Los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia acordaron mediante votación en sesión extraordinaria este viernes acoger la solicitud del Ministerio de Hacienda y aplicar un nuevo rebajo al presupuesto del Poder Judicial por más de ¢5.534 millones.
La solicitud la hizo de forma verbal el ministro de Hacienda, Elián Villegas, al presidente de la Corte, Fernando Cruz, tras el compromiso que se adquirió con las fracciones de oposición para recortar ¢150.000 millones más del presupuesto nacional 2021.
Los magistrados establecieron cuatro opciones para votar. Una donde se acogía la rebaja propuesta por Hacienda, otra donde solo se aprobaba rebajar ¢1.500 millones de las anualidades (luego de que la Asamblea aprobara una ley que eliminó este plus para los próximos 2 años), otra que excluía de la rebaja un rubro de servicios médicos y laboratorios, y la última en rechazar la rebaja.
Roxana Chacón, jueza de la Sala II, abogó por la opción de solo devolver a Hacienda los ¢1.500 millones de las anualidades.
Insistió en que el Poder Judicial hizo un presupuesto apegado a la regla fiscal, donde se recortaron más de ¢12.000 millones, pero que al Poder Judicial no le sobra ninguna partida.
“No podemos ceder más allá, el impacto de la pandemia ha generado gastos no estimados”, indicó.
Tras la discusión de la propuesta, 10 magistrados votaron a favor del recorte, mientras que 6 se decidieron por otras alternativas presentadas en la mesa.
REBAJA EQUILIBRADA
La propuesta de reducción de los recursos judiciales para 2021 la expuso la directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.
De acuerdo con Valverde, se emprendió una labor de reducción genérica y proporcional en la mayoría de las partidas que ronda entre el 1%, 1,5% y 2%, con el fin de que la reducción sea proporcional a todas las oficinas judiciales y con ello tratar de disminuir el impacto en la afectación del servicio.
Se contemplan recortes en subpartidas de tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, compensación de vacaciones y dietas de forma proporcional que tienen referencia a la partida de remuneraciones.
Además se incorporan los ¢1.500 millones en aplicación a la ley recientemente aprobada para el no pago de anualidades.
A esto se suma la reducción global a partidas sobre servicios básicos, servicios médicos, farmacéuticos y consultorías, a la subpartida de desarrollo de sistemas y servicios generales, viáticos al interior del país.
En el caso del recorte en viáticos al exterior del país se aplicaría únicamente en el ámbito jurisdiccional y administrativo para no afectar la labor propia del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Defensa Pública.
El magistrado presidente Fernando Cruz dio por aprobado el acuerdo, luego de reflexionar que el control presupuestario tiene deficiencias y deja a un órgano como el Poder Judicial sin la posibilidad de plantear objeciones.
“El análisis partida por partida nos lleva a emprender nuevos recortes y llegar al mínimo del mínimo para evitar el cierre técnico, postergar necesidades y políticas para un mejor momento.
Ha sido muy difícil este ejercicio técnico y comprendemos el contexto que vive el país, considerando que el presupuesto del Poder Judicial no llega a representar el 5% del total del gasto del Estado”, explicó el jerarca judicial.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 24 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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