PANI: 90 años promoviendo los derechos de la niñez y la adolescencia
Gladys Jiménez Arias*
El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos -doctrina de la protección integral- y no como objetos de protección –doctrina de la situación irregular-, es un cambio de paradigma que surge a partir de los 80. Los principios del interés superior, no discriminación, participación, y el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, se comienzan a consolidar a comienzos del siglo XX. Los niños, niñas y adolescentes (NNA) eran considerados personas adultas en miniatura o apéndices de sus padres, así como durante muchas décadas se usó el concepto de “menor” para referirse al niño o niña que se encontraba en una situación de dificultad, de riesgo social, lo que legitimaba una potencial acción judicial indiscriminada y hasta abusiva por parte del Estado.
Costa Rica se ha distinguido por ser un país respetuoso y garante de los Derechos Humanos, es así como ha suscrito una serie de compromisos internacionales que han robustecido la legislación con la que cuenta el país para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que, un 15 de agosto de 1930, nace el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), bajo la dirección del profesor Luis Felipe González Flores y como dependencia de la Secretaría de Previsión Social.
En la Constitución Política de 1949, se le confiere la protección especial de la madre y de la persona menor de edad, para lo cual contará con la colaboración de otras instituciones del Estado. En la Ley Orgánica del PANI (1996) se le otorga el rango de institución rectora en materia de Niñez y Adolescencia, así como con la promulgación del Código de Niñez y Adolescencia (1998) se le asignan funciones muy específicas y trascendentales en favor de la niñez, como llevar adelante el proceso especial de protección en sede administrativa.
En el Código de Niñez y Adolescencia se crea el Sistema Nacional de Protección, para garantizar la protección integral de los derechos de las personas menores de edad (PME), en el diseño de políticas públicas y la ejecución de programas destinados a su atención, prevención y defensa por parte de las instituciones gubernamentales y sociales; a saber, el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, las Juntas de Protección de la Infancia y los Comités tutelares de los derechos de los NNA. Nuestros legisladores, con gran acierto, comprendieron que garantizar el desarrollo integral de la niñez y adolescencia no es tarea de una sola institución, sino del trabajo intersectorial del Estado, la sociedad y la familia.
Efectivamente le corresponde al PANI como institución rectora técnica, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, liderar y coordinar el proceso de protección integral con las instituciones y organizaciones sociales, procurando la primacía del interés superior.
A 90 años de su constitución, el PANI tiene el reto de fortalecer su gestión ejerciendo su rectoría técnica; adaptarse e innovar ante los nuevos requerimientos que se plantean; orientar sus acciones para que los niños, niñas y personas adolescentes sean escuchados y sus opiniones sean tomadas en cuenta en todos los asuntos que les atañen, garantizar el derecho a crecer y desarrollarse en familia con nuevos modelos de acogimiento familiar, y promover la desinstitucionalización.
Para ello, trabaja en un modelo de gestión y un proceso especial de protección, sencillo, ágil, moderno y garantista; prevenir, atender y erradicar situaciones de violencia, maltrato o abuso; promover un cambio estructural de conductas y modelos de crianza inadecuados y que han sido normalizados, como el castigo físico o las relaciones impropias. Además, de fortalecer sus programas de prevención, educación y formación y ejecutar eficientemente los recursos que se le asignan.
Actualmente se desarrollan 4 proyectos muy ambiciosos, el expediente digital, el fideicomiso de obra pública, que pretende construir 37 edificaciones, las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata (URAI) para atender a toda hora, todos los días; y la instauración del programa de acogimiento familiar que promueve la desinstitucionalización.
Una parte muy importante de la labor del PANI es preventiva y formativa, es por ello que durante el 2019 se certificó a 4.551 padres y madres en el programa de Academias de Crianza; se atendió a 7.688 niños, niñas y adolescentes en los 8 Centros de Intervención Temprana; a través de las 14 unidades móviles, se atendió a 28.633 personas menores de edad y sus familias; y 20.301 personas participaron en proyectos educativos.
A través del subsidio a 97 Centros Infantiles de Desarrollo y Atención Integral (Cidais) se brinda alimentación y cuido a 4705 niños y niñas. Se construyeron 373 parques infantiles en los últimos tres años. Durante el 2019, brindamos atención psico-socio-legal a 84.037 personas. Se fortaleció la salud mental de 476 niñas, niños y adolescentes a través de las Casitas de Escucha. Se formó a 667 adolescentes en habilidades para la vida a través de los clubes de adolescentes.
La atención a los niños y niñas en situaciones de riesgo se atiende, a partir de este año, con un nuevo servicio, las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata en 6 de las 10 regionales del PANI, esperando completar este servicio en octubre. Durante 2019 se dio respuesta a 75.393 denuncias por situaciones violatorias de derechos y se protegió a 9.709 niños y niñas en hogares solidarios y a 5.052 niños en alternativas.
En un año, 115 niños y niñas encontraron un hogar a través del proceso de adopción. Protegimos a 30 niños y niñas víctimas de trata y a 61 por el proceso de sustracción internacional. Se otorgaron 2.369 becas a adolescentes madres manteniéndose en el sistema educativo y se desarrollaron 74 proyectos a través de las Juntas de Protección. Ocho campañas para promover la prevención y la educación se han realizado con el apoyo de otras organizaciones.
Para atender la pandemia habilitamos Servicios de Asistencia Sanitaria Temporal (SAST) en todo el país y constituimos el SAST Nacional para la atención de niños, niñas y adolescentes con Covid. Además, se fortalecieron con contenido económico varios programas institucionales que atienden directamente a los la niñez y adolescencia afectada. El Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia ha llevado a cabo más de 300 acciones para atender a esta población en esta situación sanitaria.
Son muchas las funciones, es por ello tan necesario garantizar los recursos económicos dirigidos a la niñez y la adolescencia, en este sentido, le corresponde al PANI llevar un registro del gasto público dirigido a esta población por las distintas instituciones del Estado, proceso que ya inició y del que se brindará un informe anual.
Por principio de No-regresividad, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros Tratados Internacionales suscritos por el país señalan que los progresos alcanzados en la protección de los derechos humanos son irreversibles, de modo que siempre será posible expandir el ámbito de protección de los derechos, pero no restringirlos, es por ello que el Estado está llamado a garantizar que la inversión pública hacia los niños, niñas y adolescentes no se reduzca, lo que conmina al PANI a realizar una eficiente gestión de los recursos asignados a la población de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, que es de 1millón 320.958 personas.
*Presidenta Ejecutiva PANI
