Diario Extra - 'AyA va en vías de privatización'

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ha visto envuelto en una serie de cuestionamientos en las últimas semanas, principalmente por decisiones administrativas.
Inversiones millonarias en una plataforma digital, reportes de la Auditoría Interna sobre irregularidades en nombramientos, vehículos en mal estado y baja ejecución presupuestaria e intentos de represión a la prensa son parte de los señalamientos que hacen pensar que el Instituto se encuentra en una severa crisis.
Al respecto, el propio informe de caja en ejecución del presupuesto y proyectos de 2020 señala que al mes de mayo solo se ejecutó el 32%, uno de los más bajos niveles de los últimos 4 años, dato que quedó en evidencia en ese mismo informe.
Recientemente la presidenta ejecutiva Yamileth Astorga anunció que el ente entraría en un proceso de reestructuración para mejora de la eficiencia en los servicios.
El anuncio alarmó a los sindicatos, quienes señalan que es un intento de privatización solapado y aseguran sentirse sorprendidos de que el presidente Alvarado respalde y peor aún se disponga a buscar cooperación económica de cualquier lugar para llevar a cabo la reorganización.
DIARIO EXTRA compartió en entrevista con los representantes Edwin Marín e Ivonne Mata, de la seccional de ANEP en el AyA, para conversar sobre este tema.
A continuación, la conversación con los sindicalistas.

¿Cuáles son las experiencias en otros países con la privatización de servicios?
-La élite que las dirige tiene asegurados los puestos, los salarios, consultorías y la relación con los privados, mientras que a los mandos medios los hacen a un lado con la política del miedo y en la base es adrede el deterioro de los servicios porque es la que los suministra. Entonces la gente se enoja y con eso hacen el desprestigio de la imagen de la empresa. Es una estrategia perversa.
¿Cómo pasa una empresa a capital privado?
-Empiezan con tercerización, concesión de áreas y de servicios o simplemente hacen el traslado directo de la operación de una planta o zona.
¿Cuál es el efecto directo de la privatización?
-Tiene que ver directamente con los costos del servicio, por ejemplo, si alguien quiere comprar una parte de una empresa tiene que hacer una inversión propia y tiene que recuperar la inversión. ¿Eso cómo lo haría? Cobrándole más caro al usuario. De ahí la importancia de que los sindicatos no se casen con la administración sino con la ciudadanía.
¿Cuál es la experiencia en otros países?
-Se presentan recortes inmisericordes, tarifas más altas e incluso han llegado algunos gobiernos a revertir la privatización, como el caso de Argentina, porque se volvió algo imposible de pagar para la ciudadanía. En este momento el único país con el servicio de agua privado es Chile y el precio es altísimo.
¿Puede el AyA apostar por la venta de agua embotellada?
-Esa es una de las preguntas que siempre nos hemos hecho porque la institución tiene todas las condiciones para hacerlo, obviamente aquí juega un papel el monopolio de la Cervecería, pero se puede brindar un producto asequible a la ciudadanía que produzca recursos frescos.
¿Han presentado propuestas?
-Sí, de hecho hasta hay proyectos de ley varados en la Asamblea Legislativa, pero que no han caminado debido al emporio administrativo del AyA. Desde el punto de vista de nosotros como sindicato creemos que ya llegó la hora de que le permitan al AyA vender agua embotellada.
¿Tiene esto relación con las recientes denuncias?
-Creemos que sí porque las últimas acciones se generan en momentos de la pandemia donde es más sencillo desprestigiar la imagen de la institución y que se intente pasar solapadamente a manos de capital privado.
¿Han sufrido perseguimiento o intentos de represión sindical?
-Fabio Vargas, el director del Centro de Servicios de Apoyo, mandó a decirnos en una ocasión que iba a demandar a la ANEP, no sé si fue porque en una ocasión lo sacamos en un video donde se le critica la justificación que hizo sobre la contratación de flotillas.
¿Y por parte de la Presidencia Ejecutiva?
-Doña Yamileth no está muy de acuerdo en que uno busque a los medios de comunicación, ella detesta eso.
¿Luego de la manifestación en la minuta, se los ha hecho saber a ustedes directamente?
-A mí me lo dijo a través de un audio, ella dijo que los medios estaban esperando cualquier pifia para hacer leña del árbol caído. ¿Qué es lo que pasa? Que ella dice “hablemos, dialoguemos y solucionemos”, pero si se le lleva un caso con pruebas, no lo hace.
¿Cuáles son las denuncias que más les preocupan?
