Por segunda vez este año la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Justicia y Paz resolver el problema de hacinamiento que aqueja a los privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio ubicado en El Roble, Puntarenas.
Según detalla el expediente 20-019389-0007-CO, el pasado 6 de noviembre se recibió un recurso de amparo interpuesto a favor de 34 reos de esa prisión y en contra de la Dirección General de Adaptación Social, así como contra el centro penal.
De acuerdo con el documento, la queja de los reclusos radica en que el CAI 26 de Julio cuenta con una capacidad de alojamiento para 526 personas, sin embargo actualmente alberga 997 reos, los cuales están distribuidos en 10 ámbitos de convivencia, lo que significa una sobrepoblación de 471 individuos.
Otra de las preocupaciones manifestadas por reclusos era que esa sobrepoblación ponía en riesgo la salud de cada uno de ellos, esto ante la posibilidad de contagio por Covid-19, pues aseguraron que no contaban con los elementos necesarios para aplicar las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud con el fin de enfrentar la pandemia.
No obstante, consultado al respecto Danilo Mesén Salas, director del centro penal, dijo ante los magistrados que recientemente se acondicionaron nuevos espacios para la permanencia de los nuevos ingresos de personas privadas de libertad y además aseveró que a nivel de higiene los reclusos sí cuentan con los implementos necesarios para la limpieza de los ámbitos, insumos que se reparten dos veces por semana.
SEGUNDA VEZ
De acuerdo con la sentencia, la Sala IV ya había emitido una primera orden por el mismo tema el 29 de abril anterior. En aquel momento resolvió parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus contra el mismo centro penal y ordenó a Fiorella Salazar Rojas, ministra de Justicia y Paz, así como al director de la prisión que en tres meses debían eliminar el hacinamiento.
No obstante, al parecer, la situación no fue resuelta y ahora por segunda vez reciben la orden por parte de los magistrados. Incluso, en la sentencia dictada este mes de noviembre recordaron a la institución la orden que ya se había emitido.
Esta vez las autoridades de Justicia y Paz tendrán 1 año para ejecutar las diligencias necesarias que permitan resolver dicha aglomeración, esto con la construcción de un nuevo centro de atención institucional que permita atender la población penitenciaria que actualmente excede la capacidad.
“Se ordena a Viviana Boza Chacón, directora general a.i. de Adaptación Social, y a Danilo Mesén Salas, director del CAI 26 de Julio, o a quienes en su lugar ocupen los cargos que, de forma inmediata, adopten las medidas necesarias dentro de sus competencias, para eliminar el hacinamiento que aqueja a los privados de libertad, tal como fue ordenado en la sentencia número 2020008215 de las 09:20 horas del 29 de abril de 2020”, señala la sentencia.
DIARIO EXTRA consultó sobre el tema en la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz, donde manifestaron que responderían a nuestras preguntas dentro del plazo establecido por la ley.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Martes 24 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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