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Nacionales

Las plantas de atún no generan ganancias

Según Daniel Carrasco, presidente ejecutivo de Incopesca

Daniel Carrasco, presidente ejecutivo de Incopesca

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), ve poco viable la instalación de plantas enlatadoras en Costa Rica. 

Aseguró que si bien es cierto podría generar fuentes de empleo e inversión para ayudar a las zonas costeras, la institución consideró que dicha instalación es poco probable para el territorio nacional. 

Daniel Carrasco, presidente ejecutivo del Incopesca, conversó con DIARIO EXTRA sobre este tema y la propuesta de decreto Reglamento para la Asignación de la Capacidad de Pesca reconocida al Estado de Costa Rica en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

Enseguida un extracto de la entrevista. 

¿Por qué el gobierno no mostró interés en la empresa SeaTech Worldwide Corporation que generaría 1.500 empleos directos? 

-No quiero decir que sea imposible y menos en una planta de atún que sea rentable en Puntarenas, solo que las plantas de enlatado son muy difíciles de ser rentables dado que el atún es un bien común a nivel global. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con estas solicitudes y analizarlas bien porque lo que no queremos que pase lo que ocurrió en Islas Marshall o Papúa Nueva Guinea donde se prometía la apertura de una planta procesadora, generación de empleos, atracción de barcos atuneros, sin embargo, el fondo del asunto era ostentar la cuota del acarreo, lo que, en este caso, sería el acceso al recurso. Esto se da básicamente en una dinámica entre armadores y países con derecho de acceso del atún, pero también ha sido un viejo truco con gobiernos ingenuos. Esto suena bonito, lo que pasa es que actualmente estas plantas se encuentran cerradas, deterioradas o trabajando en un pequeño porcentaje de su capacidad. 

¿Qué tan viable es esta u otras propuestas? 

- Si bien regulamos y controlamos el desarrollo de la actividad pesquera y acuífera, nosotros no somos el ente de atracción de inversiones. Eso se puede canalizar a través de Comex y la Cancillería. Se necesita tener esa seguridad por lo que digo al principio, los armadores no pueden pescar en el Océano Pacífico Oriental sin cuota porque un barco pesquero representa una inversión multimillonaria y existen varios en el mundo. No tenemos una propuesta en concreto en el sentido de que se hayan comunicado con Cinde. 

¿Qué se debería valorar para que una planta sea rentable?

-La industria que venga acá tiene que ser muy eficiente. Sería bonito tener una segunda, una tercera o cuarta planta procesadora, pero hay que tomar en cuenta que deben competir no solo a nivel nacional, sino también regional. Tenemos a Pronto, a Calvo, diferentes empresas que manejan ese tema de la competitividad y tienen buscar hacerse rentable bajo esas condiciones difíciles. Eso es lo que queremos asegurarnos, que sea una propuesta aterrizada, cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, para determinar cuáles son los barcos que van a traer, si esos barcos están debidamente inscritos, cómo los van a nacionalizar, etc. Incopesca podría dar el acompañamiento técnico, pero eso es resorte de otro. 

¿Qué los impide traerla al país? 

-Las plantas de enlatados son muy difíciles de hacerlas rentables dado que el atún enlatado es un commodity, es algo muy común a nivel global, ya que este tiene que ser enlatado en plantas grandes y eficientes. Tendría que competir con otras plantas similares a nivel regional como El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador o Perú. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es imposible. Lo que queremos es establecer un sistema legal o regulatorio de la asignación de la capacidad de acarreo para apoyar al desarrollo ambiental y económico del sector pesquero. 

¿Cómo afecta a la industria que se mantenga un monopolio atunero?

-No podría contestarle fehacientemente esa pregunta porque no tengo datos de si está afectando el monopolio de la industria atunera, si se le puede llamar de esa manera, porque las puertas están abiertas para la atracción de inversiones, pero lo que digo es que no lo llamemos monopolio, porque las condiciones para atraer las condiciones tienen que darse y la inversión que se haga tiene que hacerse para una planta rentable, eficiente y grande. 

¿La propuesta de capacidad de acarreo del Ministerio de Agricultura unca menciona los términos empleo e inversión, cómo planean entonces reactivar esas zonas? 

-Existe un requisito que es el primordial; que el armador ofrezca la totalidad de su captura a la industria procesadora de atún. Eso es lo que impulsaría la atracción de nuevas inversiones ya que el armador estaría obligado a entregar lo capturado a las empresas enlatadoras del país. 

¿Temen que esa falta de inversiones en Puntarenas o ese proceso de entrega de la capacidad de acarreo disparare la pesca ilegal o el narcotráfico en la zona? 

-Claro. Eso es muy preocupante. A través de Incopesca estamos trabajando para cumplir esos objetivos. La pesca ilegal tiene diferentes delitos conexos, hay trata de personas, hay narcotráfico, hay contrabando y otros, por lo que debemos cumplir con la normativa internacional para prevenir eso.

¿Cómo se distribuye la capacidad de acarreo del atún? 

-El tema de la cuota viene desde el 2002 con una resolución de la Comisión Interamericana de Atún Tropical (CIAT) donde le da un disponible de 9.364 metros cúbicos por ser miembro y un país ribereño en el Océano Pacífico Oriental. A partir de ahí se han generado diferentes medidas regulatorias de cómo se entrega la capacidad de acarreo del atún. En primera instancia era a las empresas procesadores, después se cambió en el 2009, luego una reforma en 2014 para que los armadores con un requisito ofrecieran la totalidad de su captura a la industria. El modelo cumplió su fin y hubo una derogatoria en el 2018 en el decreto que regulaba la asignación de cuota del atún de acarreo para efectos de mejorar la distribución y el tema de canon anual, de cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, etc. 

