese por encima de la ley”.
• Katherine Ramírez, Palmares
“En la acción de inconstitucional se consideró que los alcaldes vimos un atropello a la autonomía municipal en la toma de decisiones y ante la necesidad de los pueblos. Palmares es un cantón muy pequeño y, lejos de favorecer al contribuyente y al vecino, se quiere seguir centralizando las acciones”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Miércoles 25 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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