Entre enero y agosto de 2020 un total de 17 oficiales de Fuerza Pública han sido detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechosos de cometer diferentes delitos en diferentes partes del país.
Aunque la cifra no es alarmante, circunstancias como la impunidad, condiciones sociales y el aumento del crimen organizado serían algunos de los factores que han motivado a los uniformados a caer en el lado de la delincuencia.
Así lo explican Álvaro Ramos, abogado y experto en seguridad, y el sociólogo José Carlos Chinchilla, quienes conversaron acerca de este tema con DIARIO EXTRA.
Durante los últimos meses la policía judicial ha dado a conocer al menos siete investigaciones en las que parte de los involucrados laboran en este cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública.
Uno de los casos más recientes es el de un oficial de la delegación de Palmares, Alajuela, identificado con los apellidos González Elizondo, de 34 años. Según explicó Walter Espinoza, director general del OIJ, a este hombre lo capturaron este miércoles en un allanamiento ya que figura como sospechoso de colaborar con una banda dedicada al narcotráfico en San Ramón y Palmares.
En apariencia, González se encargaba de facilitar información a los miembros de la organización criminal sobre los operativos que realizaba el OIJ en conjunto con Fuerza Pública, esto con la intención de favorecerlos.
En la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública detallaron que González ingresó a trabajar en el año 2007.
Otra de las detenciones se registró en julio pasado en Pococí, Limón, donde capturaron a cuatro policías que habrían ayudado a una banda delictiva para que robaran ¢62 millones en un cajero automático en Tortuguero utilizando el método del acetileno.
MORDIDAS
Uno de los delitos más comunes cometidos por los uniformados que han sido capturados es el de cobrar mordidas a cambio de no aplicar la ley. Por ejemplo, en mayo en Jacó, Puntarenas, se detuvo a cuatro policías sospechosos de los delitos de concusión y abuso de autoridad, pues al parecer, habían amenazado a unos turistas con detenerlos o quitarles sus vehículos si no entregaban sus pertenencias.
En ese mismo mes capturaron otros dos policías en Garabito por el delito de concusión, ya que habrían cobrado una mordida de ¢500 mil a una persona a la que amenazaron con una posible detención por un supuesto transporte ilegal de personas, pese a que se trataba de un grupo de trabajadores.
La otra detención de policías se dio en abril en Puntarenas. Ahí sorprendieron a dos oficiales que también cobraron mordidas para dejar circular un vehículo que tenía algún tipo de irregularidad.
ASALTO
Finalmente, otros tres oficiales fueron detenidos luego de que aparentemente prestaran colaboración en un asalto ocurrido el 13 de abril en un predio en Atenas, Alajuela. El delito por el que se les investiga es robo agravado y en apariencia, al sitio llegaron dos sujetos que fingieron ejecutar un allanamiento para asaltar dos traileros, esto mientras los tres policías estaban afuera del predio en una patrulla prestando custodia o vigilancia.
Asimismo, la semana pasada, el OIJ le tumbó la puerta a un policía apellidado Hidalgo Pereira, de 53 años, en su casa en Orosi, Cartago. Este hombre, que tenía 21 años laborando como policía, es sospechoso de los delitos de producción y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil, así como violación agravada contra persona menor de edad.
IMPUNIDAD
Según explica Álvaro Ramos, abogado y analista en temas de seguridad, un detalle que se debe tomar en cuenta es que, al parecer, los uniformados se han involucrado con estructuras criminales más organizadas como aquellas relacionadas con el tráfico de drogas, lo que demuestra una debilidad intrínseca de caer en este tipo de situaciones.
Para el experto, un problema que estaría provocando que los policías caigan en estos escenarios es la impunidad, esto porque con frecuencia suelen detener delincuentes que horas más tarde quedan en libertad, los que desata un problema en la psicología de los policías.
“Si no pueden vencer al crimen pueden terminar los más débiles ayudando al crimen porque ven que no tiene sentido ser policía honesto si el sistema libera a los criminales que ellos mismos presentan una y otra vez a los tribunales. Este problema es excepcionalmente fuerte para rebajar la moral y las condiciones psicológicas de la policía”, sostuvo.
