Los diputados dictaminaron en comisión este viernes el expediente 21.546, una reforma a la Ley General de Contratación Pública que busca promover la transparencia, la eficiencia y el ahorro en las compras estatales.
Durante 10 meses los legisladores trabajaron en una comisión especial que acató e incluyó recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en este nuevo texto del proyecto.
La reforma contempla un solo régimen de contratación que se tramitará por medio del sistema digital unificado (Sicop).
Datos de la Contraloría señalan que, si el 100% de las contrataciones públicas se hicieran por un solo régimen, el Estado lograría ahorrar hasta un 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir cerca de ¢500 mil millones.
MODIFICACIONES
La proposición elimina la contratación directa y las autorizaciones previas ante la CGR, asimismo, se incorporan sanciones por el ejercicio indebido al derecho a recurrir en el proceso de licitaciones cuando solo buscan obstruir y se regula la caducidad de los contratos.
La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado explicó que dentro de los cambios aplicados se busca reducir a solo 8 las excepciones en dicha Ley, (hoy tiene hasta 20), por lo que la mayoría de las contrataciones se realizarán mediante procedimientos ordinarios, pero con plazos mucho más reducidos.
“Este proyecto es una reforma de Estado, es un cambio estructural de la forma como hoy se realizan los trámites para comprar o contratar obras, bienes y servicios orientados a la satisfacción del bienestar público. Es un cambio de paradigma en materia de compras estatales”, subrayó Delgado
UMBRALES
Asimismo, en el documento se incorporan umbrales para determinar el proceso de contratación a través del régimen ordinario y diferenciado.
En ambos casos se establece un tope según el tipo de licitación (mayor, menor o reducida).
En el caso del régimen diferenciado, la gestión se realiza en las contrataciones mayores a ¢1.026 millones en obra pública y superiores a ¢285,8 millones en la compra de bienes y servicios.
Por su parte, en el ordinario, la licitación mayor aplica para un monto superior a ¢641,3 millones en la construcción de obras y más de ¢238,2 millones en bienes y servicios.
Delgado añadió que el proyecto incorpora una autoridad de contratación pública que no tendrá ningún cargo en el presupuesto nacional y mantiene a la Contraloría como el ente fiscalizador.
La comisión aprobó una moción para enviar a consulta el proyecto a instituciones públicas estatales, no estatales, autónomas, semiautónomas, del sistema financiero, bancos públicos, municipalidades y cámaras empresariales.
DIPUTADOS OPINAN
Ana Lucía Delgado
PLN
“Se busca la eficiencia en los procedimientos de compras reduciendo los plazos e imponiendo una sanción por el ejercicio indebido y temerario del derecho a recurrir. La iniciativa incorpora una multa del 0,5% del monto del umbral de la licitación mayor y del umbral superior de la licitación menor, según corresponda, en recursos de objeción”.
Pablo Abarca
PUSC
“Un proyecto que moderniza la contratación pública, todas las compras públicas las unifica en un solo régimen y esperamos que haga un acortamiento de los plazos y permita mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos al Estado. Es un paso importante, ahora vendrán mociones de los diputados y espero que el trámite siga así en el Plenario”.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Sábado 27 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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