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Opinión

Ahorrar ¢1.600 millones en una institución pública

Lic. Mario Zárate Sánchez*

El país está experimentando una ola de reacciones a raíz del reciente paquete de medidas propuestas por el Gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional y lograr obtener un crédito de al menos $1.750 millones de dólares. Con ese objetivo, se propone realizar una serie de acciones, entre ellas, el cierre o mutación de algunos órganos desconcentrados. 

Durante el cuatrienio del Gobierno recién pasado, me correspondió el honor de asumir el cargo de Director Ejecutivo del Consejo de Transporte Público, órgano de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Este Consejo de Transporte Público nace a la vida jurídica hace 20 años, durante el ejercicio como Ministro de Obras Públicas y Transportes del muy honorable señor Rodolfo Méndez Mata, mediante la Ley 7969.

Por naturaleza y experiencia de vida, siempre he sido intensamente pragmático, por lo que nunca tuve dudas de que la eficiencia y la eficacia se pueden lograr en la institucionalidad pública. A partir de mi nombramiento, nos propusimos, Junta Directiva y un buen grupo de funcionarios de la institución, echar adelante una serie de acciones de trabajo, con la finalidad de alcanzar el máximo de eficiencia y eficacia en las responsabilidades que, por ley, corresponden a la organización. En consecuencia, esa experiencia vivida me da la autoridad moral para decir “sí se puede”. Sí se puede avanzar y gestionar con excelencia, sí se puede racionalizar el gasto, sí se puede lograr producir bienestar social. 

Como ejemplos de lo logrado con fines claros y mucho trabajo de todo el equipo, en el año 2015 realizamos negociaciones con el Icafe, en ese entonces dueño de un edificio situado en el centro de la ciudad capital, así como con diferentes bancos estatales para realizar la compra del inmueble que hoy alberga la institución. Posterior a la compra del edificio, se inició un proceso de reforzamiento estructural con el cual se prolonga su vida útil en hasta 50 años más.

Esta compra, incluyendo su remodelación, ha significado a partir de ese momento un ahorro al presupuesto del CTP de 34 millones de colones mensuales solo en alquileres. Con ilusión y mucho orgullo, nos trasladamos a nuestro nuevo edificio a mediados de 2016, lo que significa que, en consecuencia, dejamos de gastar innecesariamente cerca de mil seiscientos millones de colones a hoy. Aun pagando el préstamo al banco acreedor, ahorramos más de mil millones de colones en cuatro años, lo cual se tradujo en una mayor posibilidad de inversión en proyectos y un mayor flujo de caja, sin afectar a los usuarios del transporte público, contribuyentes del canon.

Adicionalmente, con el apoyo decidido de funcionarios clave, logramos realizar una reingeniería en los procesos de gestión para la atención de nuestros usuarios, sin aumentar en esa área el número de funcionarios. Esto lo logramos implementando un novedoso modelo de gestión institucional de inmediatez a través del sistema de citas. Creamos e implementamos un sistema de gestión, donde abandonamos la rancia costumbre de tener una ventanilla de recepción de documentos. Descubrimos que, en promedio, cada gestión presentada por escrito pasaba por al menos siete funcionarios en cada etapa, para completar el ciclo. Con el nuevo sistema implementado, se estableció un modelo de atención y resolución in situ, de todas aquellas gestiones operativas, cuyas autorizaciones no tenían que pasar por Junta Directiva o no debían ser sometidas a un proceso de estudio de campo de parte de nuestros técnicos. El usuario no solamente es atendido de inmediato, sino que se lleva su gestión resuelta. 

En ese mismo orden de ideas, a raíz de una visita que realicé a todas las regionales en que el CTP tenía oficinas de atención al público, luego de preguntar a los funcionarios de cada una de esas oficinas cuál era la actividad que generaba mayor inversión de tiempo, me indicaron que, en promedio, un 70% de sus actividades se empleaban en atender los denominados “Permisos Ocasionales”, es decir, permisos para que los transportistas de estudiantes y trabajadores pudieran realizar servicios especiales durante los fines de semana y feriados.  Como consecuencia de esta información, nos dimos a la tarea de buscar una alternativa de gestión, que nos generara una mayor eficiencia y menos cuellos de botella en la tramitología. Propusimos a la Junta Directiva del Consejo otorgar, de manera accesoria, a todos los permisionarios a los que se les otorgara un permiso estable de Estudiantes o Trabajadores, una autorización automática para realizar servicios ocasionales los fines de semana y feriados. Con esta sola acción, generamos un ahorro importante en el gasto administrativo y operativo de la institución, pero, sobre todo, llevamos bienestar social y satisfacción a los usuarios de nuestros servicios. Importante agregar que, dentro de las directrices que emitimos desde la gerencia, fue que las citas para atender las gestiones de los administrados, necesariamente debían resolverse, de manera absolutamente obligatoria y sin excepción, dentro del rango de los diez días que la ley otorga para el derecho de petición y respuesta.

Otra muestra de que “sí se puede” es el trabajo tesonero y comprometido generado por la Junta Directiva del periodo 2014-2018. Para el momento en que asumieron sus cargos, encontraron más de 2 mil casos acumulados y pendientes por resolver, heredados de la Administración anterior. Con trabajo arduo y un objetivo directo, en el término de seis meses lograron resolver todos esos casos con la rigurosidad técnica y legal pertinente,  sin dejar de resolver los nuevos casos que se generaban semanalmente y sin aumentar las sesiones de Junta Directiva permitidas por ley, lo cual también generó ahorros significativos a la institución que al final del período de nombramiento (4 años) sumó cerca de 180 millones de colones en sesiones de Junta Directiva que no fue necesario realizar.

A la suma antes indicada, se debe agregar una suma de 16 millones de colones en alimentación, pues la Junta en pleno decidió costear la alimentación durante las sesiones de trabajo, de su propio bolsillo.

Conclusión. Sí se puede. Sí se puede hacer más con menos; sí se puede ahorrar en el gasto público, sí se puede trabajar arduo en la administración pública. Sí existen funcionarios públicos con vocación de servicio y son la mayoría. Invito a todos los jerarcas institucionales a trabajar por Costa Rica, a servir y no a servirse del Estado.

 

*Exdirector ejecutivo del CTP

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Miércoles 23 Septiembre, 2020

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