El Gobierno costarricense obstruye la información pública. Esa es la principal conclusión del Informe Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dado a conocer justamente ayer en la asamblea de dicho órgano que concentra a más de 1.300 publicaciones impresas, así como cientos de medios de comunicación por internet y redes sociales.
El documento, que es de acceso público a nivel mundial, destaca que durante los últimos seis meses, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, las autoridades del Poder Ejecutivo y otras dependencias estatales han vulnerado la labor de los profesionales en comunicación y limitado el acceso a los datos públicos.
El informe fue dado a conocer por la gerente general del Grupo Extra, Iary Gómez, vicepresidenta país de la Sociedad Interamericana.
Además, destaca el informe de la SIP el ataque a varios periodistas por parte de manifestantes en las protestas acontecidas durante las recientes semanas.
Los hechos dados a conocer por el organismo internacional sobre Costa Rica evidencian una cadena de desaciertos que lesionan la libertad de expresión y prensa, pero a su vez violentan el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados.
A continuación, un extracto de las acciones que fueron valoradas y aprobadas por la SIP de cara a la situación país:
SECRETISMO EN BONOS PROTEGER
El 12 de mayo DIARIO EXTRA recurrió a la Sala Constitucional para interponer un recurso de amparo contra Carlos Alvarado, presidente de la República; Geannina Dinarte, ministra de Trabajo; y José Luis Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, por ocultar las listas de los ciudadanos beneficiarios del bono Proteger, subsidios dados por el Gobierno debido a la pandemia.
CENSURA EN LA CAJA
El 29 de mayo la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió una circular recordándoles a los directores de hospitales públicos quiénes podían hablar y lo que debían decir a los medios de comunicación. Dicha acción habría surgido luego de que el personal médico informó que los insumos de protección entregados a los trabajadores eran defectuosos. La Fiscalía General de la República y el Congreso investigan la compra de esos insumos, tras las denuncias de los medios periodísticos.
CENSURA VELADA DESDE AYA
En junio Yamileth Astorga, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), solicitó a los sindicatos de la institución no comunicarse con DIARIO EXTRA ni con el portal CRHoy debido a los cuestionamientos por la ejecución presupuestaria y los manejos en la facturación. Los medios y varios ciudadanos interpusieron recursos de amparo ante la Sala Constitucional, argumentando que Astorga promueve la censura y el ocultamiento de información.
CONDENA CONTRA PRESIDENTA EJECUTIVA
En agosto el alto tribunal constitucional resolvió uno de los amparos y condenó a Astorga de forma unánime. Los magistrados concluyeron que el "llamado a no alimentar a medios" reviste una particular gravedad, en especial por el rango jerárquico de Astorga, y en la práctica se convierte en una especie de censura velada.
CASTIGO GUBERNAMENTAL
Alegando instrucciones del Gobierno Central, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dio la orden a sus dependencias de no comprar más DIARIO EXTRA. El MTSS envió el oficio DGAF-OF-383-2020 al Grupo Extra, notificando que se cancelarían las suscripciones. La medida se habría adoptado después del amparo interpuesto contra Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, por negarse a entregar los datos de los beneficiarios del subsidio bono Proteger.
SECUESTRO DE DATOS
El 16 de julio DIARIO EXTRA interpuso un recurso de amparo contra el presidente Alvarado, el ministro de Salud, Daniel Salas, y el ministro de Comunicación, Agustín Castro, por secuestro de información pública. El Colegio de Periodistas de Costa Rica se sumó con una coadyuvancia al recurso bajo el expediente 20-012614-000, así como Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, quien adujo que la conducta del Gobierno atenta contra los ciudadanos en tiempos de crisis.
CONDENA A MINISTRO DE SALUD
El 31 de julio la Sala Constitucional condenó al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, por negar información relacionada con datos del Covid-19. El máximo tribunal declaró con lugar el expediente 20-011445-0007-CO que interpusieron contra el jerarca los comunicadores David Antonio Bolaños, Édgar Chavarría Hernández e Hilda Miranda Picado, representantes del medio Interferencia de Radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR). A criterio de la Sala IV, no existe ninguna justificación válida para denegar o condicionar la entrega de información, ni siquiera en el contexto actual de la pandemia.
