El convenio que suscribió Casa Presidencial con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) tuviera acceso a información sensible de población vulnerable que maneja el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) sigue vigente.
Así lo reconoce el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, en un oficio (DM-1025-2020 con fecha del 11 de setiembre) donde le responde a la defensora de los Habitantes Catalina Crespo, quien solicitó la derogatoria del mismo.
En su respuesta el ministro Prieto resta importancia al tema al indicar que los asesores de la UPAD ya no laboran ahí, pero que aun así realizan gestiones para “finalizar dichos instrumentos”, es decir el acceso a la información del Sinirube.
“Tengo el agrado de saludarla con ocasión de referirme a su oficio DH-0754-2020 referente al Expediente No.310955-2020. Al respecto, me permito indicarle que con relación al punto uno de su misiva, en virtud de que los funcionarios que tenían acceso a dichas herramientas ya no laboran para la
Presidencia de la República, la institución se encuentra realizando las gestiones necesarias para dar por finalizados dichos instrumentos. No obstante, es importante aclarar que no se está accediendo a ningún tipo de información a través del o los convenios”, respondió el jerarca Casa Presidencial.
Precisamente, la defensora Crespo pidió al gobierno terminar con estos convenios.
“La Defensoría considera que se deben dejar sin efecto los convenios suscritos entre la Presidencia de la República y las instituciones a las que se les requirió información”, indicó la funcionaria en el oficio que envió a Presidencia el 7 de setiembre.
El convenio fue suscrito el 19 de marzo del 2019, luego que el entonces ministro de la Presidencia Rodolfo Piza, lo solicitó al IMAS.
¿POR QUÉ ES ILEGAL?
El Colegio de Abogados en un análisis que hizo del convenio en mención, determinó que es ilegal.
“La Ley de creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado No.9137 de 30 de abril de 2013 autoriza la transferencia de datos de las instituciones que la conforman hacia una base de datos exclusiva del Sinirube. Dichos datos quedan a resguardo del Sinirube y no pueden ser transferidos a ninguna otra entidad pública o privada pues la ley no autoriza ni sugiere dicha transferencia. La información puede ingresar al Sinirube y ser tratada allí, pero no puede ser trasladada a otros entes, públicos o privados”.
Esa fue la conclusión a la que llegó el Colegio de Abogados según el informe con fecha del 29 de julio y suscrito por Álvaro Sánchez González, presidente de este colegio profesional.
DENUNCIA A FISCALÍA
En la comisión legislativa que investiga la UPAD, se determinó que incluso Casa Presidencial tuvo acceso al Sinirube mucho antes de suscribir el convenio.
La información la obtuvo el asesor de Presidencia, Santiago Álvarez Ovares, persona muy cercana al presidente Carlos Alvarado, quien tuvo acceso al Sinirube y el 15 de noviembre del 2018 le envió un oficio a la entonces presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) María Fullmen, donde solicita el acceso a esta base de datos.
En el oficio se especifica que Presidencia requiere datos socioeconómicos y sociodemográficos de población entre 18 a 44 años.
Ese informe incluye: tipo de vivienda, ubicación, estado de la vivienda (piso, techo, paredes, cielo raso), empresa proveedora de electricidad y de agua y si tienen internet.
También se les entregó información sobre los ocupantes de la vivienda, estado civil, sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, si son asegurados, si tienen empleo, de qué tipo, cantidad de ingresos y si hay antecedentes de violencia doméstica, o si hay personas con alguna discapacidad.
Además, se solicitó la información de los beneficios sociales que estas personas reciben, quién lo recibe, de cual programa social y cuánto dinero se les gira.
Los datos se solicitaron sin el nombre o número de cédula de las personas, y según el oficio se indica: “Esto para analizar una solicitud explícita de la Presidencia de la República referente al tema de una estrategia de empleabilidad sobre esta población”.
Ante esto la diputada liberacionista Silvia Hernández denunció penalmente tanto a Álvarez Ovares, como Erikson Álvarez Colange, director del Sinirube.
DATOS SENSIBLES
En otro oficio que el director del Sinirube le responde al asesor Álvarez con fecha del 23 de noviembre del 2018, donde le confirma el acceso a la base de datos, le recuerda incluso que son “datos sensibles, por lo que esta información debe tratarse con los aspectos de seguridad y confidencialidad necesarios”.
“No omito manifestar que por lo sensible de la información esta debe ser resguardada por su persona con la mayor discreción para asegurar el tratamiento de sus datos personas Nº 8968”, indicó Erikson Álvarez en el oficio Sinirube -297-11-2018.
Cuando la diputada Hernández le cuestionó en la audiencia si el Sinirube supervisó que se aplicaran protocolos en Presidencia para el resguardo de tan sensible información de miles de personas, la respuesta fue un “no”.
Es decir, no hay registros de cómo el despacho de Casa Presidencial utilizó esta información ni el resguardo que se tuvo de la misma.
“Es un relajo que con todo lo que ha pasado y los cuestionamientos que hay, el Gobierno y la misma Prodhab no hayan hecho nada para derogarlos”, enfatizó la diputada Hernández.
El Sinirube, según Casa Presidencial, integra bases de datos de 7 instituciones.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 17 Septiembre, 2020
HORA: 12:00 AM
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