La diputada liberacionista Silvia Hernández presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Erikson Álvarez Calonge, quien funge como director del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
Este miércoles en la comisión legislativa que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), Hernández, quien preside dicho foro legislativo, cuestionó como Álvarez entregó acceso a la base de Sinirube -sin existir un convenio previo de confidencialidad- a uno de los asesores cercanos del presidente Carlos Alvarado, acto que sería ilegal.
Se trata de Santiago Álvarez Ovares, persona muy cercana al mandatario, quien tuvo acceso al Sinirube y el 15 de noviembre de 2018 le envió un oficio a María Fullmen Salazar, entonces presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), donde solicitó el acceso a esta base de datos.
La denuncia al Ministerio Público que envió la verdiblanca también incluye al asesor Álvarez.
No fue hasta marzo de 2019 cuando se firmó un convenio oficial entre Sinirube y Casa Presidencial, tras solicitud del entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza (ver nota aparte).
DATOS SENSIBLES
En el oficio se especifica que Presidencia requiere datos socioeconómicos y sociodemográficos de población entre 18 y 44 años.
Ese informe incluye: tipo de vivienda, ubicación, estado de la vivienda (piso, techo, paredes, cielo raso), empresa proveedora de electricidad y de agua, y si tienen internet.
También se les entregó información sobre los ocupantes de la vivienda, estado civil, sexo, edad, nacionalidad, nivel educativo, si son asegurados, si tienen empleo, de qué tipo, cantidad de ingresos y si hay antecedentes de violencia doméstica, o si hay personas con alguna discapacidad.
Además se solicitó la información de los beneficios sociales que estas personas reciben, quién lo recibe, de cuál programa social y cuánto dinero se les gira.
Los datos se solicitaron sin el nombre o número de cédula de las personas y según el oficio se indica: “Esto para analizar una solicitud explícita de la Presidencia de la República referente al tema de una estrategia de empleabilidad sobre esta población”.
La legisladora Hernández calificó como gravísima la actuación de Álvarez.
“Lo expuesto aquí es gravísimo. El señor Erikson Álvarez como jerarca del Sinirube le trasladó datos sensibles personales al asesor presidencial Santiago Álvarez sin autorización legal. Eso para mí es una posible violación del artículo 196 bis del Código Penal.
Por esa razón estaré haciendo la denuncia respectiva ante la fiscala general Emilia Navas contra Santiago Álvarez Ovares y Erikson Álvarez Colange por el traslado de información y violación de datos sensibles personales sin autorización legal para ello”, indicó Hernández.
La diputada le cuestionó en la audiencia al jerarca del Sinirube sobre qué acuerdo, criterio legal o acto administrativo le entregó las bases de datos sensibles al asesor de Casa Presidencial, a lo que Álvarez prefirió guardar silencio alegando que podría verse incriminado en la respuesta.
NO HUBO CONTROLES
En otro oficio que el director del Sinirube le responde al asesor Álvarez con fecha 23 de noviembre de 2018, donde le confirma el acceso a la base de datos, le recuerda incluso que son “datos sensibles, por lo que esta información debe tratarse con los aspectos de seguridad y confidencialidad necesarios”.
“No omito manifestar que por lo sensible de la información esta debe ser resguardada por su persona con la mayor discreción para asegurar el tratamiento de sus datos personales”, indicó Erikson Álvarez en el oficio Sinirube-297-11-2018.
Pero cuando la verdiblanca Hernández le cuestionó si el Sinirube supervisó que se aplicaran protocolos en Presidencia para el resguardo de tan sensible información de miles de personas la respuesta fue “no”.
Es decir, no hay registros de cómo el despacho de Casa Presidencial utilizó esta información ni el resguardo que hizo de esta.
El diputado independiente Jonathan Prendas señaló que en el caso de la UPAD y el Sinirube “no existieron medidas de seguridad para proteger los datos personales y sensibles de los costarricenses. Incluso esa información fue compartida mediante correo electrónico a asesores de Presidencia como si fuera cualquier cosa”.
Al menos cinco asesores de Presidencia que en ese momento tuvieron relación con la UPAD firmaron convenios de confidencialidad para acceder a datos del Sinirube.
Prendas insistió al preguntar si la información que se trasladó a Presidencia excluye datos personales, es decir nombres, números de cédula y demás, a lo que Álvarez se limitó a decir que la información se entregó según el marco del convenio.
El congresista en su interrogatorio cuestionó a Álvarez cómo llegó a la dirección del Sinirube.
Este respondió que fue nombrado en 2016, luego de un concurso público donde participaron 108 candidatos y que su nombramiento lo hizo el Consejo Rector, que lo componen varias instituciones del sector social.
En ese momento el presidente Carlos Alvarado era el ministro del IMAS y tuvo responsabilidad en el nombramiento de Álvarez.
El Sinirube a la fecha mantiene convenios de traslado de información con 48 instituciones distintas.
¿QUÉ ES EL SINIRUBE?
Es una plataforma tecnológica que identifica de forma rápida y oportuna a las personas beneficiarias de todos los programas sociales con criterios homogéneos, evita las duplicidades y garantizará que los dineros públicos en esta materia sean destinados a la población que realmente los necesita. Está adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social y busca cumplir como herramienta de gestión y articulación. Fue creado mediante la Ley No.9137, como una plataforma tecnológica que recibe la información de todas las instituciones del sector social.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
EMAIL: [email protected]
Jueves 06 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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