AGRESIÓN A PERIODISTAS
Los periodistas Óscar Ulloa Rojas y Luis Pablo Campos Salas fueron humillados en televisión nacional durante una conferencia de prensa por un personero de Casa Presidencial cuando repreguntaban a los miembros del gabinete sobre temas medulares. El presidente Alvarado calificó a los medios de comunicación en cadena nacional de "insulsos", pues le hacían múltiples cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia.
Periodistas de Canal 7, Noticias Repretel y La Nación recibieron ataques verbales y amenazas por parte de grupos y organizaciones durante las protestas contra el gobierno por nuevos impuestos. Miembros de la Fuerza Pública custodiaron las instalaciones de Teletica después de que un grupo de manifestantes llegara frente a sus instalaciones para cuestionar su línea editorial y cercanía con el gobierno de Alvarado.
CONSIDERACIONES
La SIP tras conocer los hechos anteriores resolvió: “Considerando que en Costa Rica las autoridades han utilizado la pandemia como excusa para limitar el acceso a la información de los ciudadanos y los medios de comunicación se resuelve censurar las restricciones que los gobiernos han impuesto durante los estados de excepción al acceso a la información y rechazar la falta de transparencia que lesiona el derecho a la libertad de expresión y la democracia”.
JERARCAS LO DIJERON
nCatalina Crespo
Defensora de los Habitantes
“La libertad de prensa es un derecho y me preocupa mucho lo que dice la SIP, donde enumera varios acontecimientos que forman un patrón. La resolución pone a países como Costa Rica que han utilizado la excusa de la pandemia para limitar la información y eso es preocupante. Esa libertad de prensa está correlacionada con una democracia fuerte y que defiende los derechos humanos. Creo que es un llamado de atención al país para decir qué es lo que pasa y como defensora me preocupa que esos patrones estén debilitando la democracia”.
nIary Gómez
Gerente general Grupo Extra
“Un año más dando un informe sobre la libertad de expresión del país al cual represento orgullosamente como toda costarricense y defendiendo la libertad de prensa y de opinión. En este último reporte del año 2020 se tocaron puntos muy concretos sobre lo que nos ha venido sucediendo a los medios de comunicación en Costa Rica con este gobierno. Casos como la restricción del derecho de documentos públicos, que tienen que ver con fondos públicos y denuncias que afectan al sector en general. Está el caso del recurso de amparo interpuesto por un ciudadano a la presidenta del AyA por el mal uso de los recursos y por lo cual la jerarca manifestó en un acta pública que a la prensa no tenían por qué darle información, tanto al medio electrónico CRHoy como a nosotros DIARIO EXTRA.
Otro caso que tocamos fue la falta de respeto del Presidente al decirnos que los periodistas hacemos preguntas insulsas solo porque no le gusta lo que preguntamos. Un tercer caso fue el recurso que interpusimos varios medios de comunicación contra el ministro de Salud y la ministra de Trabajo por no dar los datos del bono Proteger. Luego mencionamos los ataques que tuvieron La Nación, canales 7 y 6 por parte de varios manifestantes.
Para concluir lo que dejamos claro es que los ministros y presidentes ejecutivos cada día más niegan la información pública de muchas maneras. Sin una Sala Constitucional clara y objetiva este país ya estaría como Venezuela, Cuba o Nicaragua donde la prensa es atacada físicamente con muertes y prohibiciones a documentos públicos y peor a la no posibilidad de la información”.
Silvia Ulloa
Directora CRHoy
“El irrespeto y la agresión de los funcionarios de este gobierno hacia la prensa es sistemático. Se escudan en leguleyadas para no dar entrevistas y utilizan los departamentos de comunicación como escudo para no responder o dar respuestas a medias. Afortunadamente la Sala Constitucional resguarda los derechos de los periodistas y respalda el ejercicio libre de la profesión”.
Hulda Miranda
Coordinadora de Interferencia de la UCR
"Esperamos que cuando el país deba afrontar otras situaciones de emergencia, tanto el fallo de la Sala Constitucional como el respaldo internacional que nos da la SIP con esta resolución, sirvan de base para que ninguna autoridad intente limitar el ejercicio a la libertad de prensa con la excusa de que se encuentran muy ocupados. El acceso a la información es un derecho humano, que debe ser garantizado en cualquier circunstancia e incluso más cuando la vida de las personas está en riesgo".
