Gobernabilidad, Estado y finanzas

Gerardo Castillo Martínez

La gobernabilidad es la capacidad que tiene el Estado para detectar, diagnosticar, atender y dar respuestas acertadas a las demandas políticas, sociales, culturales y económicas de los diferentes sectores de la sociedad, con el fin de gestionar eficaz y oportunamente el clamor de estos y continuar siendo legítimo ante la nación.
En las manifestaciones ilegales y violentas suscitadas hace poco en nuestro país, en la que al aparecer solo se oyeron las voces que más se alzaron para protestar en contra de la potencial negociación del Gobierno con el FMI, participaron también personas de sectores económicos pauperizados de las zonas rurales, provenientes de áreas agropecuarias, pesqueras, comerciales y de servicios, que aprovecharon esos bloqueos para manifestarse por el abandono que han sido objeto, descontento que se viene acumulando desde décadas y que ha sido transversal en varias administraciones gubernamentales.
De acuerdo con esa definición, y relacionándola con la postergada solución de los problemas estructurales que acusan esos sectores económicos rurales, que son de antigua data, la conclusión que se extrae es que el Estado ha fallado en la obligada gobernanza de grandes colectivos de población periféricos del país.
Un país no es gobernable porque se escoja, en las urnas, a un/una presidente/a de la República que tenga atestados que le califiquen para esa responsabilidad, o que reúna a su alrededor un equipo que asesorará correctamente y manejará con pericia la cosa pública, o que el partido al que representa tenga una cantidad de diputados y diputadas suficientes para aprobar leyes de interés del Gobierno.
Un país será gobernable cuando todo el Estado, a saber, los aparatos públicos (los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, más el TSE) además de los partidos políticos y otras organizaciones, hagan una profunda y sistemática lectura de lo que está pasando en la sociedad, para luego compararlo con el nivel de adaptabilidad funcional de las diferentes instituciones públicas llamadas a recibir, procesar y resolver las disímiles demandas de la sociedad, con miras a hacer correctivos organizacionales y legales en caso de desfase entre ese diagnóstico y la eficacia de la labor gubernamental. Sin embargo, los reclamos sociales que se formulan a la actual administración no nacieron hoy, sino que son el resultado agregado de lo que no se hizo en otros gobiernos.
De tal guisa que en la difícil situación financiera en que se halla el Gobierno de cara a las eventuales negociaciones con el FMI para conseguir el préstamo de $1.750 millones con los cuales bajar el déficit fiscal y reemprender la senda económica, para cuya viabilidad debe tomar en cuenta la satisfacción realista de demandas varias que sectores diferentes plantearán al Gobierno en el nuevo foro que éste convocará, amén de las de sectores económicos rurales empobrecidos que están siendo atendidas en las Mesas Territoriales.
Es fundamental no perder de vista que el espacio de concertación al que está invitando el Gobierno para que se consensue una respuesta social que haga viable políticamente el plan que se le presentará al FMI, es para conjurar la amenaza que significa la grave emergencia fiscal (en la que los gastos, en particular el servicio de la deuda pública, supera con creces a los ingresos, decrecidos sustancialmente por la recesión económica producto de la pandemia), y no para visionar el Estado que queremos, análisis que implicará meses, sino años, por la complejidad político-social y jurídica que comporta tal ejercicio.
El Gobierno tiene tiempo hasta marzo de 2021 para oficializar el plan al FMI que sea respaldado socialmente, o, en su defecto, el que obligadamente tendrá que hacer unilateralmente con el concurso ideal de la mayoría de diputados y diputadas para la respectiva aprobación de las leyes que lo sustenten en el evento que no haya el necesario apoyo social, so pena de no recibir el financiamiento internacional dicho con todas las secuelas negativas en la estabilidad macroeconómica del país y en la imagen empañada que dejará ante la banca mundial y las calificadoras de riesgo, creándole serias dificultades para acceder a más empréstitos y a atraer nuevas inversiones externas.

*Politólogo

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Lunes 26 Octubre, 2020

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Gerardo Castillo Martínez*