Jorge Luis Morales García, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud) solicitó a la Corte Plena analizar si el magistrado de la Sala Penal, Jesús Ramírez Quirós tiene las capacidades para continuar en el puesto.
Según el oficio remitido por Morales, el objetivo no es revocar la decisión de los magistrados de no abrir un proceso administrativo en contra de Ramírez por el caso mediáticamente conocido como UPAD, sino analizar si el funcionario tiene la idoneidad como alto juez de la República.
“Pedimos expresamente a esta Corte Plena que se reconsidere lo resuelto y se acoja nuestra petición de valoración para determinar la idoneidad o no del señor magistrado para el desempeño de sus labores” reza el documento enviados a los jueces superiores.
Destaca además “incluso, ante la nueva evidencia que se expone a través de la investigación llevada a cabo, se amplíe esa valoración al riesgo que corre para su salud y su vida, toda vez que un episodio de ‘Pos Isquemia Cerebral Transitoria’ está documentado médicamente: ‘Un accidente isquémico transitorio puede servir como advertencia de un accidente cerebrovascular futuro y una oportunidad para evitarlo’”, se lee en la solicitud del sindicato de jueces.
Según el oficio, dicha solicitud nunca fue resuelta por el pleno de los magistrados. “El acto administrativo debe ser ante todo debidamente motivado, tal como se observa, la petición de nuestro sindicato en ningún momento fue resuelta. Incluso, en los antecedentes de las consideraciones por parte de esta Corte Plena, se cercenaron nuestros argumentos, pues, aunque se hizo referencia al caso relacionado con la investigación llevada a cabo por el procedimiento penal en relación con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), se omitió completamente nuestras referencias a otro caso que complementaba la situación evidenciada en este. Este fue puesto de manifiesto por el programa radial Interferencia de la Universidad de Costa Rica, en donde claramente se nota al señor magistrado en una situación de total desconcentración y desubicación en la audiencia que se estaba llevando a cabo, siendo ese precisamente el contenido del cuestionamiento periodístico”.
Consultado por DIARIO EXTRA, Morales dijo que los jueces independientemente de su puesto deben de garantizar estar en sus plenas capacidades para ejercer el cargo.
Así las cosas, órganos técnicos deben realizar una investigación, incluso con tintes médicos para indagar si está en capacidad de seguir en su puesto.
POLÉMICA UPAD
Hay que recordar que la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, recusó a los cinco magistrados de la Sala III en una audiencia donde se exponía el reclamo de los abogados del mandatario de la República Carlos Alvarado Quesada en relación con la forma en cómo se decomisaron los dos celulares del alto funcionario, así como su computadora personal, tras el allanamiento en Casa Presidencial por el caso UPAD.
La polémica surgió luego de que el magistrado Ramírez, en ese entonces presidente de la Sala Tercera, señaló primero en la audiencia que rechazaba ad portas la gestión de la defensa del mandatario, luego “aclaró” que no la rechazaba, sino que las declaraba inadmisible, pero después dijo que lo que se rechaza era la prueba, para finalmente indicar que sí se podían exponer estos argumentos.
Este manejo poco convencional no permitió conocer por el fondo los argumentos de las partes, sino que terminó en que los abogados recusaran a Ramírez, pero además provocó que la propia fiscala Navas pidiera recusar a todos los miembros del órgano.
En esa oportunidad, Rodolfo Brenes Vargas, uno de los abogados del presidente Alvarado, calificó como altamente irregular lo sucedido. “La audiencia no pudo entrar a conocer el fondo de nuestro reclamo, porque la Sala III dictó algunas resoluciones que causaron gran confusión entre los presentes, al punto que los abogados recusaron al presidente Ramírez y le pidieron separarse del proceso y la señora fiscala general Emilia Navas decidió recusar a la totalidad de los magistrados y les pidió que se separen del conocimiento de este proceso”, había indicado.
DECISIÓN DE CORTE
Tras la discusión, la Corte Plena decidió archivar la causa disciplinaria en contra del magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, relacionado con el manejo que se le dio al caso de la unidad espía.
La cúpula del Poder Judicial acogió con 16 votos a favor el informe del magistrado Román Solís Zelaya, el cual proponía archivar la causa.
La votación fue secreta por tratarse de un tema disciplinario.
Cabe recordar que lo relativo al tema de la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La unidad presidencial, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno Central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.
PERIODISTA: Marco Antonio González
EMAIL: [email protected]
Martes 22 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA