¿No es que estas bases eran confidenciales?

EDITORIAL

Se supone que cuando usted, yo o cualquier ciudadano llena un documento en una institución pública a esa información se le dará un manejo privado, es decir, no puede ser usada por terceros, ya sea para ofrecer otro bien o para rastrearnos para saber si somos de un partido o de otro y mucho menos para que en base a ella se comience a jugar con nuestras necesidades.

Cuando muchos llenaron los documentos para solicitar una ayuda, una beca o un subsidio, lo hicieron con la esperanza de que el gobierno pudiera colaborarles a salir del bache en el que estaban o para auxiliarlos temporalmente para por lo menos llevar una vida digna, no para para que se sirvieran de dicha información con propósitos que aún ni siquiera están claros.

Con lo dicho hasta ahora queremos abordar el tema de la información que salió del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y que le fue entregada a este gobierno cuando se creó la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Y es que en una primera solicitud se pidió información despersonalizada, sin embargo en una segunda petición sí entregaron no solo los datos de estas personas, sino de sus padres y responsables. Ese manejo inapropiado hace que una vez más nos preguntemos la razón que impulsó al Ejecutivo a buscar esos datos, ¿será que acaso está pensando en la siguiente campaña cuando acaba de iniciar el segundo tiempo del actual mandato?

Quisiéramos saber a ciencia cierta para qué el gobierno quería información que incluye tipo de vivienda, ubicación, estado de la vivienda (piso, techo, paredes, cielo raso), empresa proveedora de electricidad y de agua, y si tienen internet.

También se les entregó datos sobre los ocupantes de la vivienda, estado civil, sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, si son asegurados, si tienen empleo, de qué tipo, cantidad de ingresos y si hay antecedentes de violencia doméstica, o si hay personas con alguna discapacidad.

Si en Costa Rica se tiene un ministerio que ya se encarga de esto, para qué la Presidencia de la Republica quería esa información, pues pese a su conocimiento no han resuelto el tema de la pobreza y mucho menos el del desempleo.

Por eso todos los costarricenses vemos con buenos ojos la decisión tomada por la diputada liberacionista Silvia Hernández, quien interpuso la denuncia en la fiscalía con el propósito de que se investigue estas actuaciones del todo irregulares y de llegar al fondo para determinar quién tomó la decisión de dar la información de los costarricenses, así como qué se hizo con cada uno de los datos obtenidos.

Además, es importante tomar en cuenta que aún no existía convenio alguno para que las instituciones en el país le dieran este tipo de información a la Presidencia y menos sin existir un acuerdo de confidencialidad.

Bastante sabia la decisión de denunciar aunque la comisión no haya concluido su labor, porque en esta entrega de información no solo estuvo involucrado un asesor del mandatario, sino del director del Sinirube, quien curiosamente fue nombrado por el mismo Alvarado cuando estaba en el Instituto Mixta de Ayuda Social.

No es que se esté acusando a nadie formalmente, pero sí es bueno aplicar aquel refrán de los abuelos que decía que tenemos que desconfiar hasta de nuestra sombra, porque esta de vez en cuando también nos abandona.

Y es que entre más se escarba en la comisión de la UPAD más datos escabrosos salen a la luz porque al principio se dijo que no habían obtenido información relevante, luego con el paso de las audiencias resultó que sí habían entregado información de los beneficiarios de estos programas sociales.

A todas luces esto que pasó con la información de los costarricenses es ilegal y entre más se busca y se escarba más pinta de ser un delito tiene la creación de famosa UPAD.

En este momento del partido ya nadie tapar a nadie y si para salvarse ocupan echar de cabeza hasta el jefe de jefes lo van a hacer, a ver si de una vez por todas los creadores de la idea de investigarnos y escarbar en nuestras vidas pagan las consecuencias de sus decisiones.

Lo que esperamos es que las autoridades actúen de manera diligente y de verdad pase algo con el caso y que no suceda como con el Cementazo y la investigación en el área de las cooperativas en las se hizo bulla más que todo, pero de eso no ha pasado.

Si hay personas que han actuado mal, es justo que tengan un castigo sin importar si esto incluye al Presidente de la República, sus ministros o sus asesores estrella.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Viernes 07 Agosto, 2020

HORA: 12:00 AM