De acuerdo a un análisis que realizó el Colegio de Abogados a pedido de la comisión legislativa que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el acceso a los datos de esta unidad presidencial al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) fue ilegal.
“La Ley de creación del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado No.9137 de 30 de abril de 2013 autoriza la transferencia de datos de las instituciones que la conforman hacia una base de datos exclusiva del Sinirube. Dichos datos quedan a resguardo del Sinirube y no pueden ser transferidos a ninguna otra entidad pública o privada, pues la ley no autoriza ni sugiere dicha transferencia. La información puede ingresar al Sinirube y ser tratada allí, pero no puede ser trasladada a otros entes, públicos o privados”.
Esa fue la conclusión a la que llegó el Colegio de Abogados, según el informe con fecha del 29 de julio y suscrito por Álvaro Sánchez González, presidente de este colegio profesional.
El Sinirube, de acuerdo con Casa Presidencial, integra bases de datos de 7 instituciones.
“Esta plataforma tecnológica es un sistema que identifica de forma rápida y oportuna a las personas beneficiarias de todos los programas sociales con criterios homogéneos, evita las duplicidades y garantizará que los dineros públicos en esta materia, sean destinados a la población que realmente los necesitan. Está adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social y busca cumplir como herramienta de gestión y articulación. Fue creado mediante la Ley 9137, como una plataforma tecnológica que recibe la información de todas las instituciones del sector social”, explica un comunicado de Casa Presidencial.
CONVENIO
De acuerdo a la forma de trabajo que utilizaron los asesores de presidencia que estaban detrás de la UPAD, para acceder a datos de distintas instituciones suscribieron convenios.
Ese fue el caso con Sinirube, pues de acuerdo con información de la Defensoría de los Habitantes, Casa Presidencial suscribió un convenio el 18 de marzo del 2019, entre el Ministerio de la Presidencia y la Dirección Ejecutivo del Sinirube, dando acceso a toda la base de datos de la población del país que recibe ayuda de programas sociales.
Es decir, basados en el criterio del Colegio de Abogados, ese convenio no tenía cabida legal.
A esto hay que agregar que según expertos en manejo de datos, los asesores detrás de la UPAD no aplicaron protocolos para el resguardo de esa información, que según la Defensoría contenía datos sensibles de la población.
El criterio del Colegio fue respaldado por el abogado Mario París, especialista en resguardo de información.
París dijo en la comisión que el artículo 7 del decreto presidencial que buscaba crear legalmente la UPAD sería inconstitucional, ya que obligaba a las instituciones a entregar información a la UPAD incluso de carácter confidencial.
“Este decreto intentó proponer una limitación a un derecho fundamental mediante decreto ejecutivo, eso para mí es un evidente mal manejo de la materia”, aseguró.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 01 Agosto, 2020
HORA: 12:00 AM
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