El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sería la entidad encargada de establecer el procedimiento administrativo para hacer cumplir el régimen sancionatorio que llevaría a un diputado a perder su curul por una falta ética.
Así lo establece el proyecto (expediente 21.515) que esta semana avanzó en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El mecanismo de cómo se aplicaría la sanción en un caso particular es algo que aún no está definido y se tendría que establecer en el reglamento si el proyecto es aprobado.
Aunque los diputados presentaron el avance de esta iniciativa como un logro, lo cierto es que sigue siendo una promesa sin cumplir de los legisladores.
Dos años y seis meses después de que llegaron al Congreso, los actuales congresistas continúan sin aprobar la ley que aplicaría sanciones por sus faltas al deber de probidad.
Hay que reconocer que comenzaron con muchos ímpetus cuando en apenas una semana de haber llegado aprobaron la reforma constitucional que avala la pérdida de credencial al diputado que falte a la ética (modificaron el artículo 112 de la Constitución Política).
Pero es necesario una ley que diga el procedimiento para que esa sanción ocurra, deuda que permanece hasta la fecha.
En realidad, la mora para una legislación de este tipo se arrastra desde años atrás. Ya en el 2010 la Sala Constitucional había pedido aplicar una legislación para este tipo de sanciones.
PROMESA DE AVANCE
Tras su dictamen en comisión, ahora la promesa es que pueda ser aprobado en Plenario.
El expediente es de la oficialista Carolina Hidalgo, que precisamente cuando fue presidenta del Congreso prometió que sería Ley de la República, aunque no sucedió.
La iniciativa crea un sistema de sanciones para faltas de diverso grado. Las más graves estarían relacionadas con hechos como aceptar dádivas, utilizar los recursos de su puesto para beneficio personal, gestionar favores indebidos o ejercer influencia indebida sobre funcionarios públicos. La más grave de las sanciones implicaría la pérdida de la curul.
CASOS RECIENTES
En la historia reciente de la Asamblea Legislativa, varios excongresistas hubieran tenido que dejar su curul o recibir otras sanciones, tras señalamientos por faltas a la probidad.
Uno de los casos recordados es de la exdiputada verdiblanca Mauren Ballestero, quien en el 2013 recibió una condena de tres años por peculado por el polémico caso del avionetazo.
La liberacionista, quien en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, usó la avioneta policial matrícula 011 del Ministerio de Seguridad Pública en un viaje de Alajuela a Liberia, Guanacaste. La acompañaban su hija de apellido Chaves, así como su yerno.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y de la Procuraduría, la exlegisladora no hizo uso ilícito de los equipos aéreos de Seguridad Pública una única vez, sino muchas veces, pues un mes antes, el 2 de setiembre de 2009, le pidió a Giannina Del Vecchio, entonces ministra de Seguridad, la aeronave para volar el 5 de setiembre, alegando que debía cubrir a un asunto como diputada.
Asimismo, es el caso del exdiputado del PAC, Víctor Morales Zapata, a quien la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le señaló faltas a su deber de probidad tras aprovechar su posición como legislador para buscar el beneficio del empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños.
Más recientemente está el caso del independiente Jonathan Prendas, quien es investigado por la PEP por un posible delito de enriquecimiento ilícito luego de un viaje que hizo a España y que costeó un empresario.
LEGISLADORAS OPINAN
Carolina Hidalgo
PAC
“El proyecto de ley es un paso esencial para el efectivo cumplimiento de la Reforma Constitucional del año 2018. Cualquier persona que ocupe una curul debe desempeñarse con la mayor rectitud, transparencia, ética, lealtad y autonomía. De lo contrario, cualquier menoscabo a sus responsabilidades implica un debilitamiento para nuestro sistema democrático y mayor desconfianza por parte de la ciudadanía”.
Franggi Nicolás
PLN
“Durante mucho tiempo esta Asamblea les ha debido a los ciudadanos una ley que permita no solo una sana rendición de cuentas de los diputados, sino que también un régimen sancionatorio que incluso permita quitarles las credenciales a quienes cometan actos graves o ilegales durante su gestión. Por años, la aprobación de este tema se postergó, por eso hoy celebro como diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el paso histórico que hemos dado al dictaminarlo afirmativamente, para que pronto este régimen disciplinario llegue finalmente a ser ley de la República”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Sábado 21 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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