El proyecto de ley que pretende suspender el pago de anualidades al sector público durante los años 2021 y 2022 tiene luz verde para ser votado en el plenario legislativo sin la necesidad de mayoría calificada.
Se trata del expediente 21.917, que pretende destinar dichos recursos para la atención de la emergencia producto del Covid-19.
Al respecto la Corte avaló un informe realizado por el magistrado de la Sala I, William Molina Vílchez.
“El Poder Judicial no puede abstraerse de las consecuencias económicas que la pandemia ha tenido, tiene y tendrá, primero, sobre las personas, físicas y jurídicas, en el territorio nacional (a quienes refiere expresamente en la exposición de motivos del proyecto), y en segundo término, sobre las finanzas públicas mismas. La contracción de las actividades económicas lógicamente incide en la recaudación tributaria, y de forma mediata, también en el futuro gasto público”, señala el criterio judicial.
En específico, el magistrado Molinari puntualizó: “Si bien en el proyecto no se observa un fundamento o estudio técnico ni se refiere una estimación sobre los recursos que no se presupuestarían en el 2021 y 2022 para el pago del monto proporcional correspondiente al incentivo salarial denominado anualidad ganado precisamente en los años 2021 y 2022, lo cierto es que cualquier que sea su cuantía, lógicamente podrían ser destinados por el Poder Ejecutivo para la atención de la crisis de salud, económica y social originada en la pandemia por el Covid-19”.
Así las cosas, en el análisis de fondo del proyecto de ley, la Corte Plena determinó que sí incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial y se expuso el argumento técnico, sin embargo, señalaron la anuencia a su aprobación ante la difícil situación económica que enfrenta el país por la pandemia sanitaria.
“En este entendido, estima el suscrito que el proyecto -salvo por lo indicado respecto del párrafo tercero- califica como medida razonable, según los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, pues resulta innegable la necesidad que tiene el Estado de hacer frente a las afectaciones económicas y sociales generadas por la pandemia; la eliminación propuesta es sobre 2 retribuciones económicas concretas (“anualidades”) en 2 períodos presupuestarios específicos, sin denegar en esos 2 períodos presupuestarios 2021 y 2022 el pago que sí corresponde por concepto de las “anualidades” que se encuentran ya incorporadas en la esfera jurídica patrimonial de cada uno de los servidores. De ahí que concluya que la medida es proporcional”, puntualiza el acuerdo de Corte Plena.
PERIODISTA: Marco Antonio González
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Miércoles 12 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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