El diputado Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional (PIN), impulsa una reforma al impuesto de bienes inmuebles con el fin de ampliar el margen de exoneración de este gravamen.
Según Muñoz, la Ley 509 del 9 de mayo de 1995 no se actualiza desde hace 25 años y, si bien se han aprobado reformas, el legislador insiste en que su aplicación hoy está produciendo injusticia fiscal.
“Tales modificaciones no han tomado en cuenta los muy significativos aumentos que se han dado año con año en Costa Rica, tanto a nivel del costo de vida como en lo que respecta a los precios de los terrenos y las viviendas”, afirmó.
EXONERACIÓN
¿Cómo se aplica este tributo? La ley establece que los inmuebles no sujetos al impuesto serán los “que constituyan un bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base”.
El salario base para el año 2020 es de ¢450.200. Al multiplicarlo por 45, da como resultado ¢20.259.000. Es decir, un bien inmueble valorado en esa suma o menos estaría exonerado de pagar el impuesto.
“Este parámetro de exoneración contrasta frente a lo que cuestan las viviendas de interés social y de clase media hoy en día, cuyos valores resultan abismalmente diferentes a lo que costaban hace más de dos décadas. Con cada año transcurrido, el problema de acceso a la vivienda en Costa Rica ha venido creciendo, lo cual tornó el costo de acceder a la vivienda cada vez más difícil para la mayor parte de la población que se encuentra en los primeros quintiles de medición de ingresos económicos. Esta realidad económica nos lleva a cuestionar la forma de cálculo de 45 salarios base establecida décadas atrás en la ley, como parámetro de definición de bienes no afectos a este impuesto”, enfatizó Muñoz.
SUBIR A ¢45 MILLONES
El diputado cree que, por razones de justicia social y tributaria, tendría que reajustarse la franja de exoneración existente en la ley, para adecuarla a los costos actuales de las viviendas, a fin de proteger primeramente a las viviendas de interés social y también beneficiar en un porcentaje importante a las viviendas de clase media.
La propuesta entonces es subir ese monto a 100 salarios base, de manera que en el escenario actual la exoneración se aplique a viviendas con un valor de ¢45.020.000 o menos.
El proyecto debe iniciar ahora su trámite en la corriente legislativa.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 23 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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