Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propuso un proyecto de ley que permite adelantar las jubilaciones tanto en el sector público como en el privado, previo acuerdo con el patrono, en un lapso de 90 días naturales.
La iniciativa se tramita bajo el expediente 22.071 y se conoce como “Solidaridad por parte del Estado en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el bienestar social de todas las personas que cumplen con los requisitos para su jubilación y permanecen trabajando con el riesgo personal, familiar y poblacional por la pandemia Covid-19”.
El propósito del es proponer incentivos para jubilar, la generación de empleo y la amortización de la deuda interna.
De acuerdo con el origen de la iniciativa de ley, en un plazo de 90 días cualquier funcionario público que cumpla con los requisitos para su jubilación deberá coordinar con el empleador o el patrono.
La intención de la coordinación es acogerse al beneficio durante el periodo establecido.
En el caso del sector privado se podrá efectuar la oportunidad de un convenio de mutuo acuerdo de 90 días naturales entre el patrono y el trabajador para cancelar el pago de la cesantía.
Dicho procedimiento, de acuerdo con el proyecto, deberá ser supervisado por el Ministerio de Trabajo.
El artículo 5 establece la posibilidad de una bonificación adicional correspondiente al equivalente del monto de tres anualidades para el reconocimiento y el pago por cesantía para quienes se acojan a la jubilación.
De acuerdo con la socialcristiana, el proyecto impactaría en una reducción en el gasto corriente por concepto de “remuneraciones”, así como otras subpartidas componentes.
“Con esta propuesta se les inyectarían recursos económicos a los hogares para enfrentar la difícil situación económica producto de los embates de la pandemia, tanto para los pensionados que gozarían de su remuneración por ley, más el incentivo propuesto, así como para muchos jóvenes que engrosan las angustiantes cifras por desempleo en el país, ya que generaría trabajo digno”, expresó la congresista.
La iniciativa contempla la posibilidad de que el 50% del ahorro por concepto de reducción de plazas que pertenecían a los jubilados se destinará para contratar nuevo personal.
Eso sí, siempre y cuando se establezca una justificación institucional y de esta forma se proceda a sustituir las plazas vacantes de los jubilados.
Mientras tanto, el 50% que se ahorre en gasto corriente se usaría para el pago de la amortización a la deuda interna y de esta forma proceder a mitigar el efecto en el gasto financiero por intereses.
La legisladora citó que tras un muestreo usado para justificar su plan en 11 instituciones se determinó que 554 funcionarios cumplen con la edad para pensionarse.
Estimó que el Estado se ahorraría ¢763 millones por mes o ¢9.223 millones por año en pago de salarios.
PERIODISTA: Greivin Granados
CRÉDITOS: Foto: Cortesía PUSC
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Sábado 04 Julio, 2020
HORA: 12:00 AM
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