Con tal de recibir ¢10 mil mensuales una nicaragüense obligó a su hijastra a mantener relaciones sexuales con al menos dos hombres durante los últimos tres años. Debido a esto a la sospechosa la capturaron tras un allanamiento hecho en su casa en La Milpa de Guararí, Heredia.
La mujer responde a los apellidos Ugarte Guido y su detención estuvo a cargo de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, así como los oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM), quienes le tumbaron la puerta de su vivienda.
Además, minutos después los uniformados detuvieron a un sujeto de apellidos Martínez Fargas, también nicaragüense y quien, al parecer, sería uno de los dos hombres que le pagaban a Ugarte para que lo dejara tener encuentros sexuales con la víctima.
A ambos se les acusa por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y matrimonio servil en perjuicio de una persona menor de edad.
PROFES LA SALVAN
De acuerdo con la información brindada por la oficina de prensa del Ministerio Público, las pesquisas por el caso de esta menor de edad iniciaron en octubre de 2019 mediante el expediente 19-000037-1321-PE luego de recibir una denuncia por parte del personal del centro educativo donde estudiaba.
Los profesores se convirtieron en los ángeles que salvaron a esta joven del infierno en que vivía, pues tras ser alertadas las autoridades actuaron inmediatamente rescatando a la ofendida y ofreciéndole el soporte que necesitaba.
Al parecer, la pesadilla para esta muchacha inició en 2016 cuando tenía 16 años. Según las pesquisas en ese entonces la sospechosa mantenía una relación sentimental con el padre de la adolescente, por lo cual aprovechando ese vínculo familiar la nicaragüense presuntamente comenzó a ofrecerla a una persona que le pagaba para tener encuentros sexuales con ella.
Stephen Madden, director de la Policía Profesional de Migración, dijo que durante esos tres años Ugarte también habría obligado a la víctima a convivir con Martínez y a cambio de esto la imputada recibía como remuneración económica ¢10 mil mensuales.
Añadió que ahora los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público donde les tomarán la declaración indagatoria para luego valorar la posibilidad de que se soliciten medidas cautelares en su contra.
Según informaron en la Fiscalía, esta actividad delictiva está establecida en el artículo 172 del Código Penal, donde se determina una pena de 8 a 16 años de prisión, de acuerdo con los agravantes que se cometan.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Fotos: Cortesía PPM
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Jueves 08 Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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