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Sucesos

20 policías se meten a Mafia de contrabando

Cayeron junto a 10 personas más por trasiego ilegal de licor

  • En San Rafael de Alajuela los agentes allanaron una licorera y una bodega. (Fotos: Róger Soto, corresponsal)

  • Además, se decomisó dinero en efectivo. (Foto: OIJ)

  • Los líderes fueron detenidos en sus casas de habitación. (Foto: OIJ)

En un total de 12 allanamientos el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a 31 personas, 20 de ellas oficiales de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública.

Mediante una serie de investigaciones desarrolladas desde el año pasado, se le dio seguimiento a una banda dedicada al contrabando de licores, la cual contaba con toda una estructura organizacional para desarrollar sus operaciones.

“Se relaciona con un grupo de personas que desde hace varios meses trabaja de manera profesional y organizada para hacer ingresar licor y otros productos desde territorio panameño a nuestro país, evadiendo los controles fiscales, sin pagar impuestos”, comentó Walter Espinoza, director del OIJ.

Solo durante el proceso de investigación, en diversas acciones se logró el decomiso de 44.600 unidades de licor, entre cervezas de diversos tipos, así unidades de vodka, whisky y ron, entre otros.

 

ALLANAMIENTOS

 

La Sección de Crimen Organizado del OIJ y la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual llegaron a 12 diferentes puntos para realizar los allanamientos con el objetivo de desarticular al grupo de mafiosos.

En detalle las operaciones tuvieron lugar en Limón, donde se allanaron cuatro casas y una bodega, una de las viviendas en el centro y el resto en el sector de Bribri de Talamanca.

Mientras que los otros siete se dieron en Guácimo y San Rafael de Alajuela, donde se allanaron tres casas, dos licoreras y dos bodegas en las que había licor del que ingresaba de manera ilegal desde Panamá.

En estos puntos se logra la detención de las 31 personas involucradas con la banda, entre ellos los líderes que eran los encargados de toda la operación para la llegada y la distribución de los productos ilegales.

“Los líderes de la organización son un sujeto de apellidos Sotos Herrera, que tenía una licorera en Alajuela, así como otros dos sujetos de apellidos Sandoval y dos hermanos de apellidos Saravia, también se encuentran detenidos”, aseguró Espinoza.

Además, se capturó a los policías, pues durante la investigación se comprobó que recibían pagos de entre ¢20 mil y ¢100 mil para que les brindaran ayuda a los contrabandistas.

“20 oficiales de la Fuerza Pública brindaban, apoyo, asesoría, ayuda y brindaban información a los miembros de la banda para que ellos pudieran realizar la operación”, reveló Espinoza.

Durante los allanamientos, además de la captura de los integrantes del grupo delictivo, también se logró el decomiso de gran cantidad de licores, cigarros aparentemente también de contrabando, dinero en efectivo, así como dos armas de fuego, etiquetas falsificadas y documentos que son de gran importancia para la investigación.

Todos los detenidos y lo decomisado quedaron en manos del Ministerio Público para que proceda con la respectiva indagatoria y luego determine la situación jurídica de los mismos.

Cabe mencionar que, en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, se les atribuyen los delitos de cohecho propio e incumplimiento de deberes. 

Mientras que a los particulares se les imputa el delito de contrabando agravado. 

 

MODO DE OPERAR

 

La banda desarticulada este martes tenía toda una estructura organizacional en la que cada miembro tenía su rol muy bien definido para lograr su cometido.

Todo iniciaba con la compra de los licores en las zonas duty free (libres de impuestos) ubicadas al margen del Río Sixaola, en Panamá. 

Luego las subían a pequeñas barcas que ingresaban por dicho río al país y utilizando atracaderos improvisados las ponían en suelo nacional, evadiendo los controles para no pagar los impuestos.

De este punto, se llevaba la mercadería a una bodega que tenían en el sector de Bribri de Talamanca, donde almacenaban todo para luego comenzar la distribución a diferentes puntos.

La mayoría de las veces para proceder con el ingreso de las mercancías, se preferían las noches o madrugadas para evitar cualquier vigilancia que se fuera a dar y que pusiera en riesgo la operación.

En este punto era donde tenían un papel fundamental los oficiales de Fuerza Pública de distintas delegaciones y regiones, quienes les garantizaban el paso a los productos de contrabando.

Ellos les avisaban cuándo y dónde se iban a dar los operativos de control en carretera para que no fueran a circular, o bien, si ellos iban a estar para poder pasar sin ser revisados y que la mercancía entrara hasta el lugar donde se debía entregar sin ningún inconveniente.

Así era como lograban que los licores llegaran hasta Alajuela, donde tenían otras bodegas y negocios en los que dejaban la mercadería contrabandeada para luego realizar la venta al menudeo.

“Esto afectaba la economía interna del país mediante la distribución a precios menores que los que tiene en el mercado los productos que hacen ingresar ilícitamente”, expresó Espinoza.

Según las autoridades, los integrantes de la banda tenían muy claros sus roles, unos eran los encargados de extraer el producto en la margen del río Sixaola, otros trasladaban la mercadería en los vehículos y se encargaban del almacenaje, otros realizaban labores de vigilancia para avisar cuándo y dónde había retenes policiales.

Mientras que otros de los miembros eran quienes se encargaban de brindar custodia al carro que llevaba el producto y había una persona que tenía a su cargo entregar la mercadería a los clientes y recibir los pagos. 

 

MINISTERIO COLABORA 

 

Ante la detención de los 20 funcionarios, Reinaldo González, subdirector general de la Fuerza Pública, se refirió a la situación calificando de doloroso todo lo que está ocurriendo.

“Estamos colaborando con el propósito de atender una indagatoria contra nuestros oficiales de Limón, esto por una investigación en curso. Hemos estado muy atentos a las solicitudes que se nos han hecho en este doloroso proceso”, refirió González.

Además, dejó claro que las puertas del Ministerio de Seguridad Pública siempre estarán abiertas para este y cualquier otro proceso que las autoridades judiciales quieran llevar adelante.

Ahora por esta misma situación los funcionarios podrían enfrentar un proceso disciplinario a lo interno de la institución que podría acabar con su destitución.

PERIODISTA: Jarmon Noguera González

EMAIL: [email protected]

Miércoles 23 Septiembre, 2020

HORA: 12:00 AM

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