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Nacionales

Presidencia ocultó decreto ilegal para crear UPAD

Lo confirma Fred Montoya, jefe de Leyes

Carlos Alvarado avaló la creación de un grupo de asesores legales paralelos en Casa Presidencial, estos se encargaron de la creación del decreto de la UPAD, entre ellos estaba Luis Salazar Muñoz. (Fot

Casa Presidencial decidió utilizar el Grupo de Apoyo Legal Presidencial (GALP), un grupo paralelo de asesores legales, para evadir que el decreto que creaba la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) pasara por el tamiz del Departamento de Leyes y Decretos de Presidencia.

Así lo reconoció Fred Montoya, quien desde hace tres años es el jefe del Departamento Leyes y Decretos de Presidencia, en la audiencia que realizó este miércoles la comisión legislativa que investiga la creación de la UPAD.

Montoya explicó que el proceso “normal” es que el departamento que él dirige conozca y revise los decretos antes que el Presidente los firme, sin embargo, en el caso del decreto de la UPAD, este nunca pasó por ellos y llegó ya firmado.

Esto evitó que este departamento alertara sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto al ordenar la entrega de datos confidenciales de las personas a la UPAD.

 

ESTRUCTURA PARALELA

 

La GALP se conformó en junio del 2018 por recomendación del entonces director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, siendo un selecto grupo de abogados que tienen como misión blindar jurídicamente al mandatario.

Los diputados Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Jonathan Prendas insistieron en preguntar a Montoya si al existir la GALP y el Departamento de Leyes y Decretos, se da una doble función en Casa Presidencial.

Montoya reconoció que a su criterio existe un doble trabajo, ya que lo que Leyes y Decretos avala se remite a la GALP para que den visto bueno y luego pase a la firma del señor Presidente.

“Sí hay una duplicidad de funciones porque ellos hacen exactamente lo mismo que nosotros hacemos y no conozco el motivo por el cual los decretos tienen que pasar por esa segunda revisión y hasta el día de hoy este procedimiento se ha venido siguiendo”, comentó.

 

ORDEN DE PUBLICAR

 

En el caso del decreto de la UPAD, los diputados intentaron demostrar que los abogados de la GALP y los asesores de la UPAD usaron a Leyes y Decretos solamente para ordenar la publicación del documento.

Montoya recibió las órdenes del exasesor presidencial Luis Eduardo Salazar Muñoz (quien redactó el decreto y era miembro de GALP) para que este fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta por medio de un correo electrónico.

De hecho, Salazar es mencionado como la persona enlace entre ambos departamentos y en este caso lo hizo así con el polémico decreto. 

El decreto lo firmaron el ministro a.i. de Mideplan y el ministro de la Presidencia de entonces el 14 de octubre del 2019, pero llegó a Leyes y Decretos hasta el 28 de febrero y fue publicado hasta el 11 de febrero del 2020, luego del correo enviado por Salazar a Montoya.

La diputada Hernández preguntó por qué se tardó 106 días entre la firma y la publicación y si esto era usual que ocurriera, a lo que el jerarca solo indicó que “no es usual”, pero no sabe del porqué de la distancia de tiempo.  

El funcionario también señaló que la relación de él y del grupo de asesores de Leyes y Decretos con el despacho del Presidente es casi nula y que todo se tramita por medio de la GALP. 

Ante la consulta de si él hubiera recomendado firmar el decreto, dijo que no, pero además dio su opinión del por qué lo cree ilegal.

“Con este tema del acceso a la información privada de las personas desde ese punto de vista es ilegal e inconstitucional, otro aspecto que merece llamar la atención es que cuando un decreto trata de una reorganización, administración o la creación de un ente público debe considerar el oficio por medio del cual Mideplan dio aprobación a esa reestructuración o creación y eso tampoco venía, son los dos aspectos que llaman la atención”, explicó.

 

¿POR QUÉ NO ALERTÓ?

 

La diputada Delgado cuestionó a Montoya del por qué no alertó de la ilegalidad del decreto. 

El funcionario afirmó que como el decreto vino del órgano competente para ello, ellos no procedieron a una revisión posterior.

“Cuando viene del órgano constitucional competente (en este caso del despacho del Presidente) no tengo la obligación”, mencionó.

Agregó que no hay una norma que obligue al despacho del Presidente a acatar una recomendación de Leyes y Decretos.

La diputada cuestionó si no le parecía extraño que se diera ese procedimiento brincando a Leyes y Decretos y que solo le pidieran la publicación del decreto.

Montoya dijo que “no es normal” pero no es la primera vez que ha sucedido, y que en los años que tiene de trabajar en Leyes y Decretos han “bajado” varios decretos firmados por el Presidente.

El funcionario dijo que luego de lo ocurrido emitió una directriz el 25 de febrero, que envió a los despachos de todos los ministerios e incluso pidió un espacio en una reunión del Consejo de Gobierno para explicar cuál era el procedimiento normal para tramitar un decreto. 

El plenario acordó el martes ampliar por 120 días más el plazo para el trabajo de esta comisión.

PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro

EMAIL: [email protected]

Jueves 24 Septiembre, 2020

HORA: 12:00 AM

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