Los empresarios plantean que se aproveche la crisis generada por el Covid-19 para reestructurar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Álvaro Sáenz, presidente de la Unión de Cámaras (Uccaep), manifestó que a la Caja se le vienen tiempos complicados por la caída en ingresos y hay que ir pensando en soluciones.
Dijo que no es posible tener un sistema donde el 47% de la población económicamente activa está en la informalidad. Eso representa casi un millón de personas.
La mayoría se vincula a micro y pequeñas empresas. Es por eso que la Uccaep cree deberían hacerse tarifas diferenciadas para que puedan formalizarse y a su vez se produzca una amnistía para que no se apliquen represalias hacia atrás. Esto constituiría ingresos frescos para la institución, según Sáenz.
Los empresarios plantearon a la Junta Directiva del Seguro Social otras 13 recomendaciones para garantizar la estabilidad financiera, médica, operativa y de infraestructura.
De acuerdo con las cámaras, racionalizar el gasto es una de las decisiones más urgentes para contener pagos adicionales derivados de la emergencia sanitaria.
Una de las medidas que plantean es que la CCSS podría fomentar las alianzas público-privadas con empresas capaces de dar servicios médicos a un costo reducido.
“La tercerización de servicios no es privatización y debemos alejarnos de ese fantasma ideológico. Hay que enfrentar la realidad financiera de la Caja, enmendar los errores cometidos en su gestión y tomar las duras decisiones que contribuyan a rescatar a esa institución” señaló Sáenz.
Puso como ejemplo que los Ebais pasaron recientemente a administración directa de la CCSS, supuestamente con el mismo costo, pero las cifras reales de incremento son alarmantes.
El sector privado sugirió además la evaluación y ejecución de una estructura de salario único en la institución; identificar las áreas donde pueden ahorrarse recursos y evitar que las nuevas contrataciones médicas, debido a la crisis, se vuelvan permanentes sino más bien transitorias.
Con respecto al monto de la deuda del gobierno con la Caja, propusieron integrar una comisión de expertos, quienes harían una conciliación entre contabilidades para determinar el monto real de la deuda que el Estado tiene con la entidad, para llegar a un acuerdo y elaborar un cronograma de pagos.
Los planteamientos del sector empresarial incluyen la aprobación del reglamento de investigaciones biomédicas, la ampliación de la base de asegurados mediante la aprobación del aseguramiento de la jornada efectivamente laborada, el reglamento de trabajador independiente, la modernización tecnológica y la implementación del uso y aprovechamiento de la plataforma Edus en la lucha contra la pandemia y establecer un salario único.
DIARIO EXTRA conversó con Luis Diego Calderón, gerente financiero de la Caja, quien dijo que si bien el impacto por el desempleo ha sido menor al previsto, la emergencia del Covid-19 ya va dejando un faltante de ¢99 mil millones solo en lo referente a abril y mayo.
Manifestó que la caída en ingresos parte de una combinación entre la caída en el empleo y la menor cotización por parte de las empresas a raíz de la reducción en la Base Mínima Contributiva y la imposibilidad de otras para hacer frente a los pagos.
El escenario se complica un poco más, pues a pesar de tener menos recursos deben enfrentar un incremento en los gastos para la atención de la pandemia.
Calderón adujo que se necesita lograr el apoyo del Estado en cuanto al pago de la deuda que tiene con la Seguridad Social para no tener que tocar el dinero para inversiones y las reservas.
Para el gerente lo importante es que hay un compromiso del gobierno para cancelar los dineros a la CCSS. No obstante, todavía no reciben los ¢33 mil millones que se prometieron originalmente ante la reducción de la Base Mínima Contributiva y ahora hay que sumar ¢8 mil millones adicionales de la ampliación de la medida.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
EMAIL: [email protected]
Martes 07 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA