La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) tenía conocimiento sobre convenios de intercambio de información que dieron origen a la creación de la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Así lo reconoció Carlos Alvarado, presidente de la República, a Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, durante la conversación que ambos sostuvieron el pasado 24 de febrero entre las 8:25 a.m. y las 10:40 a.m.
Incluso Diego Fernández, exasesor de la UPAD, reveló que medios de comunicación como La Nación fueron contactados para informar los alcances que tuvieron con su trabajo y que incluso se difundió el trabajo en un reportaje del programa 7 Días.
DIARIO EXTRA tuvo acceso al expediente que la Defensoría de los Habitantes envió al Ministerio Público a raíz de la denuncia interpuesta por el escándalo de la UPAD.
Dicha conversación tuvo como finalidad efectuar una investigación sobre los motivos que llevaron al acceso de información confidencial por parte de la Presidencia de la República ante la creación del polémico decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
SESIÓN DE TRABAJO
Durante la sesión de trabajo, Crespo cuestionó a Alvarado desde cuándo se firmaban los convenios con las instituciones y quién firmaba.
Alvarado negó que se estaba haciendo un trabajo secreto, dijo que el convenio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) había sido firmado por la Presidencia.
Añadió que incluso se había presentado la propuesta a los 42 directores de la Uccaep y a directores ejecutivos de las cámaras empresariales con el fin de empezar un trabajo en función del empleo.
Incluso Nancy Marín, exministra de la Comunicación, citó a los académicos en esos espacios de líderes de Opinión y a los que trabajaron para el Estado de la Nación.
Durante esa reunión, Diego Fernández, exasesor, manifestó que siempre existió una versión pública de cómo se fueron generando algunos productos “un poco porque el interés si bien era de proyecciones de políticas públicas, también nos parece importante que a otros niveles de la administración pública funcionarios los pueden utilizar en sus instituciones o regionales, incluso para el conocimiento del ciudadano”.
LEGALIDAD
El Presidente de la República mencionó que el tema representó un interés público como parte del análisis de los datos de la gente.
Sin embargo, reconoció que el artículo 7 del decreto 41996-MP-MIDEPLAN se convirtió en un asunto desafortunado que generó una tensión entre interés público y confidencialidad.
Añadió que dentro del interés público se encontraba la protección de datos de la gente, su privacidad, sus derechos y que desde el mandato presidencial podrían elaborar mejores herramientas.
Catalina Crespo recordó insistentemente de la intención de pedir datos confidenciales de las bases de datos de instituciones públicas.
En eso Diego Fernández contestó, sin entrar en detalle a la parte legal porque dijo desconocerla, que el decreto pretendía extender el manejo la confidencialidad de esa información.
Al consultar Crespo sobre cómo llaman ellos datos confidenciales, Fernández respondió que se referían a los datos que no pueden ser de uso público para los ciudadanos, pero que sí se usarían para la administración pública en la prestación de servicio, siempre y cuando se garantizara la confidencialidad en el uso de datos.
FINANCIAMIENTO
Durante la conversación que el mandatario sostuvo con la defensora de los Habitantes, Alvarado admitió que su gobierno tenía intención de buscar financiamiento para la UPAD.
El propósito de Casa Presidencial era recibir recursos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial.
El presidente de la República reconoció durante la entrevista que el artículo 7 del Decreto se convirtió en un verdadero error al establecer la obligatoriedad de acceso a la información.
Dicho artículo resumió que “para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del presidente de la República, las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos”.
“Hemos pensado en unos meses hacer ya un lanzamiento con gente de la Corporación Andina de Fomento, con el BID, Unesco quería participar con nosotros, el Banco Mundial.
¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos generando no hay otro país que lo tenga como Costa Rica, lo avanzado. Y lo que digan, pero en términos del país, incluso lo que hemos discutido mucho por qué la formalidad, porque es una herramienta que queda más allá de nosotros, queda ahí, nos trasciende”, manifestó el presidente de la República.
Crespo preguntó que por qué no se hizo en el Ministerio de Planificación esta gestión y por qué se debió realizar en Presidencia.
Al respecto, Alvarado afirmó que eso se dio para dar el respaldo político y por unas recomendaciones de organismos que señalaron que debía ser ahí donde se dirigiera o impulsara.
El mandatario consideró que su interés superior es que la “criatura” existe y le ayude a dar desarrollo al país.
Agregó que el punto de discusión no es si está en Mideplan o no, sino que la UPAD sirviera como una herramienta para el desarrollo.
PRODHAB
Luis Salazar Muñoz, creador de la UPAD y exasesor presidencial, aportó en la reunión sobre el papel de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab).
Dijo en la reunión que, por habilitación legal, las instituciones pueden intercambiar información porque legalmente eso es posible y de que se deben establecer las estipulaciones correctas.
Acotó que la Prodhab es clara que se deben establecer nuevos acuerdos de compartir los datos.
“Es ahí donde se establece caso por caso de qué forma, cuáles son esos datos que se trasladan o se intercambian entre las instituciones y desde luego de esa forma también ahí es donde se establece el marco en el que las instituciones van a operar caso por caso.
Pero incluso en el decreto, el artículo que por ahí ha generado un poco de ruido tiene que ser justamente con eso, es decir, la información, bajo ese resguardo del deber de confidencialidad que tiene por ejemplo la institución A, la debe tener la institución B y bajo esas condiciones es que la confidencialidad se mantiene y por eso es cuando el decreto habla de datos de carácter confidencial hace referencia a ese deber”, aportó Salazar en la reunión.
Alvarado citó que en la administración pública se debe tener una confidencialidad.
RECHAZO CONTRALOR
La Contraloría General de la República rechazó dos trámites efectuados por la Defensoría de los Habitantes en relación con el caso de la UPAD.
La primera de las solicitudes se encuentra adjuntada en el expediente judicial del Ministerio Público el pasado 11 de marzo.
Marta Acosta, contralora general de la República, recordó a Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, que como el caso estaba siendo visto por el Ministerio Público y que por ser un tema sensible en fase penal se procedió a la devolución a la copia del informe.
El 5 de junio tuvo lugar la segunda gestión que efectuó la defensora ante el órgano contralor.
En esta oportunidad, procedió a consultar al Área de Denuncias e Investigaciones que emitiera un criterio de confidencialidad del informe de la Auditoría Interna de la Defensoría en relación al extravío del audio.
No obstante, la institución contralora recordó que las auditorías internas son confidenciales a excepción de las partes involucradas y los diputados en la Asamblea Legislativa.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 18 Junio, 2020
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