Una bomba de tiempo

EDITORIAL

Una bomba de tiempo. Esa frase podría resumir de la mejor manera lo que está ocurriendo en el país. Ya no solo es un problema político, sino que nos enfrentamos a un verdadero calvario económico y social, acentuado por las restricciones improvisadas del gobierno para contener la pandemia del Covid-19.

Ya no solo es un grupo al frente de Casa Presidencial pidiéndoles a las autoridades que los dejen trabajar: son decenas de grupos los que todos los días se manifiestan urgidos ante la necesidad de comer, de pagar las deudas y el alquiler.

Este martes, hasta la propia casa del presidente Carlos Alvarado en Santa Ana, llegaron dueños de restaurantes y otros comercios, los cuales auguran lo peor si las restricciones económicas continúan.

De hecho, un reciente estudio realizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) prevé que dicho sector podría reducir su fuerza laboral un 30% más si continúan las medidas de cierre. Además, no ven que las decisiones políticas tengan ningún efecto positivo.

A la semana 17 se estima que la pérdida para el comercio supera los $1.850 millones, lo que equivale al 3,2% del Producto Interno Bruto del país. El perjuicio es 2,1 veces mayor a la reportada en la semana 8.

En términos laborales, en el sector comercial se han perdido 35.544 empleos, se han suspendido 35.331 plazas y se han reducido 66.919 jornadas laborales. Por lo que en total se han visto afectados 137.794 trabajadores del sector.

A la fecha, el 85% de los comercios ha disminuido sus ventas, el 11% ha logrado mantenerlas y el 4% las ha aumentado.

Entretanto, el 34% de las empresas afirma que estas pérdidas superan el 50% de sus ventas y un 20% enfrenta pérdidas superiores al 75% de sus ventas anteriores.

Otra conclusión del estudio es que el 53% de las empresas trabaja con operaciones reducidas de alguna forma, incluyendo una menor producción y cierre de sucursales. Esto representa una mejora de 12 puntos porcentuales en relación con la semana 8.

Una situación similar viven los dueños de salones de belleza, gimnasios, entre otras actividades, cuyos locales permanecen cerrados a discreción del Ministerio de Salud.

Por eso, como lo señaló el Partido Liberación Nacional, es urgente un plan de reapertura comercial como parte de la reactivación económica al sector privado afectado en mayor medida por la emergencia nacional del Covid-19.

Lo anterior, luego de que el gobierno optara por mantener cerrados la mayoría de los comercios ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), donde la alerta es naranja.

Como bien lo hicieron ver, el Poder Ejecutivo es el principal llamado a asumir liderazgo, hablar con seriedad y plantear a la ciudadanía las acciones puntuales para el desarrollo del país que se ha estancado notablemente en los últimos años, situación que la pandemia provocada por el Covid-19 no ha hecho más que acentuar en cuanto a la afectación social, económica y productiva.

También es urgente una ruta clara sobre el manejo del gasto público, el recorte y las medidas para atender los problemas estructurales que provocan mayor endeudamiento al país, sin que se vean afectados los programas de atención social. Asimismo, se requiere claridad sobre el uso de los recursos acumulados en Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), que se da en detrimento de familias, niños y jóvenes, particularmente de áreas rurales que no cuentan con conexión a internet.

Todo los anteriores señalamientos de esta agrupación política van en línea con las preocupaciones externadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el requerimiento de un nuevo pacto social basado en la igualdad, con más transparencia y responsabilidad.

Desde la Comisión están claros en que la pandemia tendrá consecuencias severas en América Latina y el Caribe, una región donde el 54% de la población laboralmente activa es informal y con muy poco acceso a los sistemas de protección social.

Las mujeres de la región son una de las poblaciones más duramente afectadas, alertó. En detalle, afirman que el 77% de ellas están empleadas en el sector de la salud con un 25% de ingresos más bajos. Los 85 millones de adultos mayores también se están viendo muy afectados por la pandemia, junto a 63 millones de indígenas y 130 millones de afrodescendientes.

Es por eso que también propone un bono contra el hambre para toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010), señaló.

Según estimaciones de la Cepal, cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región -de las cuales 2,6 millones serían microempresas- con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.

Todo estos son ejemplos claros de lo urgente que es tomar decisiones en el plano económico y social, porque de lo contrario todo detonará en una profunda crisis política, en una bomba de tiempo, que ningún gobierno va a saber enfrentar. Ojalá y las respuestas sean pronto, y no se extiendan, como lamentablemente ocurre siempre.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Jueves 23 Julio, 2020

HORA: 12:00 AM