El diputado Walter Muñoz, médico de profesión y diputado del Partido Integración Nacional (PIN), presidirá la comisión especial legislativa que analizará la situación financiera y administrativa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Muñoz explica en esta entrevista los objetivos de esta comisión, habla de propuestas de financiamiento y reordenamiento administrativo, lanza preguntas sobre el manejo de la pandemia y pone la duda de una posible UPAD que pudo surgir desde la presidencia de la misma Caja. El siguiente es un extracto de la conversación.
¿Don Walter qué objetivo tendrá la comisión?
-Estoy convencido de que la Caja no tiene un plan nacional de seguridad social para dar sostenibilidad al régimen de pensiones del IVM, que está en cuidados intensivos y también su régimen de salud. Entonces lo primero será ver el estado real de las pensiones del IVM, las propuestas de solución y si podemos dar una administración diferente al corto plazo.
¿Qué datos maneja de la realidad del IVM?
-Se dice que tiene ¢322.000 millones de reserva en el IVM, pero la verdad es que se van a comenzar a utilizar en muy corto plazo, a lo que se suma menos cotizantes, un alto desempleo, la informalidad e inversiones que no alcanzan. Se requieren 7 personas trabajando por pensionado, esa cuota ya no existe hoy. El país debe resolver este tema cuanto antes y darle una oxigenación ya que está en cuidados intensivos y eso implica buscar formas nuevas de financiar el IVM, porque solo pensar en la rentabilidad del fondo, no es opción.
¿Cómo cuáles?
-Yo he hablado del tema de los peajes y redireccionar una parte, que es una idea que no es despreciable en el monto. El tema de las inversiones del IVM en infraestructura de forma segura y de legislación que es necesario cambiar. Y tomar conciencia que es el régimen de pensiones más importante del país, millón y medio de cotizantes que irán disminuyendo.
¿Cómo se administra el IVM?
-Desde 1995 se creó la Gerencia de Pensiones de la CCSS y lo ha venido administrando, haciendo inversiones sobre todo en títulos del Estado y en algún momento en temas de vivienda. En el 2012 nosotros advertimos que se habían tomado dineros del fondo para sanear la crisis de salud en ese momento en el gobierno de Laura Chinchilla.
¿Qué otras opciones de financiar el IVM se estudian?
-Bueno, hay al menos tres proyectos de ley, uno habla de trasladar el 0,25% del aporte del trabajador al Banco Popular a la Caja. Otro devolver los impuestos a los cigarrillos a la Caja, porque se habían desviado al Instituto del Deporte. Y también la llamada pensión de consumo, es un proyecto viejo que podría tener sentido. Funciona con el pago del IVA y del cual se sacaría una pensión para alguien que no tuvo más posibilidades de ahorro. Es decir que la persona con lo que consuma haga su aporte.
¿Qué iniciativas no apoyaría?
-Yo al menos no apoyaría iniciativas que busquen el aumento de la edad de retiro, que en otros países quieren llevarlo hasta los 70 años. Ni tampoco aumentar las cuotas. Pero la consigna es salvar el IVM.
¿Falta claridad en las cifras del IVM?
-El departamento de pensiones ha dado números y tiempos, pero ha archivado varios estudios actuariales, lo que ha hecho que la gente no conozca la situación real del fondo. El actuario de la Caja tiene un problema, depende de la Junta Directiva, y lo que queremos es que se haga un estudio actuarial independiente para que nos den la realidad que vive la institución.
¿Por qué dice usted se oculta información?, ¿con qué fin?
-Desde hace varios años se vienen pagando estudios actuariales que dicen que se van a utilizar las reservas más pronto, lo que ellos han tratado de hacer es mantener a la gente cotizando, pero aumentando la cuota y la edad de retiro y esto es así porque los que han administrado el régimen es un grupo muy cerrado y han dicho que esa administración es exitosa, como que no es así.
¿Hay una realidad financiera de la CCSS que se oculta?
-Yo diría que sí, porque tenemos los números de lo que el Estado le debe a la Caja, pero no se ha dicho cómo se han manejado los gastos e inversiones de la institución. Han salido casos de poca transparencia en compra de equipos, de la compra de medicamentos. Las cifras ocultas van desde decir “la Caja está desfinanciada” pero gastó $14 millones en remodelar el Cenare, sabiendo que sería más efectivo hacerlo regionalmente para atender los casos, y luego decir que el problema es que el Gobierno debe casi un billón de colones.
¿Hay resistencia al cambio dentro de la institución?
-La parte financiera de la Caja no se resuelve si no se aplican reformas administrativas, que ellos no quieren que se toquen. Este Gobierno pasó de tener la presidencia ejecutiva de la Caja y metió una gerencia general que son dos figuras que no pueden estar las dos a la vez. Es decir, han creado más estructura administrativa, más gerencias, sin que eso se traduzca en más eficiencia.
