Tras una denuncia anónima interpuesta contra el presidente Carlos Alvarado; Steven González Cortés, ministro a.i. de Educación Pública; y Geannina Dinarte Romero, ministra de Trabajo y Seguridad Social; la Fiscalía General confirmó este vienes a DIARIO EXTRA que abrió una nueva causa penal contra el mandatario.
“De acuerdo con su consulta, la Fiscalía General de la República confirmó que, tras analizar la denuncia relacionada con la firma de la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública, determinó abrir una investigación. En la causa figuran como denunciados los señores Alvarado Quesada, Dinarte Romero y González Cortés, a quienes se les investigará por el presunto delito de incumplimiento de deberes”, respondió la oficina de prensa del Ministerio Público.
PERDÓN DE DEUDA
La denuncia en poder del Periódico del Pueblo, explica que, en la negociación de la convención colectiva entre el MEP, gobierno y los sindicatos de educación, que se firmó el pasado 16 de octubre en Casa Presidencial, se incluye en el artículo 38 una condonación de deudas a los funcionarios que recibieron dineros de más por diferencias generadas en el cálculo al pasar de forma porcentual a nominal de incentivos que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esto produjo fallas técnicas en el Sistema Integra Dos, que usa este ministerio para pagar las remuneraciones a los docentes.
El artículo señalado dice textualmente lo siguiente: “Irretroactividad de la nominalización Las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual e incentivos de naturaleza nominal, ocurridas con motivo de la falta de adaptación en tiempo y condiciones técnicas del Sistema Integra Dos, a las disposiciones y plazos presentes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9635, no serán atribuibles, ni imputable su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente, no se considerarán sumas giradas de más”.
“Lo anterior implica una condonación de deuda por cerca de ¢28.000 millones que fueron girados de más a los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y que no serán reintegrados a la Hacienda Pública. Entre las funciones del presidente de la República, Ministro de Educación Pública y Ministra de Trabajo y Seguridad Social, no se encuentran las funciones de condonación de deudas. Lo anterior podría constituir un posible delito de abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de deberes, prevaricato y peculado”, señala la denuncia.
SIGUE SUMANDO
Con este nuevo expediente judicial, Alvarado suma ya siete causas abiertas en Fiscalía en su contra.
En total son seis presuntos delitos que se le atribuyen: incumplimiento de deberes, prevaricato, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, todos aún bajo investigación (ver recuadro).
La primera denuncia tiene que ver con un decreto que Alvarado firmó en febrero del 2019 para otorgar un aparente permiso de explotación minera en el río Brasil de Sardinal, en Carrillo, Guanacaste.
Otra causa lo involucra con el llamado hueco fiscal por ¢900.000 millones que se produjo en la administración Solís-Rivera.
Se le investiga además por el acuerdo que suscribió el gobierno con los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en febrero del 2019 para terminar con la huelga.
También por las negociaciones en la ampliación del muelle de Caldera.
La creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) es el caso que más ha golpeado la credibilidad del mandatario, ya que incluso llevó a un allanamiento histórico por parte de la Fiscalía General en Casa Presidencial.
También por el viaje que realizó en helicóptero a Punta Islita, Guanacaste, con su familia.
¿NO SABÍA?
El presidente no se ha referido sobre esta nueva denuncia en su contra, pero el que sí se refirió sobre los acuerdos de la convención con el MEP fue el ministro de Hacienda, Elián Villegas, quien dijo que desconocía de la negociación y que se enteró por la prensa.
La diputada liberacionista Yorleny León, recordó que es la tercera vez que el presidente Alvarado le zafa la tabla a los ministros de Hacienda.
“Pensar que ¢28.000 millones se dejen pasar sin discutir con el ministro del ramo, es algo impensable, me parece una grosería del presidente y son los típicos juegos de Carlos Alvarado para con los costarricenses y los mismos jerarcas”, indicó.
¿Qué dice el Código Penal?
Artículo 339 - Incumplimiento de deberes en la función pública: Sera reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando está obligado a hacerlo.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Sábado 24 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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