A esto se suma el escenario en que los uniformados no pueden ser suspendidos o despedidos aunque haya una fuerte duda respecto a su comportamiento, lo que genera que muchos de ellos permanezcan en sus cargos pese a que se haya roto la confianza, según explica Ramos.
Ante la consulta, sobre si los salarios pudieran influir y llevar a los oficiales a cometer este tipo delitos, Ramos asegura que no necesariamente esto los hace caer, pues en muchos casos, existen funcionarios con salarios altos que aún así caen en manos de la delincuencia.
“El factor sueldo sí es importante, que los policías ganen bien, no solo el sueldo sino las condiciones sociales son temas importantes de valorar caso por caso, pero hemos tenido funcionarios que ganan extraordinariamente bien e igual se han metido con el crimen organizado, así es que ese factor en sí mismo no es excusa para que las personas que nos deben proteger se pongan del lado de los criminales”, concluyó.
AUMENTO DEL CRIMEN
Por otra parte, el aumento del crimen organizado y su capacidad económica, así como la susceptibilidad en la que se encuentran algunos de los funcionarios del sistema estatal también está jugando un papel importante en la captación de uniformados por parte de bandas para caer en la comisión de delitos.
Así lo explica José Carlos Chinchilla, sociólogo, quien asegura que estas situaciones no solo las enfrentan los cuerpos policiales del país, sino cualquier tipo de funcionario del Estado, incluso políticos de alto nivel.
“El ser parte del Estado no lo vuelve invulnerable sino más bien no en pocas ocasiones posiblemente son tentados por intereses particulares, en este caso por el narcotráfico que tiene un gran poder económico. Es decir, los miembros de la Fuerza Pública son tentados y algunos de ellos vulnerados por el interés de los grupos criminales que, a través de cúmulos económicos, generar ingresos adicionales hacen que un policía ceda a los intereses de esos grupos”, dijo.
El sociólogo destaca que este es un escenario que se repite en cualquier país y no solo en Costa Rica. Según manifestó, lo que ocurre es que de alguna manera los uniformados están presionados económicamente por lo que al plantearles la posibilidad de ganar dinero más fácilmente algunos terminan cediendo.
De acuerdo con Chinchilla, afortunadamente la cantidad de policías detenidos es baja, sin embargo, conforme el crimen organizado se acreciente y la situación económica se vuelva más compleja estos casos podrían tender a aumentar.
“Ha ido creciendo la criminalidad organizada y en ese sentido tratan de captar individuos que están dentro del sistema de la policía, ya sea preventiva o de investigación para que les colaboren con informantes, por ejemplo. Ese tipo de cosas probablemente se irá acrecentando con el tiempo porque los grupos criminales tienen una fuerte capacidad económica y muchos empleados apenas les alcanza para vivir entonces ahí hay una tentación muy grande”, comentó.
Asimismo, Chinchilla asegura que estamos muy lejos de que nuestros cuerpos policiales tengan la imagen de corrupción plasmada pues existe un proceso de selección y formación bastante riguroso.
“Es muy importante que se haya podido determinar efectivamente que hay policías involucrados en estos procesos, pero todavía lo que me parece más importante para una sociedad es que la mayoría de la Fuerza Pública no es una policía corrupta. En otros países cuando lo detienen a uno lo primero que se piensa es ‘aquí viene la mordida’, en nuestro país la gente todavía tiene confianza porque son casos aislados”, acotó.
SIN RESPUESTA
DIARIO EXTRA solicitó en la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública una entrevista con el ministro Michael Soto para ampliar acerca de este tema y la posición de la institución al respecto, sin embargo, se nos indicó que “el señor tiene la agenda llena” y no le era posible atendernos ni siquiera por vía telefónica.
Asimismo, se solicitaron datos estadísticos acerca de la cantidad de policías que han sido suspendidos o despedidos por verse involucrados en la comisión de estos delitos, pero al cierre de esta nota tampoco se obtuvo respuesta.
PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora
CRÉDITOS: Fotos: Archivo
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Sábado 22 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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