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Nacionales

Separan a magistrado de caso UPAD

Jesús Ramírez de Sala III

  • Jesús Ramírez no podrá continuar en las audiencias en relación con el polémico caso UPAD.

  • Rodolfo Brenes abogado defensor de Alvarado.

Rodolfo Brenes Vargas, abogado defensor del presidente Carlos Alvarado Quesada sobre el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), confirmó este viernes que el magistrado Jesús Ramírez Quirós de la Sala Tercera no continuará participando de las audiencias relativas al tema.
La determinación ocurre luego de que se aceptara un recurso de recusación, que estuvo siendo analizado por el magistrado suplente Rafael Segura Bonilla.
DIARIO EXTRA intentó conocer una posición oficial desde la Corte Suprema de Justicia, pero desde la Oficina de Comunicación indicaron que no sería posible.
Alegaron que de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal, “el procedimiento preparatorio no será público para terceros. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por las partes, directamente o por medio de sus representantes”.
Especificaron: “El asunto por el cual se consulta se encuentra en la etapa indicada por esa norma, por lo que nos encontramos con un impedimento legal para dar información al respecto. Las resoluciones que se emitan en ese proceso se harán de conocimiento de las partes por los medios oficiales”.
En el caso de la Fiscalía indicaron que el tema es abordado exclusivamente por la Corte.
La decisión de solo apartar a Ramírez, provoca que los demás magistrados titulares de la Sala de Casación Penal podrán continuar formando parte de la audiencia en relación con el caso.
“Nosotros creemos que la separación de don Jesús Ramírez es lo más adecuado para todas las partes. Doña Emilia Navas solicitó una recusación contra todos los demás magistrados, pero eso fue rechazado básicamente porque en realidad durante la audiencia se evidenció que los mismos magistrados estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo por lo que ellos trataron de enderecer el trámite”, aseveró Brenes.

REACUSACIÓN

Hay que recordar que la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, recusó a los cinco magistrados de la Sala III en la audiencia que se llevó la semana anterior como parte del reclamo que hacen los abogados del presidente de la República Carlos Alvarado, luego que la Fiscalía decomisara los dos celulares del mandatario, así como su computadora personal, tras el allanamiento en Casa Presidencial.
La polémica surgió luego de que el magistrado Ramírez señaló primero en la audiencia que rechazaba ad portas la gestión de la defensa del mandatario, luego “aclaró” que no la rechazaba, sino que las declaraba inadmisible, pero después dijo que lo que se rechaza era la prueba, para finalmente indicar que sí se podían exponer estos argumentos.
Este manejo poco convencional no permitió conocer por el fondo los argumentos de las partes, sino que terminó en que los abogados recusaran a Ramírez, pero además provocó que la propia fiscala Navas pidiera recusar a todos los miembros de esta Sala Penal.
En esa oportunidad, Brenes calificó como altamente irregular lo sucedido. “La audiencia no pudo entrar a conocer el fondo de nuestro reclamo, porque la Sala III dictó algunas resoluciones que causaron gran confusión entre los presentes, al punto que los abogados recusaron al presidente Ramírez y le pidieron separarse del proceso y la señora fiscala general Emilia Navas decidió recusar a la totalidad de los magistrados y les pidió que se separen del conocimiento de este proceso”, había indicado.

CASO UPAD

La polémica en torno a la UPAD surgió luego de que el gobierno ordenara la creación vía decreto de la unidad espía en octubre de 2019.
La UPAD, que funcionó como una instancia asesora del mandatario para la toma de decisiones políticas, disponía para su constitución al Gobierno Central e instituciones autónomas facilitar todo tipo de información, excepto aquella que era considerada secreto de Estado.
Ordenaba la facilitación del acceso a los datos y la información de carácter confidencial de los ciudadanos cuando fuera necesario.
Ese señalamiento fue el que motivó una lluvia de críticas de distintos sectores políticos y sociales. También provocó que el caso fuera elevado hasta las instancias judiciales.   
Tras tres denuncias penales se abrieron los expedientes 20-005433-0042-PE por los aparentes delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
En la lista figuran como sospechosos el presidente Alvarado; Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia; Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación; Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero, Luis Salazar Muñoz, Andrés Villalobos y Felly Salas Hernández, exasesores de la Presidencia.     
Debido a las causas penales, el viernes 28 de febrero la fiscala general Emilia Navas Aparicio acompañada de 50 oficiales del OIJ, fiscales, magistrados, jueces y demás personeros judiciales allanaron Casa Presidencial.
Decomisaron computadoras personales, portátiles y celulares.
Paralelo a la intervención en Zapote, las autoridades judiciales dirigieron 10 allanamientos. Las diligencias también se realizaron en el Ministerio de Planificación y Política Económica.

PERIODISTA: Marco Antonio González

EMAIL: [email protected]

Sábado 27 Junio, 2020

HORA: 12:00 AM

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