Alrededor de 15 toneladas de basura se acumulan dentro del Complejo Penitenciario La Reforma, luego de una diferencia en la fecha que termina el contrato entre las autoridades del Ministerio de Justicia y la empresa recolectora WPP.
Los encargados de la basura valoran retirar las tres góndolas que tienen instaladas, dos en el centro carcelario La Reforma y una en San Rafael, cada una con capacidad de almacenar hasta ocho toneladas de basura, de estas dos están llenas en la actualidad.
De ser así, los residuos quedarían sin protección generando un problema de salud, ya que las moscas, ratas, zopilotes y otros animales de rapiña empiezan a llegar al botadero a cielo abierto donde reinan los malos olores.
La situación pone tensos a los mismos reclusos y funcionarios de Adaptación Social molestos por la lentitud en el actuar de los jerarcas.
Julio Fonseca, abogado de la empresa, aseguró a DIARIO EXTRA que el contrato se acaba en este mes de setiembre.
“Hay una discrepancia entre la empresa y la proveeduría del Ministerio de Justicia en cuanto a la fecha de finalización del contrato, que finaliza a finales de mes, pero según el ministerio finalizaba a inicios de setiembre.
El mes que está en discusión, de que si el ministerio paga o no es setiembre, nuestra tesis es que debe ser cancelado, inclusive tenemos una orden de sacar los contenedores de la empresa, estamos batallando para no sacarlos hasta que no se resuelva el pago de lo del mes de setiembre”, explicó.
Fonseca agregó que hay otras facturas en tránsito de meses anteriores porque el gobierno paga con crédito.
“Esas facturas están dentro del rol normal de pagos del ministerio, hay que esperar que pasen los días para que las paguen. Hay una licitación en curso porque se acababa el plazo y esta nueva licitación no ha sido resuelta”, reveló.
En época de pandemia, donde la higiene debe ser impecable, pareciera que en la cárcel donde más personas permanecen no lo es tanto, pues al parecer se giró una orden desde el despacho de la viceministra Diana Posada, de sacar los residuos y colocarlos en el cordón de la carretera, donde hacen fila los familiares de los más de cinco mil privados de libertad que llegan a diario a entregar encomiendas, situación que pone en riesgo la salud pública.
Los desechos de todo tipo que se acumulan provienen de alrededor de 10 mil personas que permanecen a diario dentro del Complejo Penitenciario La Reforma.
MUNI HACE LLAMADO
Una moción de orden por los síndicos municipales de San Rafael de Alajuela enviada al director de la cárcel La Reforma, Wilman Pérez, le solicita que por un periodo de 5 meses autorice el ingreso de los camiones recolectores de desechos sólidos.
Además, en otro documento municipal en poder de DIARIO EXTRA le solicitan al ministro de Salud, Daniel Salas, y a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, que procedan a suspender de forma inmediata la entrega de encomiendas y traslado y traslado de valores en todos los centros penales de la región Occidental por un periodo de 3 meses.
Lo anterior como medida sanitaria para no exponer a la población y así mitigar, contener y erradicar la transmisión de otras enfermedades.
El Concejo Municipal le pidió al alcalde Humberto Soto que se adopten medidas y se tomen acciones que de inmediato pongan fin a las enormes filas a lo largo de las calles municipales paralelas a los centros penales del Complejo Penitenciario.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica se comunicó con el periodista del Ministerio de Justicia, quien pidió tiempo para que buscaran contratos, sin embargo al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
