Una serie de nuevos pluses en el Ministerio de Educación Pública (MEP), negociados en la convención colectiva que se firmó el 16 de octubre en Casa Presidencial, motivó que el diputado socialcristiano Pedro Muñoz presentara una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR).
La intención del legislador es que este órgano investigue los alcances de la convención colectiva renegociada en silencio y firmada incluso en presencia del mandatario Carlos Alvarado.
La queja plantea las irregularidades del acuerdo, pues la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que cualquier incentivo, compensación salarial o plus solo puede realizarse por medio de una ley.
Incluso indica que cualquier renegociación debe adaptarse a dicha normativa.
“Tomando en cuenta las disposiciones legales citadas, considero que algunos artículos contenidos en las convenciones colectivas, que se firmaron u homologaron luego de la entrada en vigencia de la Ley 9.635, son nulas absoluta, abierta y manifiestamente de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública”, cita el parlamentario en la solicitud que remite a la contralora Marta Acosta.
La reforma fiscal que está vigente desde diciembre del 2018 condiciona de varias maneras los pluses.
Lo que llama la atención de muchos expertos es la forma en que se manejó el tema, pues el Gobierno fue sigiloso en las negociaciones, incluso calló ante la firma, no lo anunció en la agenda del presidente Carlos Alvarado ni dio información, sino que fueron los sindicatos educativos los que dieron a conocer el hecho.
ACUERDOS
En la convención colectiva que se firmó con los representantes de los educadores el Gobierno renunció a cobrarles a los empleados cerca de ¢28 mil millones que les han pagado de más “por error”.
Así se establece en el artículo 38 de la convención titulado “Irretroactividad de la nominalización”.
“Las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza nominal, ocurridas con motivo de la falta de adaptación en tiempo y condiciones técnicas del Sistema Integra Dos, a las disposiciones y plazos presentes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº 9.635, no serán atribuibles, ni imputable si reintegro a las personas trabajadoras del MEP y, por consiguiente, no se considerarán sumas giradas de más”, cita el artículo.
El Ejecutivo también se comprometió a crear 4 mil nuevas plazas para cocineras y pagar las anualidades a estas personas.
También establece una licencia de tres días cuando fallezcan los abuelos de los trabajadores.
Otro elemento que llamó la atención es que en Semana Santa se dará libre lunes, martes y miércoles, pero sin que se rebajen los días de vacaciones y con el pago completo del salario.
La convención establece además la forma de cálculo para el pago por zonaje e incluye un plus de incentivo didáctico que pasó del 8,33% al 12,6%.
SIN INCREMENTO
Steven González, viceministro de Educación Pública, indicó que la convención colectiva es la misma que se firmó y negoció desde 2013. Aseguró que no se generan nuevos incentivos que signifiquen un incremento de costos.
“La convención colectiva del Ministerio de Educación Pública que recién ha sido suscrita con los sindicatos es una convención colectiva que viene desde el año 2013 y cuya constitucionalidad ha sido revisada por la Sala en al menos dos ocasiones, para esta versión 2020 no se incluyeron nuevos beneficios económicos y por ello hemos sostenido que no se incrementa el gasto público”, mencionó.
“El Ministerio de Educación queda a las órdenes de la Contraloría para atender todas sus solicitudes de información y por supuesto acataremos en su totalidad las disposiciones del órgano contralor”, dijo sobre la denuncia.
González insistió en que el documento lo revisó la Comisión para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, donde participan el MEP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y la Dirección General del Servicio Civil.
PERIODISTA: Sharon Cascante Lizano
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Miércoles 21 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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