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Opinión

Enhorabuena el freno a los abusos

Editorial

 

 

 

Las convenciones colectivas son un reflejo histórico de los fuertes abusos de algunas instituciones del Estado y en muchas ocasiones generan molestia aquellos privilegios adquiridos por la población beneficiada.
Sin embargo, ya es hora de que estén metiendo tijera en algunas de ellas porque sinceramente el país no da para pagarles tanto.
Ejemplo de ello es la convención colectiva de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico (Japdeva), en la que la Sala IV declaró inconstitucionales varios artículos de dicho documento, específicamente la cesantía y el otorgamiento de días libres por el fallecimiento de nieto y abuelos.
También está pago de horas extra y bonificaciones a colaboradores que en lugar de trabajar procedían a funciones de carácter sindical.
Citamos más ejemplos: los permisos con goce de salario al delegado sindical, los cursos y seminarios, los beneficios de permisos, el subsidio por defunción y los beneficios por aparatos ortopédicos.
Todo lo anterior deberá eliminarse
Mientras que los funcionarios públicos se cobijan con esos principios y gozan de ciertas preferencias, otros sectores de la sociedad deben raspar la olla si acaso para que les alcance la quincena.
Vemos otro caso: el de la convención colectiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), donde se eliminó la subvención de ¢100.000 por casarse o tener hijos luego de que la Sala Constitucional se pronunciara al respecto.
Dicha acción estaba contemplada en el artículo 124 de la convención colectiva y la Sala IV decidió anularla en su totalidad, según consta en la resolución.
Con respecto al pago de la cesantía quedó establecido en 12 años como máximo, de acuerdo con el documento.
Aquí no se trata de poner en guerra al sector público con el privado, sino que si se nos piden esfuerzos por contener el gasto deberían empezar por frenar esos abusos.
Se trata de contrarrestar las desigualdades y reducir las brechas existentes entre lo público y lo privado.
Las autoridades se tardaron mucho en meter tijera para dicha contención y no deberían estar pensando tanto en golpear a la clase trabajadora con más impuestos.
Pero vea que aún resulta insuficiente, puesto que es la Sala Constitucional quien debe actuar y corregir esas injusticias que se van clarificando con el paso del tiempo.
El máximo Tribunal les está recordando al Poder Ejecutivo y a las instituciones autónomas, en este caso los bancos, que quien tiene la última palabra es él.
Es cierto que aún faltan mecanismos por hacer, sin embargo con pequeños esfuerzos como estos podemos llegar a alcanzar a socarnos la faja. Es responsabilidad de todos velar por cada colón que se invierta en el país.
Esperamos que estos fallos recientes de la Sala sienten un precedente y las instituciones procedan a estudiar responsablemente cada uno de los elementos que la componen.

 

 

 

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Miércoles 28 Octubre, 2020

HORA: 12:00 AM

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