-La principal es la de los cobros desmedidos en el recibo del agua, eso afectó mucho, fueron cerca de ¢2.600 millones a partir de los cobros estimados, la inversión millonaria en una plataforma digital y también otra inversión excesiva en cámaras y sistema de seguridad.
¿Qué sucede en el caso de la plataforma?
-Se quiere invertir casi ¢34 mil millones en una plataforma que beneficie el área comercial, proyectos, financiera y planificación en medio de la situación de crisis que enfrenta el país. Creemos que es necesario que se actualice el sistema, pero de manera gradual y con mayor transparencia en el proceso.
¿En qué plazo se realizaría el proyecto?
-En 72 meses.
¿Qué fue lo que encontraron?
-Según el Plan de Inversiones 2018-2022 había una inversión programada de ¢11 mil millones, hay mucha diferencia con respecto a lo que se quiere invertir. No se tiene claridad de dónde se van a agarrar los fondos. La Dirección Financiera lo que nos dice es que se está tramitando un crédito con banca nacional y que no descartan que haya aumentos en las tarifas del recibo de agua.
¿Entonces no tienen los recursos para cubrir la plataforma?
-En apariencia no, nos preocupa de dónde se van a agarrar los fondos para hacerle frente a semejante deuda y más preocupante es que aparentemente solo tienen un proveedor.
¿Se tiene capacidad de hacerle frente?
-Aquí el detalle es que la plataforma no se está haciendo por líneas y eso aumenta el riesgo desde todo punto de vista; es más, es extraño que solo se cuente con una reserva de ¢100 mil cuando la Ley de Contratación Administrativa dice que se debe contar con el recurso presupuestario suficiente para hacerles frente a las compras.
¿De dónde estarían tomando los fondos?
-Nos preocupa que al final se terminen agarrando fondos de otros proyectos porque no haya con qué hacerle frente, ya que si eso sucede, vendrían demandas y el costo sería aún mayor.
¿Cuáles son las necesidades a las que deberían darles prioridad?
-El instituto tiene otras necesidades básicas a las que deberían prestarles más atención, como dotar de vehículos con mejores condiciones a los trabajadores operativos, donde algunos de ellos inclusive ponen en riesgo su vida con carros que tienen más de 40 años y planteles donde los trabajadores están hacinados.
¿Tienen evidencia sobre alguno de estos casos?
-Sí, recientemente estuvimos en la Zona Sur, donde los trabajadores operativos de mantenimiento de aguas residuales no tienen plantel a pesar de que el Inder donó el terreno para que se construyera un plantel hace 10 años.
¿Qué hace la administración?
-Fácil, solo arrienda local donde meten al área administrativa y les separan un espacio a los colaboradores en un terreno vacío que solo tiene piedrillas.
¿Qué les dijeron los trabajadores?
-Lo que más nos sorprendió fue que algunos de ellos nos reportaron que les tocó hacer una colecta de ¢81 mil para poder comprar un repuesto de un equipo que tenía que salir a la calle. Muchas veces lo que hacen es que preguntan si en el plantel de Pavas hay algún repuesto que aún sirva y los mandan a las regionales.
¿Es solo el área financiera la que se ve afectada?
-No, de hecho a nosotros nos han hecho reportes de varias áreas, tenemos informes de Auditoría que inclusive hasta involucran a Recursos Humanos. Hay serias deficiencias en el tema de reclutamiento y selección.
¿En qué falla el reclutamiento?
-Hay de todo, se han denunciado deficiencias en los procesos de los concursos y hasta posibles tráficos de influencia. A la Junta Directiva ya se le pasó el mes para abrir procedimientos y nos preocupa que deje el plazo a un lado para no tomar decisiones, ya que son los mismos subgerentes los que están involucrados en el tema y no les conviene, dejan que el tema prescriba.
¿Esos problemas van de la mano con la baja ejecución del presupuesto?
-Según el informe de flujo de caja, a mayo se reportó solo una ejecución del 32%, de hecho el reporte de resultados de 2019 dice que se arrastran pérdidas por casi ¢30 mil millones.
¿Está el AyA en crisis?
-Nosotros creemos que sí y eso se demuestra con los actos de corrupción que se han denunciado y la mala administración que ha tenido el instituto en los últimos 6 años.
¿Han recibido más denuncias?
-Sí, luego de los reportes que han salido en los diversos medios de comunicación, los mismos trabajadores se nos acercan y nos facilitan denuncias porque ellos tienen mayor credibilidad sobre nuestro trabajo. Al final esto es un bien para todos y principalmente para la ciudadanía que es quien al final se ve afectada si sube la factura de agua o si no se ejecutan proyectos y se afecta el abastecimiento.