Los diputados de la comisión especial que estudia las recientes actuaciones de Catalina Crespo Sancho en su cargo como defensora de los Habitantes, sesionarán de forma privada.
Los legisladores se escudaron en el artículo 75 del Reglamento Legislativo para no revelar información relacionada con el proceso que se seguirá para determinar la actuación de la jerarca.
De acuerdo con el departamento de Relaciones Públicas de la institución, la publicidad de la comisión violentaría los derechos de los investigados.
Desde ese recinto indicaron que, aunque ese artículo posee una acción de inconstitucionalidad, el mismo no se resuelve por la Sala Constitucional, por lo cual imposibilita la posibilidad de que las sesiones sean transmitidas.
COMISIÓN INVESTIGADORA
Un informe de consulta pública elaborado el 9 de agosto de 2020 por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que el proceso de investigación es distinto del que se sigue contra cualquier otro funcionario.
Indicaron que la comisión designada por Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, es de diferente naturaleza porque conoce una supervisión jurídica.
Señaló Servicios Técnicos que corresponde a la determinación legal de un proceso sancionatorio-disciplinario.
“En razón de ser, la Defensoría de los Habitantes, un órgano adscrito de la Asamblea Legislativa, cuyo nombramiento y cese de cargo es competencia de esta, lo que le corresponde a esta comisión designada por el presidente de la Asamblea Legislativa es investigar y analizar la denuncia, garantizar el debido proceso y emitir un informe. Amén de lo anterior, se advierte que esta comisión debe respetar todas las garantías del debido proceso, toda vez que inicia un proceso sancionatorio-disciplinario, por lo que la audiencia es de naturaleza privada”, expresó Fernando Campos, director.
ÍNDOLE PRIVADO
La diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), expuso que se definió que la comisión investigadora de la Defensoría de los Habitantes se haga en índole privado.
Solís argumentó que se basaron en la Ley General de Administración Pública y el Criterio de Servicios Técnicos emitido para la creación de esta comisión.
La legisladora enfatizó que apegándose al debido proceso es importante resguardar los datos sensibles que podrían afectar de una u otra manera a la persona investigada.
Indicó que es obligación de todos los diputados hacer valer ese derecho en el marco del proceso de investigación que se sigue.
CUESTIONAMIENTOS
La Defensoría de los Habitantes está en la mira de cuestionamientos desde que se metió de lleno a investigar la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El gobierno de la República creó el decreto ejecutivo Nº 41996-MP-MIDEPLAN, y se publicó en el Diario Oficial de La Gaceta el 17 de febrero anterior. A raíz de la fuerte presión de la opinión pública, el 21 de ese mes derogaron dicho decreto.
La Defensoría de los Habitantes y el comité investigador se reunieron con el presidente Carlos Alvarado, entre las 8:25 a.m. y las 10:40 a.m. del 24 de febrero para conversar sobre la polémica creación de la UPAD.
Esa investigación ocasionó roces internos en la institución, a tal punto que el 27 de mayo, la defensora hizo público el extravío del audio ante la opinión pública y que el caso ya se había enviado al Ministerio Público.
Doce directores del órgano defensor solicitaron el 26 de junio a la jerarca que renunciara a la institución porque su accionar estaba manchando la honorabilidad y credibilidad.
La jerarca aseguró en declaraciones a DIARIO EXTRA que no dejará el cargo y que seguirá abogando por el derecho de las y los habitantes de la República.
Recientemente, la defensora de los Habitantes reestructuró las funciones del Consejo de Directores y les quitó sus funciones relacionadas con el control interno, así como también con la capacidad de emitir pronunciamientos.
RESPONDE
El Periódico de Más Venta de Costa Rica conversó con Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, quien se mostró sorprendida con la recomendación de Servicios Técnicos.
Crespo argumentó que será respetuosa del proceso y que a la fecha aún no es notificada para referirse a este asunto y espera que el análisis se realice con la mayor transparencia y objetividad posible.
Reconoció que el enredo de querer sacarla como jerarca de los Habitantes comenzó con la investigación interna de la UPAD en febrero anterior.
Dijo que desde el momento en que denunció que el gobierno había accedido a datos sensibles de gente en pobreza y pobreza extrema comenzó a resurgir la posibilidad de quitarla del puesto.
Argumentó que cuando se dio cuenta del extravío del audio, lo denunció a la Fiscalía y lo manifestó a los directores, sin embargo, que su reacción fue que eso debía haberse manejado a lo interno y que los trapos sucios no debían por qué ventilarse.
Para este lunes 24 de agosto se tenía en audiencia a cuatro directivos de la Defensoría de los Habitantes, entre ellos, Laura Fernández, director de la Defensoría de la Mujer; Álvaro Paniagua, director de Igualdad y de No Discriminación; Hazel Díaz, directora de Gobernanza Pública; y Jeannette Carrillo, directora del Instituto de Educación.
AUTORIDADES OPINAN
• Catalina Crespo
Defensoría de los Habitantes
“Lo que más me preocupa es que todo se haga con base en un proceso legal porque eso es fundamental, porque eso es lo que hace diferencia a un país democrático a uno no democrático. Siempre debemos ser apegados al debido proceso y eso es fundamental. El informe de Servicios Técnicos se firmó domingo, que fue una de las cosas que vimos, no sabía que Servicios Técnicos trabajaba domingos, entonces es interesante ver todas las cosillas que están pasando alrededor de esto”.
• María Inés Solís
PUSC
“Estamos en un proceso sancionatorio-disciplinario y la sesión debe ser privada, según la Ley General de Administración Pública y la Consulta al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa AL-DEST-CJU-042-2020. Eso se hace para resguardar el derecho constitucional de la confidencialidad de los datos sensibles que existen en el proceso. De no ser así, traería un vicio de nulidad por no haberle garantizado a la persona investigada”.
PERIODISTA: Greivin Granados
EMAIL: [email protected]
Martes 25 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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