Tras recibir el aval de la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) finiquitó esta semana que se continúe el proceso de adjudicación de la licitación pública 2019-LN000007-0007100001 en que se pretende comprar 6.000 armas de fuego al consorcio Inglesini y Compañía S.A., y Electromecánica Pablo Murillo S.A., por más de ¢4 mil millones.
La disposición la dio a conocer mediante un documento con su firma digital emitido el lunes 16 de noviembre, del cual DIARIO EXTRA tiene copia.
En un dictamen emitido por la CGR se concluye que en dicho proceso de adjudicación no existe ningún vicio evidente o manifiesto, lo que impide la declaratoria de nulidad del derecho subjetivo en vía administrativa.
PROCESOS
Hay que recordar que el 19 de marzo de 2020 un grupo técnico, elegido por la Subdirección General de Fuerza Pública y la Asesoría Jurídica del MSP, avaló que el consorcio fuera el proveedor de esas 6.000 armas de fuego.
Cabe destacar que la primera empresa le pertenece al empresario Aldo Inglesini Zeledón, quien es yerno de Antonio Álvarez Desanti, político y excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Tras dos meses de haberse aprobado dicha adjudicación el director de Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, solicitó una investigación por aparentes irregularidades en uno de los requisitos de admisibilidad.
Lo anterior se debió a que se detectó que uno de los requisitos en la licitación presentada por el consorcio, específicamente la certificación del Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia en Estados Unidos, no correspondía al arma ofertada, una Sig Sauer modelo P320-Tipo M17, sino más bien a la pistola Sig Sauer modelo 320F-9-BSS.
Incluso, ante las dudas surgidas, Calderón envió un oficio al NIJ donde le respondieron que el arma de fuego Sig Sauer modelo P320 M17 no cuenta con la certificación correspondiente. Fue a raíz de esto que se suspendió el proceso de compra de armas y se inició un procedimiento administrativo.
INFORME CGR
Según se menciona en el documento, de conformidad con el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública, la institución inició el procedimiento ordinario 732-2020 con que se buscaba determinar la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación.
Para esto remitieron las diligencias respectivas a la CGR para que ahí analizaran el expediente de la licitación y con base a esa revisión rindieran un dictamen legal.
“Mediante el oficio número DJ-1653-2020 del 9 de noviembre de 2020 emitido por la División Jurídica de la CGR se dispuso que no existe un vicio que pueda ser calificado como evidente y manifiesto, lo cual impide la eventual declaratoria de nulidad del derecho subjetivo que nos ocupa en vía administrativa y en ese tanto no se otorga el dictamen favorable solicitado dejando a criterio de la administración si las armas en cuestión cumplen o no cabalmente con las exigencias cartelarias”, detalla el escrito.
Ante ese escenario, el texto también menciona que la Dirección General de Armamento del MSP realizó un estudio técnico firmado por Bill Dimitri Solís Porras, director general, y en que se determinó que, pese a que no presentó la certificación del NIJ, el consorcio adjuntó documentos que demuestran que “el arma ofertada por este ha superado, desde el punto de vista técnico, pruebas ampliamente superiores a las establecidas en la norma NIJ Standard-0112.03 Revisión A”.
Asimismo, se puede leer que la Asesoría Jurídica emitió un criterio en que manifestó que por su parte tampoco existen elementos para establecer una posible nulidad.
“Es posición de esta Asesoría Jurídica que no existe mérito de legalidad ni de oportunidad para que se declare la nulidad absoluta del acto de adjudicación que nos ocupa, por lo que resulta procedente que se continúe con los trámites de la contratación administrativa de marras, en el mismo estado en que se encontraba hasta antes del dictado de la medida cautelar en sede administrativa”, añade.
Debido a lo anterior, se resolvió en primer lugar declarar sin lugar el procedimiento ordinario 732-2020, en segundo archivar definitivamente las presentes diligencias y tercero dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión de los efectos de la contratación administrativa, por lo cual se debe continuar las diligencias.
DESESTIMACIÓN
Por otra parte, a raíz de la denuncia hecha por el director de Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, en el Ministerio Público se recibieron dos denuncias en que se solicitó investigar todo el proceso de adjudicación.
Una de ellas la interpuso el propio viceministro de Seguridad Pública, Randall Vega, quien el 8 de junio anterior acudió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Ahí entregó un CD con la copia del expediente electrónico de la contratación 2019-LN000007-0007100001 sobre la compra de las armas de fuego.
Sobre esta en el Ministerio Público detallaron que al parecer aún no se le había dado un número de causa porque la última información brindada es que se estaba analizando la denuncia y el material recibido.
La segunda denuncia es la del expediente 20-1136-0175-PE, la cual fue recibida por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José con la solicitud de investigar una supuesta irregularidad ocurrida durante el proceso de licitación mencionado.
Esta última se tramitaba contra ignorado, es decir no había personas imputadas individualizadas y tampoco se tenía tipificado el tipo de delito.
Sin embargo, según supo El Periódico del Pueblo, el 10 de julio el Ministerio Público solicitó mediante un documento la desestimación de 38 causas, entre ellas el expediente 20-1136-0175-PE.
DIARIO EXTRA consultó sobre este tema en la oficina de prensa de la Fiscalía, sin embargo al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
MILLONADA
Al publicar la licitación el MSP informó que requería comprar pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros mediante el Sicop y bajo la modalidad de ejecución según demanda.
El costo por arma se estableció en ¢737.718,91 por un plazo de cuatro años, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.
Además, la proyección de consumo establecida como referencia durante ese periodo es de 6.000 armas, por lo cual el monto de presupuesto estimado sería de ¢4.426.313.460.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Miércoles 18 Noviembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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