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Nacionales

Defensora encara a Emilia Navas por filtrar datos

En delicado caso de la UPAD

Carta que Crespo envió a Emilia Navas, fiscala general de la República.

La Defensoría de los Habitantes le recriminó a la Fiscalía General de la República una presunta fuga de información relacionada con el extravío del audio de la conversación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). 

Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, envió un documento el pasado 5 de febrero a Emilia Navas, fiscala general, en que cuestionó la forma cómo la institución judicial está manejando el asunto internamente. 

La jerarca hace hincapié en la publicación que realizó un medio digital sobre la desaparición de 80 minutos de la entrevista que sostuvo con el presidente de la República el 24 de febrero anterior. 

También mencionó que el audio extraviado a cargo de la Defensoría revelaba datos con nombres, apellidos y hasta direcciones. 

Crespo expresó su descontento con que la opinión pública esté teniendo conocimiento sobre el informe de auditoría de la entidad sobre la UPAD, a pesar de que ella pretende mantenerlo bajo el estatus de la confidencialidad. 

“Se indica expresamente que se tuvo acceso al informe de la auditoría interna de la Defensoría de los Habitantes, haciendo públicos detalles del mismo, siendo que claramente corresponde a información confidencial. 

En este escenario surge precisamente nuestra preocupación sobre acciones u omisiones en el debido resguardo de información confidencial que forma parte del expediente judicial en manos del Ministerio Público”, señaló Crespo en la nota. 

La jerarca de los Habitantes solicitó a la Fiscalía General de la República valorar las consideraciones pertinentes en el escenario planteado. 

 

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED 

 

La Defensoría se encuentra entre la espada y la pared desde el 27 de mayo, día en que reveló ante la opinión pública que parte de la conversación que sostuvo su equipo técnico con el presidente desapareció. 

Dicha conversación se efectuó entre las 8:25 a.m. y las 10:40 a.m. del 24 de febrero, tres días después de que estallara la polémica del decreto ejecutivo 41996-MP-Mideplan, el cual accedía a información de carácter sensible por parte de la población costarricense. 

El órgano defensor tuvo conocimiento del asunto el 23 de marzo, pero no fue sino hasta el 26 de mayo cuando interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. 

La defensora sostuvo comunicación con la Fiscalía General de la República a finales de marzo y, en ese momento, el Ministerio Público solicitó el audio de la grabación. 

Al percatarse de que el funcionario que debía hacer el envío hizo caso omiso, de inmediato se procedió a realizar las gestiones correspondientes. 

 

SEÑALAMIENTOS 

 

DIARIO EXTRA consultó con diputados sobre la recriminación de la Defensoría a la Fiscalía General de la República.

Parte de los señalamientos radica en el “exceso de confianza” en que Catalina Crespo se refiere a Emilia Navas como si se trata de amigas de toda la vida, cuando en realidad la funcionaria está involucrada en las investigaciones. 

Otto Roberto Vargas, jefe de fracción del Partido Republicano, dijo que Crespo debería apartarse de envíos de correos al Ministerio Público porque ya ella es parte de la pesquisa. 

Vargas expuso que la defensora debe tener claridad en la independencia de poderes y dejar que la Fiscalía realice su trabajo sin presiones en el caso de la pérdida o manipulación del audio de la UPAD por parte de la entidad. 

Manifestó que si tiene alguna inquietud o preocupación sobre el caso, que presente la denuncia formal ante las autoridades pertinentes. 

En la misma línea opinó Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien señaló que no le luce a la Defensoría de los Habitantes estar haciendo reclamos. 

Nicolás adujo que no se puede tener este tipo de actitudes cuando la institución de Barrio México tiene mucha responsabilidad en el extravío de información clave en el caso UPAD. 

 

RESPONDE 

 

Por medio de WhatsApp, Catalina Crespo manifestó que la información de la investigación de la auditoría interna no salió de la entidad que ella representa.

Expuso que el documento de dicha auditoría es de carácter confidencial y eso se lo ratificó la Contraloría General de la República. 

Dijo que el reclamo se hace por un tema de transparencia y cumplimiento de la ley. 

Argumentó que precisamente por un tema de legalidad y por lo delicado de la situación se deben seguir los lineamientos de la Contraloría.

PERIODISTA: Greivin Granados

EMAIL: [email protected]

Miércoles 10 Junio, 2020

HORA: 12:00 AM

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