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Nacionales

Mideplan presiona por empleo público

Insiste en ahorro del 0,7% del PIB al año

María del Pilar Garrido Gonzalo, ministra de Planificación

A pesar de las críticas del Congreso en relación con la supuesta inconstitucionalidad del proyecto Ley Marco del Empleo Público, pues les pasaría por encima a los poderes del Estado, en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) insisten en el plan que aseguran le generaría un ahorro de ¢243.000 millones al año al país.

De acuerdo con esa cartera, liderada por la ministra María del Pilar Garrido Gonzalo, la iniciativa de ley de empleo público es clave para la sostenibilidad fiscal del país.

Recordó que esta es un instrumento para ordenar la legislación existente en materia de empleo público y para mejorar el reclutamiento y la selección de personal, con el fin de dar servicios de excelencia a la ciudadanía. 

También es una herramienta para crear ahorros al Estado al pasar de un esquema salarial compuesto a un salario global para las nuevas personas funcionarias, lo cual a su vez permitiría reducir las inequidades salariales existentes en la actualidad.

“Costa Rica necesita con urgencia la nueva ley de empleo público para ayudar a la sostenibilidad fiscal. Este proyecto podría generar ahorros de ¢243.000 millones (0,7% del PIB) al año. El salario global es el instrumento para lograrlo.

Al mismo tiempo permitirá eliminar paulatinamente las inequidades salariales existentes hoy en día y cumplir con el mandato constitucional que establece la existencia de un solo régimen de empleo público”, expresó Garrido Gonzalo.

También explicó que el proyecto de ley implica un cambio de paradigma para pasar de un enfoque de empleo público donde quien define salarios, reglas de contratación y otros es la institución, a otro donde lo relevante será la prestación del servicio que se ofrece para mejorar la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

Adicionalmente detalló que la iniciativa de ley se ajusta técnicamente a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las recomendaciones de la Procuraduría General de la República (2015) y el Informe Económico de dicha organización (2020).

 

PROPUESTA

 

El proyecto de ley de empleo público propone crear 1 solo régimen de empleo y 8 familias salariales. Una columna salarial será la base para establecer los salarios globales en las diferentes familias y se aplicaría a todos los empleados nuevos que ingresen al sector público una vez aprobada la ley. Para definir la política salarial de cada año se considerarían los fondos públicos disponibles y mantener las remuneraciones competitivas con respecto al sector privado.

La propuesta de ley también propone profesionalizar el reclutamiento y la selección de personal para que se realicen pruebas especializadas y se sopese la idoneidad y los méritos de cada persona antes de ser elegida y se elijan a las mejores.

Lo anterior se complementaría con guías para transparentar y democratizar el reclutamiento de personal y daría como resultado contar con personas funcionarias de excelencia, que den servicios públicos de alta calidad.

También el proyecto de ley propone incentivos no salariales a las personas con mejor desempeño.

La propuesta se enmarca en el más estricto respeto a los derechos adquiridos por las personas funcionarias públicas que actualmente laboran en el sector público, así como a los derechos fundamentales.

 

POLÉMICA

 

Se debe recordar que la semana anterior diputados de oposición como Dragos Dolanescu Valenciano arremetieron con todo contra la iniciativa del gobierno. A su criterio Garrido dejó claro que quiere estar por encima del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

Para el legislador lo anterior no solo es sumamente peligroso, sino que también lesiona sin lugar a dudas la división de poderes.

“De la audiencia en la Comisión de Gobierno donde se recibió a Pilar Garrido con el tema de empleo público uno sale con los pelos de punta al ver cómo ni disimulan en su intención de crear un ‘megaministerio’ que esté por encima del bien y del mal en nuestro país, y que disponga la competencia de establecer y dirigir políticas y lineamientos en materia de empleo público para todo el mundo”, denunció.

Agregó: “No les importa el tema de la independencia ni la división de poderes, quieren concentrar todas las acciones, políticas públicas y directrices desde Mideplan. Según uno entiende, va a tener más poder el ministro de Planificación incluso que el presidente de la República, los magistrados y los diputados”. 

Continuó: “Es más, según lo dijo la señora Garrido, ya no es necesario darle esas facultades al Mideplan porque dice que desde que aprobaron el paquetazo fiscal nos metieron un golazo, ya que en la Ley 9635 le dieron potestades amplísimas como regente del empleo público, y según ella explicó, los magistrados en ese momento avalaron esas potestades al no encontrar inconstitucionalidades en el proyecto”.

Por último, Dolanescu indicó: “Esto a pesar de que varios expertos constitucionalistas llamados por la Comisión de Gobierno para hablar del tema y hasta la misma Corte en su respuesta a la consulta obligatoria sobre el proyecto de empleo público han señalado posibles vicios de constitucionalidad e intromisión del Poder Ejecutivo en los otros poderes”.

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Miércoles 16 Septiembre, 2020

HORA: 12:00 AM

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