Dos son los proyectos que se encuentran sobre la mesa respecto a una posible utilización de los recursos disponibles en el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
Una de esas propuestas la presentó Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, la cual menciona que se destinarían cerca de ¢140.000 millones al pago de deuda del Estado.
También está la propuesta de Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional, para que la potestad de ese fondo la tenga la Fundación Omar Dengo, en lugar de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), como actualmente.
La oposición la muestran diversos actores del sector telecomunicaciones y tecnología, los cuales manifiestan que quitar esos fondos representaría una gran afectación en la disminución de la brecha digital.
“El destino por ley de los fondos es cerrar la brecha digital y atender poblaciones vulnerables, como por ejemplo 140.000 hogares que tienen una computadora con Internet.
Esta lucha contra el cierre de la brecha se vería disminuida. En este momento de cara a la pandemia hemos visto que hay teletrabajo y teleeducación, comunicación familiar.
Hay una necesidad de estar conectados y si tomamos los recursos se va a provocar que haya gente, los que menos recursos tienen, que no esté conectada”, explica Vanessa Castro, presidenta de la Cámara de Infocomunicación.
La Cámara alega que la utilización de estos fondos para otros fines a los destinados por ley sería ilegal, ya que inclusive se encuentran establecidos los objetivos en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (Cafta).
“Se hizo en el marco del Cafta y fue muy claro en que se iba a abrir el mercado de telecomunicaciones, pero con un complemento de solidaridad y universalidad; es decir, si se hace estaría contraviniendo el tratado, inclusive la Contraloría pronunció que el Fonatel es un fondo y no una institución, por tanto no se puede tocar de esa manera”, agregó.
MICITT
Al consultar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) su posición al respecto, la Oficina de Comunicación nos remitió lo siguiente: “El Poder Ejecutivo está analizando la situación de Fonatel de forma interinstitucional e interdisciplinaria, desde la perspectiva jurídica, económica y de política pública.
Paralelamente, en Micitt estamos trabajando en garantizar el cumplimiento efectivo de la política pública, hemos continuado con el análisis de la modificación de metas del PNDT (Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones), a partir de un trabajo llevado a cabo junto con Sutel y acelerando en la medida de lo posible las acciones planificadas”.
De acuerdo con dicha cartera, las cerca de 140.000 familias que actualmente se benefician con los recursos del Fonatel en la actualidad no se verían afectadas, ya que el compromiso existe.
“Contamos con un Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones vigente hasta el 2021, en el cual se definen entre otros aspectos las metas y prioridades hacia las cuales se dirigen los recursos de Fonatel, por lo que los compromisos adquiridos se mantienen y seguimos trabajando en definir nuevas metas para atender los objetivos en materia de acceso y servicio universales definidos en la Ley General de Telecomunicaciones”, agrega Micitt.
CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República se pronunció el 30 junio respecto al proyecto de la diputada Yorleny León, el cual consiste en que el manejo de Fonatel se encargue a la Fundación Omar Dengo.
En el oficio DFOE-IFR-0417 recalca precisamente un punto de convergencia entre las dos propuestas, respetar la universalidad de Fonatel, así como garantizar su acceso, servicio y solidaridad.
“En línea con lo expuesto, se recalca que el objetivo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones establecido legalmente es promover el acceso universal, el servicio universal y la solidaridad en las telecomunicaciones, fines que se enmarcan dentro del citado principio de igualdad previsto en el artículo 33 de la Constitución Política.
La Sala Constitucional en reiterados pronunciamientos ha establecido el acceso a servicios de telecomunicación como parte del elenco de Derechos Fundamentales de la población”, se lee en la opinión del ente contralor.
“Se estima conveniente que los legisladores conozcan la posición de la Sutel sobre la valoración de mejoras en la gestión del Fonatel que puedan efectuarse considerando el marco legal existente, la identificación de un mayor aprovechamiento de las facilidades que tiene el actual marco normativo en la asignación de obligaciones de servicio universal a los operadores, en alternativas de ejecución que en otros países hayan dado mejores resultados, en la modelación de escenarios que le permitan a la Sutel identificar su capacidad para ejecutar los proyectos de forma diversa a los mecanismos aplicados hasta el momento”, concluye.
BRECHA DIGITAL
Precisamente en este punto algunos legisladores coinciden en que quitarle dinero al Fonatel aumentaría aún más la brecha digital, en tiempos que la pandemia convirtió a la tecnología en una herramienta trascendental.
“Me parece una barbaridad. Es horroroso destinar recursos que son para facilitar tecnología a sectores deprimidos del país y utilizarlos para pagar otro tipo de cosas, desvirtuando los fines del Fondo. Con eso no estamos contribuyendo en nada con los sectores más alejados del país”, explicó el diputado Erick Rodríguez.
Para la liberacionista Yorleny León dijo que tomar los recursos del Fonatel significaría un duro golpe para las comunidades más necesitadas del país.
“Si bien es cierto Fonatel debe muchísimo en la brecha digital, tomar esos recursos es un castigo a las personas más pobres del país, no es responsabilidad de esas personas que aún no se haya cerrado la brecha digital en el país. La propuesta del gobierno dice tomar el dinero, pero no habla de devolución de esos recursos”, declaró.
Para el socialcristiano Erwen Masís, miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, se requiere prudencia, principalmente por ser un fondo de reserva.
“Me parece que se debe tener prudencia para poder darles banda ancha a los costarricenses. Si bien es cierto estamos en crisis, no podemos poner todas las reservas a disposición. Después de la pandemia vamos a necesitar esos recursos para impulsar la economía del país”, comentó.
Actualmente el Fondo beneficia a aproximadamente 140.000 familias pobres, a las cuales se les cubre la factura de Internet para que puedan contar con acceso y conectividad, además impulsa proyectos en el área educativa y de desarrollo tecnológico del país.
PERIODISTA: Mario Taboada
EMAIL: [email protected]
Jueves 09 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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