Un hombre de apellidos Rodríguez Solórzano y 32 años, quien fue detenido por oficiales de la Policía de Fronteras como sospechoso de femicidio, permaneció cinco días recluido en las celdas del II Circuito Judicial de San José, a pesar de que le diagnosticaron Covid-19, junto a otro reo.
Pero no estaban solos, aproximadamente 15 presos estaban en el sótano judicial, donde alrededor de 50 oficiales de la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial entraban y salían para custodiarlos porque iban a juicio o requerían transporte.
Ante esta situación, que mantiene a funcionarios judiciales y privados de libertad preocupados ante el posible contagio de coronavirus, el jefe de la Sección de Cárceles decidió disfrutar de unas vacaciones alejado del que sería el foco de infección.
Tras confirmar el caso positivo, las autoridades judiciales en coordinación con Adaptación Social trasladaron a los privados de libertad a la cárcel La Reforma y las celdas fueron fumigadas para seguir recibiendo presos.
La detención de Rodríguez Solórzano ocurrió en el puesto de control del Kilómetro 35 en Guaycará, Golfito, cuando los oficiales detuvieron el carro donde viajaban varios sujetos, incluido el que en ese momento era prófugo de la justicia.
Rodríguez Solórzano era buscado por femicidio, incumplimiento de medidas de protección, maltrato y hurto simple, por lo cual lo llevaron ante las autoridades judiciales, que le dictaron prisión preventiva.
SIN PROTOCOLOS
Algunos carceleros manifestaron que existe negligencia y acciones irresponsables por parte de la institución.
“No hay protocolos, no han creado un espacio o celda adecuada, guardando la distancia de los dos metros para garantizar el menor riesgo posible al personal y otros detenidos. La institución está manejando mal la situación.
Esos casos tienen cinco días de estar ahí y lo llevaron el viernes a la Clínica Jiménez Núñez, donde se perdió la prueba, y como se sentía mal lo trasladaron al Hospital Calderón Guardia, donde le hicieron la prueba de nuevo”, expresaron.
Los funcionarios esperan que este tipo de acciones no se repitan.