¿Qué otras opciones se proponen?
-Yo he propuesto que el régimen de riesgos del trabajo debe pasar a la Caja, ahora que el flamante expresidente del INS dijo que le sobraban ¢75.000 millones, y el INS es una aseguradora como cualquiera, el Hospital del Trauma y el régimen de riesgo del trabajo es de la Caja, que además tiene miles de millones ahorrados. Eso dará dinero a la Caja sin tener que aumentar la cuota.
¿Cómo debe ser esa estructura?
-La figura principal debe ser la Gerencia General, no la Presidencia Ejecutiva. Y esa gerencia debe administrar los recursos bajo un plan nacional de seguridad social que no existe. Es decir, la Caja no tiene un plan nacional para decirnos cuál es la política a uno, dos o 20 años. Y ya para cumplir los 80 años en el 2021 queremos dar esa estabilidad.
¿Qué papel jugará la comisión?
-Creemos que debemos influir en reformas administrativas que han sido impuestas por la Junta Directiva, órgano que además yo he dicho no es “cajista”, ha dado recomendaciones que van en la dirección de la contratación de servicios privados, de un reglamento de investigación en seres humanos que no es el correcto. Que, dicho sea de paso, la primera UPAD se dio en la Caja, cuando el presidente ejecutivo de la Caja usó el expediente digital de salud (EDUS) con la información sensible de la población para usarla en investigación de seres humanos.
¿Una UPAD en la Caja?
-Claro, porque así las empresas farmacéuticas tuvieron acceso a información sensible de salud de todos nos nosotros para investigar en seres humanos, con un reglamento que no le dejaba ganancias a la institución y solo a las farmacéuticas. Y eso es un tema que debemos investigar si la primera UPAD fue producto de las visitas que hacía el presidente de la Caja Román Macaya con representantes de las casas farmacéuticas a Casa Presidencial, y por qué se autorizó la información del EDUS para ese fin.
¿El modelo de atención debe revisarse?
-Creo que se debe revisar si el modelo de consulta externa y el modelo de hospitalización es el más eficiente y humanizado. En el caso de los Ebais, creo que el concepto debe ser distinto, más preventivo y atención directa. No puede ser que la gente se levante a las cuatro de la mañana para sacar una cita, no se le resuelva el problema y debe ir a una clínica o hospital. Tenemos que ver una seguridad social del siglo XXI.
¿Se debe revisar también la constitución de la junta directiva?
-La Caja está secuestrada desde hace muchos años, porque se creó con una fórmula 4x3 a pesar de ser autónoma, en tiempos donde no había Sala IV para poder apelar su autonomía y por negociación se hizo una reforma a la ley para que en la Junta Directiva estuviera un representante sindical, un cooperativista, un solidarista y tres del sector privado empresarial. Pero en ese momento no estaban organizados los asegurados que hoy tienen asociaciones de hipertensos, diabéticos, de hemofílicos, etc., que deberían tener sus representantes porque la OPS ha expuesto que los únicos dueños de la Caja son los asegurados.
¿A usted como médico qué le preocupa del manejo de la pandemia?
-Dudo de las medidas que se han tomado, lo que se ha hecho es reclutar a la gente a la casa, es decir aislarla no ha sido un combate al coronavirus como tal. No se ha hecho un escaneo total para ver cuántos casos hay en Costa Rica, la mayoría de la gente no sabe si está infectada o es portadora. Otro tema es que la gente lo que ocupa es distanciamiento y mascarilla, el aislamiento no es sostenible por las necesidades económicas que tiene la gente.
¿Cómo califica el manejo de la Caja en general de la pandemia?
-Yo dudo si las medidas y el gasto de la Caja ha sido el correcto. Yo creo que la administración de la Caja ha sido mala en el manejo de la pandemia. Y estamos obligados a ver si todas las contrataciones que se hicieron y las cosas que se dejaron de atender no afectaron a otra población por otras enfermedades.
¿Cuáles otras enfermedades?
-En estos tiempos nadie cuestiona cuál es la razón de suspender la consulta externa cuando la verdadera pandemia nuestra no es solo el coronavirus, es la hipertensión arterial que la sufren un millón de costarricenses, los diabéticos que son medio millón, es un tema que hay que emplazar a la Caja. En este año se va a morir más gente de efectos directos de la hipertensión y la diabetes que de la infección del coronavirus.
¿Se erró en esa estrategia?
-La Caja en este momento está mal administrada porque está enfocada en una patología y Costa Rica tiene cientos de enfermedades que deberían estar canalizadas de diferente manera. El país no tiene ni 100 camas de cuidados intensivos y no está preparado para emergencia grande, no precisamente la del Covid, sino un desastre natural.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Fotos: Herbert Arley/Archivo
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Lunes 22 Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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