Mal manejo de la función pública
Osvaldo Corrales Jiménez*
En el pasado fue común el hecho de que los diputados dieran partidas específicas a diversas organizaciones y comunidades, lo cual tergiversó el sentido legislativo por un congreso de asignación presupuestaria, cosa que en realidad le compete al Poder Ejecutivo.
Otro aspecto muy común en Costa Rica es que se nombren comisiones especiales en la Asamblea Legislativa para investigar denuncias contra funcionarios públicos sospechosos de corrupción. La mayoría de veces las comparecencias, tanto de los inculpados como de las víctimas, se vuelven un blablablá y al final del asunto no se llega a nada, pues tales comisiones no tienen potestad de aplicar sentencias. Entonces, ese tiempo de comparecencias e investigaciones implica gastos de tiempo y dinero que se pudiesen usar en cosas más productivas.
Además, la Asamblea por sus fundamentos legislativos no debiera nombrar comisiones investigadoras, dado que eso es competencia del sistema del Poder Judicial o en conjunto con la Procuraduría y Contraloría.
Por otra parte, en ciertas situaciones, la Sala Constitucional se ha atribuido resoluciones en aspectos que solo le competen al Congreso como es el caso de toma de decisiones en el régimen de pensiones y cesantías de los funcionarios del Poder Judicial. En otras palabras, a veces se “enredan las marionetas” en materia de atribuciones de los poderes de la República.
Entre otras cosas es sabido que, tanto diputados como ministros, están rodeados de supuestos “asesores”. Sin embargo, a veces parece no entenderse bien el concepto, pues esos fulanos son simples asistentes o secretarios de confianza. Otras veces, o en el caso de la Asamblea Legislativa, algunos asesores son verdaderos espías contra los partidos de oposición, para destapar o hacer escándalos politiqueros y así fortalecer a la fracción parlamentaria o al diputado al cual sirven.
Respecto a la elección de los asesores se debe hacer con criterios de idoneidad, sin embargo se quedan cortos y en realidad responden a favoritismos personales o clientelismo político. Por eso muchas veces los tales asesores son personas ineptas y sin ningún vínculo o conocimiento técnico para el puesto requerido. Por eso muchas decisiones en el sector público se toman mal, o sea los “grandes meten las patas” por culpa de los “asesores”, entonces podemos entender por qué este país camina sin rumbos claros.
En cuanto a tratar de promulgar la ley de empleo público, es un tema que irrita a los sindicalistas, pues argumentan que eso traerá crisis a los empleados públicos.
Sin embargo, las cúpulas sindicales se la pasan solo en amenazas de huelga contra el gobierno ante cualquier intento de eliminar los pluses salariales. Al menos, instituciones como CCSS, ICE y Recope se caracterizan por tener toda clase de súper beneficios, pese a que gran parte de sus funcionarios hagan su trabajo de manera mediocre. Es más, la presencia de tantos privilegios lo que hace es fomentar esa mediocridad.
Retomando el asunto de la ley de empleo público, algunos indican que las propuestas actuales si se aprueban en muy poca medida lograrán a disminuir el altísimo gasto público. En cambio, otros promueven recortar la inversión en educación, salud, vivienda y bajar la deuda pública al argumentar que esos rubros son los que de verdad impactan las finanzas del gobierno. Empero, reducir la inversión en materia de salud, educación y otros aspectos, eso sí afectaría a las clases más pobres.
Luego, los dirigentes sindicales no quieren reconocer que el gobierno para financiar gran parte de la planilla estatal debe recurrir a préstamos externos o ante los bancos del Estado.
Además, Costa Rica por su alta inflación es el país menos competitivo a nivel del istmo, de allí que muchas empresas extranjeras no sientan mucho estímulo de instalar aquí plantas de producción o centros de logística. Y es que, de todas formas, nuestro país se caracteriza por imponer sobre los empresarios muchas deducciones y cargas tributarias.
Y si todo esto lo vemos con un efecto “Nostradamus” (de malos augurios), si no se hace lo pertinente para sanar lo que está mal en términos de poca eficiencia institucional, en un futuro no muy lejano nuestra nación estará entre las listas de países rezagados en este mundo tan globalizado, que exige mayor eficiencia en todos los aspectos. Entonces, ese retraso afectará a los sectores sociales más vulnerables.
*Comentarista de temas cotidianos
