Finalmente los diputados votaron este jueves el informe de mayoría que recomendaba la permanencia en el cargo de Catalina Crespo, defensora de los Habitantes. Con el favorecimiento de 36 legisladores y 12 en contra, la jerarca recibió un nuevo voto de confianza del Congreso que la eligió en diciembre de 2018.
Las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Integración Nacional (PIN) y el bloque de Nueva República respaldaron su continuidad.
En contra lo hicieron la bancada de Acción Ciudadana (PAC); Otto Roberto Vargas, del PRSC; José María Villalta, del Frente Amplio (FA); María Vita Monge, del PUSC; y Walter Muñoz, del PIN.
De acuerdo con el informe de mayoría que rindió una comisión que en sesiones privadas analizó las denuncias contra la defensora de los Habitantes, no se pudo probar de forma contundente que Crespo violentara la legislación con su accionar.
TEMA POLÍTICO
Antes de la votación, la defensora de los Habitantes tuvo la oportunidad de dirigirse al pleno por un espacio de 30 minutos. Ahí hizo una defensa de cada uno de los puntos que se señalaron en la denuncia.
Sobre la transformación del Consejo de Directores dijo en que este es un órgano meramente asesor y la reforma que aplicó, que no es completamente legal, pretende ampliar la participación de las jefaturas y funcionarios especializados con que cuenta la Defensoría, pero con la inclusión de la sociedad civil.
Sobre el nombramiento de Tirza Chaves en la plaza de Profesional de Admisibilidad insistió en que se siguió el proceso ajustado a la normativa interna.
Pero Crespo enfatizó que la verdadera razón de su presencia ante los diputados y el órgano que se abrió para una eventual destitución tiene que ver con la investigación que realizó por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
También insistió en que toda la investigación que hizo sobre este tema fue legal.
“En mi trabajo en el Banco Mundial presté servicios en países en donde el poder político autoritario silenciaba sistemáticamente a defensores de derechos humanos, a la prensa, a opositores políticos y a todo aquel que representara un obstáculo en su camino dictatorial.
Cuando tomé la decisión de presentar mi nombre al cargo de defensora de los Habitantes y por mayoría de ustedes, señores y señoras diputadas, fui honrada con la designación de este alto cargo, nunca imaginé ser testigo en mi propio país de actos gubernamentales que lesionaban las más básicas libertades en relación con la protección de los datos sensibles y confidenciales de las personas”, enfatizó.
NO HUBO NEGLIGENCIA
La diputada liberacionista Aida Montiel leyó los criterios que llevaron al dictamen de mayoría que respalda a Crespo.
Indicó que tras las audiencias realizados y la investigación determinaron que no existió negligencia de la funcionaria, ni se pudo probar que transgrediera la ley para llevar a su destitución.
Sobre el caso UPAD, Montiel dijo que la defensora de los Habitantes inició una investigación que concluyó y presentó a la Fiscalía de la República, además que esa acción está dentro de la normativa interna de la institución.
“Todo se podría resumir en un grado de inconformidad de los mandos medios, que no están conformes con el estilo de gestión de la defensora, aunado a intereses políticos para que dicha funcionaria deje su cargo”, comentó la verdiblanca.
“Todos los errores que escuchamos dan para solicitar su renuncia, tal vez una llamada de atención, pero no su despido”, expresó Patricia Villegas, del PIN.
“Lo que sucede realmente dentro de la Defensoría es un problema a lo interno. Durante la investigación quedó en evidencia la existencia de un grupo funcionarios de ‘mandos medios’ que quieren imponerse ante las decisiones tomadas por la defensora.
Su afán es manejar a su manera la institución, al punto que si la jerarca de turno no hace lo que ellos quieren emprenden una campaña de desacreditación y persecución en su contra”, expresó la socialcristiana María Inés Solís.
EN CONTRA
Nielsen Pérez, Paola Vega y Carolina Herrera, legisladores del PAC, fueron los más críticos de las acciones de Crespo y agregan que hay pruebas de que la funcionaria transgredió la ley.
Reclamaron en el caso de la UPAD la pérdida del audio con la entrevista del presidente Carlos Alvarado y también el supuesto favorecimiento que hizo al exministro Rodolfo Piza al pretender sacar su nombre del informe.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Viernes 18 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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