Monólogo de un mal no necesario
Andrés Álvarez Quesada / ANFE
¡Manos arriba! ¡Somos el Estado y usted está bajo el “contrato social”! Tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga, haga o no haga podrá ser usado en su contra. Ahora usted está a merced de los políticos, de los burócratas, del Estado. Con leyes, decretos, resoluciones o sentencias le diremos qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Si no, se atiene a las consecuencias, legales o no.
Puede usar formalismos o eufemismos para engañarse y creer que el Estado se sujeta siempre (o casi siempre) a las normas que le impiden actuar sin fundamento técnico o legal. Se lo recomendamos, para que pueda lidiar mejor con la situación, el Estado también lo hará, para disimular y ayudarle a creer que actúa siempre bajo la premisa del bien común y que si no lo hace, se sancionará a los responsables. Pero no importa si usted cree o no que los fundamentos técnicos son suficientes, que los principios constitucionales están intactos, que las leyes son duras pero justas, pues cuando no sea así, pocas veces habrá responsables.
¿Tiene fundamento técnico la restricción vehicular sanitaria? ¿Es mayor el beneficio de cerrar comercios que el de abrirlos con las medidas para prevenir el Covid-19? ¿Son concluyentes los estudios en los que se fundamentó la restricción a la portación de armas? ¿Fue una amenaza la importación de aguacate mexicano? ¿Hay que subsidiar a arroceros y azucareros? ¿Hay que liberar el mercado del cemento, pero regular las tasas de interés? ¿La amenaza a la paz social o dislocamiento en el plano social dotan de constitucionalidad lo inconstitucional?
¡No importa lo que usted crea! Ni es relevante lo que la técnica o la ciencia dicten, lo que importa es lo que dicten quienes mandan: el presidente, el ministro, el órgano administrativo, el mando medio, la policía o el tribunal. Lo que ellos manden se hace y punto. ¿No está de acuerdo? Podría recurrir a “los pesos y contrapesos”, al argumento en la ventanilla, al recurso de apelación, a la demanda contenciosa administrativa, a la acción de inconstitucionalidad... pero recuerde que solo funcionan si los personeros estatales así lo permiten.
Entiéndalo, usted vive bajo la amenaza de la violencia estatal, a la que no le puede oponer resistencia en la teoría, ni defensa en la práctica, pues si lo hace, tiene todas las de perder. Si así lo quieren los diputados, mediante impuestos le quitan su dinero, le obligan a dar parte de su terreno, le quitan sus derechos y se los devuelven como permisos, previo pago o cumplimiento de absurdos requisitos. Pero es por el bien de todos, como los colegios profesionales (de estilistas), las pensiones y salarios de lujo, las convenciones colectivas abusivas y hasta el impedir la compra de una cadena de supermercados.
Para que tenga algo de esperanza, cada cuatro años tendrá el derecho (y obligación, para poderle recriminar al respecto) de votar en las elecciones nacionales y municipales, es más, ¡puede hasta postularse! Agradezca el gesto, pues la democracia y la institucionalidad es lo más preciado de este Estado compuesto por burócratas inamovibles y resguardado por magistrados de “clase media” con sueldos millonarios que se pagan con el sudor de su frente.
