El dinero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), parece ser la fruta codiciada por varios sectores políticos. Tras la propuesta del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves con el proyecto “Pagar”, la diputada Yorleny León del Partido Liberación Nacional, propone que la plata sea administrada por la Fundación Omar Dengo.
La propuesta de la legisladora se basa en que la fundación tiene vasta experiencia en el tema de tecnología y es supervisada por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, una opinión emitida por el ente contralor destaca que la plata de Fonatel no puede ser utilizada para otros fines a los determinados por ley, además, que el Fondo es intransferible a instituciones privadas.
“La propuesta de ley busca un cambio subjetivo en cuanto a quien ejecute las funciones determinadas en los artículos detallados; sin embargo, dicho cambio debe ser coherente con el ordenamiento jurídico y considerar que las funciones y deberes públicos no pueden ser transmitidos ni cumplidos por otras instancias que no tengan dicha naturaleza”, señala la CGR en el oficio DFOE-IFR-0417.
VIOLENTARÍA TLC
La Contraloría señala que, al cambiar al responsable del Fondo, se estarían violentando acuerdos tomados por el Gobierno en el año 2004 con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, en el marco de apertura de las telecomunicaciones y la disminución de la brecha digital.
“Es pertinente recordar que la promoción del acceso universal, servicio universal y solidaridad, surge en un contexto de apertura del mercado de las telecomunicaciones, al que el país se comprometió con la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC), siendo estos principios de una gran relevancia para Costa Rica en virtud de que por esa vía se conserva el Estado solidario en materia de telecomunicaciones y es, de frente al Estado que los administrados pueden hacer valer sus derechos, como parte de un sistema que constitucionalmente los asegura”, reza la opinión.
Además, agrega que los fondos son intransferibles a un ente privado, según lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública.
“Cualquier propuesta de modificación en el ordenamiento legal vigente, debe partir, por un lado, del aseguramiento de los derechos fundamentales, y por otro, del modelo, principios y objetivos definidos por el ordenamiento jurídico en la gestión del FonateL, advirtiendo en este sentido, la imposibilidad de transmitir deberes y funciones públicas a sujetos de derecho privado, tal como claramente lo expone el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública”, agrega el escrito.
Con respecto a las observaciones que realizó la Contraloría, la diputada afirma que precisaraá en mejorar la propuesta de ley, al presentarla en comisión.
“Son bien recibidas las observaciones de la CGR, mismas que estamos analizando desde el despacho, habría que modificar la ley de TLC, aunque nosotros lo vemos innecesario porque el compromiso del país es disminuir la brecha digital pero no se precisa cómo ni quién”.
Por otra parte, considera que la administración del Fondo sí puede transferirse a la Fundación, ya que existen otras administraciones similares en manos privadas.
“Los recursos o asignaciones no son transferibles a un privado, pero en el país tenemos ejemplos como Cinde, que tiene a cargo toda la atracción de inversiones”, agregó la diputada verdiblanca.
En contraposición el diputado Jonathan Prendas alega que el manejo de Fonatel debe mantenerse dentro del sector público, ya que por ley tiene definidos sus objetivos.
“Nosotros pensamos en que la administración debe resguardarse, no estamos de acuerdo con que pase a manos de la Fundación Omar Dengo, por razones como que, es mejor tenerla dentro de la institucionalidad, pero muchos sectores quieren meterle la mano a la plata de Fonatel. La Fundación no tiene la capacidad instalada para asumir esa administración”, expresó el diputado de Nueva República.
Dentro de los objetivos del Fondo se encuentra disminuir la diferencia de acceso a fuentes tecnológicas e internet a las familias más pobres del país.
Según datos de la Sutel, el Fondo contaba con un monto de inversión por ¢199 mil millones a diciembre de 2019 y sus ingresos rondaron los $56 millones para ese mismo año.
PERIODISTA: Mario Taboada
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Sábado 11 Julio, 2020
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