Dentro de muy poco, aquellos vehículos decomisados por las autoridades y no reclamados en un plazo de tres meses pasarán a manos del Estado.
Los diputados aprobaron este martes en segundo debate el expediente 21.641, que modifica los artículos 155 y 156 de la Ley de Tránsito. La aprobación contó con 47 votos a favor.
Dicho proyecto, que una vez firmado por la Presidencia se convertirá en ley, busca reducir el hacinamiento en los planteles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), los cuales están repletos de automotores que sus propietarios no reclaman.
Incluso, algunos de estos bienes terminan convertidos en chatarra ante la imposibilidad de sus dueños de pagar las respectivas multas. También sucede que muchos simplemente se desinteresan del vehículo al conocer el total adeudado por infracciones.
Vale indicar que el proyecto de ley señala que, pasados tres meses sin que el interesado se apersone a reclamar su carro, el Cosevi otorgará 10 hábiles, que contarán a partir de la publicación en su página web, para que los acreedores prendarios o con justo título que comprueben la exigencia de alguna obligación vencida se presenten a cancelar todas las obligaciones.
Transcurrido este plazo sin que nadie se apersone, las autoridades dispondrán del bien de conformidad con la normativa vigente.
Además, en el caso de los automotores que posean anotaciones de índole judicial, el Estado no podrá disponer de ellos hasta que no exista una decisión judicial que las levante.
PLANTELES SATURADOS
Según la investigación de los diputados proponentes, entre ellos Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana, tan solo en los depósitos del Cosevi hay 1.454 carros y 17.483 motos.
Lo mismo sucede en los planteles de las delegaciones de la Policía de Tránsito a nivel nacional; es decir, las regiones Metropolitana, Atlántica, Brunca, Chorotega, Huetar y Pacífico Central, donde se reportan 1.764 carros y 6.640 motos.
En los depósitos de la Policía de Tránsito hay a nivel nacional 2.028 carros y 10.240 motos, muchos de estos ya son chatarra.
“La sumatoria final de la cantidad de vehículos involucrada alcanza los casi 40 mil automotores, a los que se debe sumar una importante cantidad que se encuentra en inmuebles de cantones que cuentan con Policía de Tránsito Municipal.
Los esfuerzos para disponer de esos vehículos no han representado desidia de las autoridades involucradas, sino que el marco legal actual que debe seguirse en poco o nada favorece para la acción, al punto que incluso los eventuales beneficiarios en el sistema de donaciones también ven truncada esa posibilidad por lo engorroso del sistema, llevando a que cuando se hace efectiva la donación, el producto de la misma es mínimo por la gestión que debe hacerse de los vehículos”, se lee en el proyecto.
A ese hacinamiento se suma que anualmente el Cosevi incurre en un gasto de aproximadamente ¢1.091 millones destinados al mantenimiento y alquiler de inmuebles para la custodia de los automotores.
CORTE DIO LUZ VERDE
El segundo debate no requería mayoría calificada (más de 38 votos) debido a que los magistrados de la Corte Plena habían concluido que la iniciativa no afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial.
A principios de junio del 2020, la magistrada de la Sala I, Iris Rocío Rojas Aguilar, encargada del informe, consideró que la iniciativa no afecta el funcionamiento de la Corte, a pesar de que la Dirección Jurídica de la institución sí lo consideraba.
La jueza aprovechó para indicar que la Dirección Jurídica no aclaró el porqué de su postura.
Rojas resaltó que al tratarse de una tarea administrativa del MOPT, considera correcto que haya reglas claras para que el Cosevi pueda proceder, en caso de impago, a asumir el automotor.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Miércoles 28 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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