La pandemia de la burocracia y su efecto en la educación pública
Freddy Mauricio Montero M.*
El Estado costarricense sufre de una pandemia, la de la improvisación y la burocracia, producto de una larga lista de decisiones pospuestas y mal coordinadas que ahora le pasan la factura al futuro de la niñez y la adolescencia del país. Hace cerca de diez años atrás, se creó el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), con el propósito de garantizar acceso universal a las tecnologías, principalmente para las poblaciones más vulnerables, así como a las comunidades rurales; y desde entonces sus avances han sido poco significativos. Mientras las clases presenciales en escuelas y colegios se mantenían, pocas personas de la comunidad educativa se percataban del atraso histórico que Fonatel le estaba causando al desarrollo tecnológico equitativo de este país, hasta que llegó el Covid-19 y pudimos todos comprender la profundidad de la deuda que nos quedó debiendo la Sutel en la administración del Fondo. En la actualidad, cerca del cincuenta por ciento de todo el estudiantado nacional de primaria y secundaria se perdió en el limbo, sin que las autoridades del Ministerio de Educación Pública sepan a ciencia cierta dónde están, o qué hacen, dado que carecen de internet y de computadoras. ¿Qué sucede con el derecho a la educación pública en iguales condiciones para todas las personas menores de edad y costeada por el Estado que pregona nuestra Constitución Política?
Mientras esto sucede, desde mayo anterior las autoridades del Ministerio de Educación Pública apuntaron todos sus esfuerzos a crear la estrategia “Regresar”, y con un grupo de expertos desarrollaron, entiendo, dieciséis protocolos diferentes para organizar el regreso a las clases presenciales, y siendo que nuestro país cuenta con un ministro de Salud que es epidemiólogo, ¿no era posible que el Dr. Salas le explicase a la Sra. ministra de Educación de que la vuelta a las clases presenciales era algo que a todas luces no sería viable en el corto tiempo?, ¿por qué desgastar tanto esfuerzo institucional en regresar a la presencialidad sin realizar los esfuerzos para atender la enorme brecha digital que distancia y afecta a nuestra infancia y juventud?
Hay que decirlo con claridad, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Superintendencia de Telecomunicaciones le quedaron debiendo a la niñez y a la juventud de este país, y ahora las personas menores de edad en situación de pobreza y residentes de comunidades rurales están privados del derecho básico a la educación debido a las decisiones estratégicas que estas instituciones en el pasado no tomaron, por los proyectos postergados y por la burocracia galopante que asola en sus escritorios.
Si de algo ha servido el Covid-19 para la sociedad costarricense, es para que comprendamos la gran importancia que poseen las tecnologías de comunicación, para el presente y el futuro de nuestra sociedad, razón por la cual ya no se deben postergar más las decisiones estatales en esta materia, y el Estado debe garantizar que nuestra niñez y adolescencia no quede privada de la educación pública, tal y como lastimosamente nos está sucediendo hoy con la mitad de toda la población estudiantil nacional.
*Antropólogo social, politólogo, Lic. en docencia