¿Por qué es tan importante la cuota atunera? 

-La cuota es un acceso al recurso para que los armadores o las embarcaciones atuneras puedan pescar dentro del Océano Pacífico Oriental. En este asunto, un armador que tiene un barco, pero que no tiene un acceso al recurso no podría pescar, entonces tendría una inversión de más de $15 millones que vale una embarcación de éstas sin generarle nada. En este momento, el país es el único que cuenta con acceso a recurso, solo hay una embarcación que tiene la cuota disponible Andrea I, sin embargo, ahí se están haciendo unos procedimientos internos para hacer una recisión del contrato (por morosidad). 

¿Qué tan vinculantes son las observaciones de Incopesca al Ministerio de Agricultura y Ganadería?

-La cuota es un tema del Poder Ejecutivo, nosotros como Incopesca somos el ente técnico, damos acompañamiento, pero no somos parte del Poder Ejecutivo. La regulación la fija el gobierno a través de un decreto ejecutivo y es el Ejecutivo el que la firma. Somos velamos porque se cumplan con las normas de conservación y aprovechamiento sostenible de las especies y cumplimiento de lo que son las diferentes resoluciones que emite la CIAT. En este caso, los procesos de recisión e incumplimiento recaen en el Poder Ejecutivo. 

¿En qué se diferencia la cuota con la licencia de pesca? 

-La cuota de acarreo se da a embarcaciones para que puedan trabajar fuera de la zona exclusiva. Una cosa es el acceso a recurso por esta cuota de acarreo y otra son las licencias de pesca, las cuales sí las genera el Incopesca, de acuerdo con la Ley de Pesca y Acuicultura. Las cuotas de acarreo son competencias del Ejecutivo. Si hay alguna inconsistencia y nos damos cuenta es nuestro deber informar al Poder Ejecutivo para que tome las decisiones correspondientes. 

¿Qué tipo de participación sostuvo el Incopesca en el proceso de consulta pública del decreto? 

-Fue un acompañamiento técnico en la parte científica, pues es la manera en que se van a otorgar las cuotas de acarreo. En ese sentido como somos la autoridad pesquera necesitamos dar esa asesoría al Ejecutivo para que puedan solventar las situaciones que se presentan y tener una regulación que se suscriba finalmente. 

¿Cuáles fueron las principales observaciones que se dieron en la consulta pública?

-Son observaciones en cuanto a requisitos, a procesos a lo interno y también observaciones en cuanto al trámite como tal. Esa es la mayoría de observaciones que existen. Asimismo, hay observaciones relacionadas con los parámetros de aceptación de las solicitudes que llegaren en su momento cuando eso se encuentre publicado. Se conformó un equipo de trabajo para ir puliendo la regulación, propuesta o borrador que está actualmente. 

La propuesta priorizaría a los que en algún momento tuvieron la capacidad de acarreo ¿Cuáles serán los criterios de selección para dicha cuota en las embarcaciones?

-Ese aspecto que está indicando es una observación que se hizo a la propuesta, se está valorando la eliminación de eso porque todos tienen que entrar en igualdad de condiciones. Eso no está bien y hay que eliminarlo, yo recomendaría al Ejecutivo eliminarlo porque es una regulación nueva. Eso fue tal vez cuando se estaba elaborando la propuesta, que en realidad no es un artículo normativo o regulativo, más bien debería disponerse en un transitorio. 

¿Por qué no se quitó ese punto desde un inicio? 

-Dadas las observaciones que se recibieron, se está revisando la redacción y la pertinencia del mismo, ya que no se buscaría beneficiar a nadie, jamás. Aquí lo que queremos es que todos los interesados deban entrar a participar en igualdad de condiciones. Lo que hacía el espíritu de ese (artículo) 27 era abrir un plazo para que las empresas dueñas de barcos o armadoras ya hubieran tenido anteriormente cuotas de asignación de capacidad con Costa Rica y tuvieran un beneficio o prioridad para presentar nuevamente en caso que tuvieran interés para optar por una cuota o una capacidad de asignación. 

¿A qué se refiere con igualdad de condiciones? 

-Que no necesariamente si usted ya ha tenido una cuota con Costa Rica, usted tendrá prioridad. O sea, tendrá que participar igual con otras personas u otros armadores que no hayan optado por la cuota que ha tenido Costa Rica, sino simplemente se le hace el examen de los requisitos que tiene que cumplir. Nosotros tenemos que hacer el análisis correspondiente si el armador ha participado en temas de pesca ilegal, si el Estado nos certifica que esa embarcación no ha tenido problema, si la embarcación está inscrita en el Registro Regional de Buques del CIAT, etc.        

Se denunció ante la Procuraduría General de la República que la propuesta para beneficiar a la embarcación Andrea I de la empresa Delipesca. ¿Qué responde a ello? 

-Es una propuesta, hay que dejarlo en claro. Eso no ha salido publicado, no hay una regulación para eso, o sea, para mí personalmente no podría ser motivo de denuncia en el sentido de que no es una norma que haya salido publicada, más bien salió a consulta pública en aras de transparentar el proceso, socializarlo y que se recibieran las observaciones, de eso se trata la democracia. Aquí no se trata de favorecer a ninguna empresa, el ministro ha dicho muy claro que no se asignará a dedo ninguna cuota de acarreo.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Archivo

EMAIL: [email protected]

Martes 22 Septiembre, 2020

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