Gilberto Valencia
Gerente de Noticias TeleDiario Canal 8
“Lo que sucedió con nuestro periodista Luis Pablo Campos en Casa Presidencial fue lamentable, un hecho que debe quedar en la historia del periodismo nacional como un error que nunca debe repetirse en un país que se ufana en ser defensor de los derechos humanos y por ende de la libertad de expresión. Los gobernantes y quienes colaboran con ellos en la difusión de información deben comprender que si se llama a una conferencia de prensa hay que aceptar las preguntas y repreguntas de todos los medios que participen, pues sus consultas buscan llevar información a la población para que cada ciudadano se forme una mejor opinión sobre los hechos. El papel de la prensa no es solo poner el micrófono o tomar notas, es investigar y siempre cuestionar”.
Gilda González
Directora Noticias 89.9
“Costa Rica no puede seguir tolerando ni gobiernos ni funcionarios públicos que obstaculicen el derecho a la información, el derecho de prensa y el derecho del pueblo de informarse con transparencia. Esas tendencias de obstaculización no coinciden con la historia democrática del país. Es muy peligroso y preocupante la presencia de estos casos que ya documenta la SIP y repudio cualquier otro intento, por parte del Gobierno, de seguir en esta línea”.
Jerry Alfaro
Director Noticias Repretel
“Vemos con suma preocupación la situación que en Costa Rica se genera con el acceso a la información. Lo que ha venido ocurriendo denota una actitud del poder político por evitar que la prensa tenga acceso a documentos de interés público. Venimos sintiendo un perjuicio a la libertad de prensa y el receptor de los mensajes en los medios. En Costa Rica deben revisarse las condiciones de las entidades públicas para garantizarles a los ciudadanos los accesos a la información. En ese sentido desde Noticias Repretel hacemos un llamado a las autoridades para que vean el informe de la SIP y se tomen medidas para garantizar los derechos a las fuentes de información públicas”.
Adrián Meza
Director AMPrensa
“La Sociedad Internacional de Prensa viene a reconfirmar lo que muchos periodistas hemos denunciado a lo largo de muchísimos meses contra el gobierno de Carlos Alvarado. Un gobierno repleto de violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información. Es muy lamentable que un mandatario, graduado como periodista, haya olvidado los principios básicos de su profesión. Un aplauso a quienes denunciaron, sin temor, estos atropellos”.
VOCES PARLAMENTARIAS
Jonathan Prendas
Nueva República
“Al gobierno gavetero, manipulador y mentiroso le comienza a llegar la hora de la confrontación por sus actos, pues lo que era un secreto a voces se confirma por parte de la SIP y deja al descubierto que al país se le ha ocultado la verdadera información sobre la situación del país”.
Dragos Dolanescu
Independiente
“La pandemia vino a reafirmar cómo el gobierno del PAC y el presidente Alvarado han estado ocultando información a un sector de la prensa que son críticos de su gestión, limitando al pueblo el derecho a informarse de lo que pasa en el país. Esto nos debe preocupar ya que es lo mismo que sucede en Venezuela, Cuba o Nicaragua, regímenes donde los títulos y editoriales de los medios aliados son dirigidos a ocultar el desastre de sus gobernantes, mientras que a medios objetivos y equidistantes se les relega completamente. En nuestro país además ha quedado claro cómo se han aprovechado de las restricciones sanitarias para limitar el acceso a los medios de comunicación que buscan transparencia y un efectivo control ciudadano sobre temas de importancia del ámbito político nacional”.
Erick Rodríguez
Independiente
“Hemos tenido información manipulada comenzando por las cadenas de televisión de mediodía, donde el gobierno lo único que hace es decir lo que quieren decir y evitan que ciertos temas salgan a colación. Aquí se ha negado y ocultado información, la afrenta más terrible a la democracia fue la de la UPAD donde quisieron violentar la intimidad de todos los costarricenses. Comparto todo lo que dice la SIP y esto es un síntoma de los gobiernos dictatoriales”
Pedro Muñoz
PUSC
“Yo puedo confirmar la resolución de la SIP porque le he ganado dos amparos al Gobierno por información sensible que no me dieron a tiempo. El Ministerio de Salud y la Caja han jugado a las escondidas para no brindar información, y me parece que es una barbaridad que el PAC nos siga mintiendo a los costarricenses”.
PERIODISTA: Paola Hernández
EMAIL: pherná[email protected]
Jueves 22 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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