La contralora general Marta Acosta recomendó a los diputados que la ley que se discute para reformar el empleo público no haga excepciones.
La jerarca de la Contraloría se refiere al expediente 21.336, donde tras un análisis del texto sustitutivo se advierte que instituciones que operan en competencia (por ejemplo el ICE y el INS), así como entes públicos no estatales, como los bancos, quedarían fuera de este marco regulatorio.
“Yo quiero ser muy honesta y decir que este proyecto lo que permite es un avance gradual hacia un sistema de empleo público mucho mejor, pero hay que hacerle cambios y precisar temas”, indicó.
SIN CRITERIO TÉCNICO
Este proyecto contempla establecer salarios similares en el sector público por medio de la implementación de 8 familias para estos funcionarios y así acabar con las desigualdades en las remuneraciones.
Esas 8 familias se segmentan en: servidores públicos en general, funcionarios de la salud, policías, educación (en todas sus categorías), administradores de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), servidores del servicio exterior y funcionarios de confianza.
Pero el análisis de la contralora señala que no hay un criterio técnico para este esquema.
“En nuestro oficio 12.844 de agosto 2019 insistimos en la ausencia de criterios técnicos que sustentaran los subregímenes, hoy familias de puestos, situación que al mantenerse parece reforzar las disparidades existentes entre entidades públicas. El enfoque de legalizar las diferencias de acuerdo con familias en lugar de subregímenes mantiene las mismas limitaciones”, indicó la jerarca.
La Contraloría considera que es posible avanzar en el diseño del modelo de empleo público por medio de un enfoque de reglas generales uniformes que permitan la convergencia de diferentes regímenes, con lo cual sería innecesaria la definición de familias.
MÁS DUDAS
Otro detalle que deja dudas en el proyecto es que es omiso en la evaluación del desempeño de los empleados públicos y el tema del salario global que se plantea tiene una metodología poco clara, “no se facilita la implementación”, comentó.
Para el ejercicio 2019, el gasto en remuneraciones alcanza los ¢5,9 billones, 16,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
“El sistema de empleo público, como motor del crecimiento económico y social, debe ser transparente, justo, equilibrado y vigoroso”, insistió Acosta.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 06 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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