Los afectados por el caso Aldesa sienten que el Ministerio Público ha avanzado poco en las pesquisas para sentar responsabilidades por el impago de más de $200 millones en inversiones.
Gonzalo Meza, asesor legal de la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas, concedió una entrevista a DIARIO EXTRA, en la que señala cómo ha pasado ya casi año y medio sin que se vean acciones concretas.
Contó que el expediente va por 4 mil folios y hay decenas de personas que se han sumado a la causa penal, cuyo delito deberá calificar la Fiscalía, pero probablemente sea administración fraudulenta.
“Existe una lentitud por parte del Ministerio Público. El asunto conlleva un perjuicio económico enorme, estamos hablando de unos $10 millones que las asociaciones colocaron en inversiones de Aldesa. Lo que buscamos es resarcir el daño, en uno de los casos el cheque salió a nombre del Puesto de Bolsa y terminó en Aldesa Corporación de Inversiones, ¿cómo pudo pasar eso?”, subrayó Meza.
En cuanto a la afectación, contó que algunas solidaristas se quedaron sin posibilidad de entregar excedentes entre los años 2018 y 2019, mientras que otras perdieron capital, es decir el ahorro de los trabajadores, y hasta ahora nadie ha respondido por eso.
SUPERINTENDENCIA GUARDÓ SILENCIO
El abogado de las solidaristas también cuestionó cómo, existiendo mecanismos de control, pudo pasar esto. Se refirió propiamente a lo que calificó como el “silencio” de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
“Tenemos un caso en que se puso al presidente de una asociación solidaristas a firmar un documento de liberación de responsabilidades. Nunca se actuó en protección del inversionista. Cuestionamos a los entes de supervisión, que no hacen su papel y nunca llegan a tiempo. ¿Entonces para qué las superintendencias?”, dijo.
Meza destacó que los inversionistas se sienten engañados y que todavía no comprende cómo el dinero paró en manos de entidades no reguladas.
“Lo que Javier Chaves (presidente de Aldesa Corporación de Inversiones), dijo a las asociaciones es que no estaba sucediendo nada y que era un tema político, hasta que empiezan a presentarse las denuncias formales”, comentó.
La Fiscalía Especializada indicó, ante una consulta de El Periódico de Más Venta en Costa Rica, que la causa 19-000157-1220-PE avanza en investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba. Actualmente, se está a la espera de recibir un peritaje realizado por la Sección de Delitos Económicos e Información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Dado que este expediente permanece en una fase que es privada, no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal.
Otra de las causas la maneja la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, cuyo estado no se pudo conocer al cierre de edición.
A LA ESPERA DE UNA NUEVA ASAMBLEA
Meza crítica que, en materia del juzgado procesal, no se hubiera publicado aún el nombre del curador de manera formal para que se pueda convocar a la Asamblea de Acreedores, que a su criterio sería la última carta a jugar por Aldesa antes de la quiebra.
Es justamente en esta reunión en donde los acreedores definirían cuál será el futuro de la empresa. La promesa de Chaves se pagar en un plazo máximo de ocho años, lo que no es bien visto por algunos inversionistas.
El caso Aldesa salió a la luz pública en marzo de 2019 cuando trascendió que Chaves, reconocido empresario y desarrollador inmobiliario, casado con Edna Camacho, para ese momento ministra de Coordinación Económica, había sido acusado de estafa.
A partir de ahí, comenzó el camino tortuoso para 600 inversionistas, quien hasta el día de hoy no ven una salida. La deuda de Aldesa con estas personas y empresas supera los $200 millones.
El Grupo Aldesa estaba constituido por varias entidades, incluyendo un puesto de bolsa, la corporación de inversiones y la sociedad de fondos de inversión. Eso hace que, si se remata una finca, pierdan todos, independientemente de con quién hicieron la inversión.
Aparte del proceso penal, está en curso un Convenio Preventivo de Acreedores, solicitado por Aldesa Corporación de Inversiones, que implica emitir un nuevo informe sobre la situación del grupo económico. Una vez que eso ocurra, los acreedores tendrán la última palabra.
• David Quesada, Afectado
“A todos los asociados del grupo estamos pidiendo que voten en contra del convenio preventivo de acreedores. Este le da de cinco a ocho años a Aldesa para pagar e impide que Javier Chaves vaya a la cárcel. Ese convenio está diseñado para proteger a Chaves, no a los acreedores”.
• Flora Fernández, Afectada
“El Ministerio Público no ha hecho nada. Cada día que pasa, alguna propiedad se remata o pierde valor. Para mí, Aldesa está jugando con el sistema. La cárcel se hizo para los pobres. ¿Quién nos puede defender?, Emilia Navas no”.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: David Barrantes
EMAIL: [email protected]
Sábado 21 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA