Se debe modificar el plan del gobierno para el FMI
Miguel Ángel Rodríguez E.* / Alternativas
Es preciso cumplir con los objetivos del gobierno en “el plan” elaborado para presentar al FMI: “un superávit fiscal 2,2% del PIB al 2024 y una razón deuda/PIB del 50% al 2034.” Pero los instrumentos propuestos no son eficientes ni equitativos y, posiblemente, conduzcan a una nueva crisis fiscal.
Un convenio con el FMI es el camino menos gravoso para el bienestar de los ciudadanos. La magnitud del ajuste requerido es tan grande que lo mejor es poder ejecutarlo con gradualidad, pero sin perder credibilidad en la ejecución de las medidas. Un convenio con el FMI disminuye el riesgo y promueve acciones favorables al crecimiento.
Se trata de reducir la deuda pública respecto al PIB. Para logarlo debe minimizarse el impacto negativo en el crecimiento del PIB. El plan no cumple esa condición. El gobierno simplemente afirma que podría no afectarse el PIB sin aportar sustento alguno.
Si no funciona la “varita mágica”, el plan -recargado en aumento de impuestos y que incluye tributos que directamente desincentivan la inversión- compensará la disminución en el numerador (la deuda que se daría en los años siguientes) con la disminución en el denominador por la caída del crecimiento del PIB.
Para 2021, el plan propone aumentos a los ingresos que representan 5% del PIB. La reducción de gastos es solo 0,95% del PIB. Esa relación de más de 5 a 1 entre impuestos y reducción del gasto mejora en los años siguientes, pero aún en el último año el aumento de impuestos es el doble de la disminución del gasto.
Es preciso un mayor ajuste en el gasto corriente y no en inversión en infraestructura que ayuda a bajar nuestros altos costos. Esto no se puede lograr sin recurrir a cambios en la estructura del gobierno para cerrar instituciones (Japdeva, CNP), o consolidarlas con otras, o establecer cambios institucionales que las hagan más eficientes, disminuyendo el personal y los gastos operativos innecesarios, o de una menor rentabilidad social. El gobierno pudo haber escogido algunas de las alternativas que incluso su partidario Ottón Solís ha propuesto para adelgazar y hacer más eficiente el gobierno. Las acciones propuestas respecto a órganos desconcentrados son muy insuficientes y solo significan 0,05 p.p. del PIB por año.
Incluso, el instrumento de el plan favorable a la formalidad del empleo y al crecimiento económico, la eliminación de la carga sobre las planillas de 5% en favor de Fodesaf, queda sin financiamiento a partir de 2025, pues se sustenta en un impuesto transitorio.
El déficit se ha venido generando principalmente por aumento en los gastos. De 2008 a 2019 el gasto corriente sin incluir intereses ha aumentado en 4,5 p.p. del PIB mientras la disminución de ingreso tributario fue de 1,7 p.p. Es cierto que de manera temporal por la recesión causada por el Covid-19 se ha dado y se mantiene para el siguiente una caída adicional considerable de la recolección de impuestos que justifica establecer tributos transitorios, pero no que el peso del ajuste caiga tan desproporcionadamente en ellos.
El plan del gobierno no es equitativo porque no afecta de manera significativa el gasto (el ajuste al gasto solo aporta 0,95 p.p. del PIB en 2021; 1,36 en 2022; 1,70 en 2023 y 1,88 en 2024). La Ley de Empleo Público debe aplicarse a todos los servidores del Estado, y no solo a nuevas contrataciones.
El plan además no es ni eficiente ni equitativo porque no utiliza medios disponibles que podrían disminuir su impacto negativo en el crecimiento y los impuestos. La disposición de activos que se incluye es casi simbólica, y aporta solo 0,57% del PIB en 2023. La venta de activos como el BCR, INS o kölbi podría generar recursos para un fondo que permita permanentemente financiar la eliminación con cargo a la planilla de Fodesaf, y que proporcionaría financiamiento a la seguridad social.
Aún si para 2025 se alcanzara el objetivo de reducción del déficit con los instrumentos propuestos, sin cambios estructurales que limiten los disparadores del gasto en remuneraciones y transferencias corrientes, en poco tiempo se volvería a la situación de grave desequilibrio fiscal. Queda en manos de las señoras y los señores diputados negociar con el gobierno un cambio sustancial a El Plan que elimine parte del aumento en tributos, principalmente los que más afectan la inversión y el crecimiento, y los sustituya por medidas específicas de disminución de gastos y disposición de activos estatales.
*Expresidente de la República
