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Sucesos

Fiscalía investiga compra de armas en Ministerio

Tras denuncia interpuesta el 1 de junio, San José

  • Esta es el arma de fuego ofertada por el consorcio, pero la certificación corresponde a otra. (Foto: Página Sig Sauer)

  • Mediante una carta el director de Fuerza Pública solicitó que se investigara la licitación. (Foto: Sicop)

En la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José confirmaron que investigan la supuesta irregularidad ocurrida durante el proceso de licitación para la compra de armas por parte del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la cual en marzo se adjudicó al consorcio Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A.

Detallaron que las pesquisas empezaron después de que el lunes 1 de junio recibieran una denuncia relacionada con el caso y se le asignó el expediente número 20-1136-0175-PE.

“Se tramita contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas. Debido a que el caso está en la fase inicial de investigación no es posible brindar más detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, manifestaron.

Además explicaron que por el momento no se ha tipificado el tipo de delito, pues apenas se analizan los hechos denunciados y se ejecutan las diligencias de investigación para determinarlo.

El caso fue dado a conocer por el Periódico de más Venta en Costa Rica en exclusiva en la edición de ayer.

 

CERTIFICACIÓN Y SEGURO

 

De acuerdo con la denuncia, de la cual DIARIO EXTRA tiene una copia, en los hechos narrados uno de los puntos que el denunciante manifiesta es el tema de la certificación del Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, la cual era parte de los requisitos de admisibilidad y debía indicar si la pistola ofertada cumplía con las normas de esta institución.

Tal como informó El Diario del Pueblo, al parecer el consorcio aportó una certificación que corresponde a otra pistola y no a la Sig Sauer modelo P320 M17 que ofertó en la licitación, según Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, quien reportó la situación a la Asesoría Jurídica del MSP mediante el oficio No.MSP-DM-DVURFP-DGFP-1188-2020.

Otro de los hechos narrados es que para el denunciante el consorcio ofreció un modelo de arma de fuego que aparentemente no cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el cartel de licitación.

En ese punto hacen referencia a que el arma de fuego ofertada al parecer no cuenta con el sistema de seguro manual ambidiestro, el cual era otro de los requisitos solicitados en el cartel.

En la denuncia se lee que el modelo que sí cuenta con esa característica es la P320-M17-MS, por lo que catalogan como un “peligro para la ciudadanía” la posibilidad de que el MSP compre el modelo ofertado.

Sobre si las armas de fuego cumplen con todos los requisitos que necesitan los oficiales de Fuerza Pública, Calderón explicó que eso es parte de lo que revisa la Asesoría Jurídica, pero por ahora lo que cuestionan es un requisito de admisibilidad.

“Más allá de las calidades de la pistola como tal, en este momento lo que se está cuestionando es si estuvo bien adjudicada o no, si la empresa cumplió con todos los requisitos que debió cumplir.

Esa es la pregunta porque de la pistola como tal podríamos hablar de las ventajas o desventajas, pero en este momento eso no es lo que se está cuestionando, es un tema legal de contratación administrativa”, especificó.

 

EXPEDIENTE SIN ENTREGAR

 

La tarde del miércoles, luego que DIARIO EXTRA hiciera una consulta sobre el tema, la oficina de prensa del MSP emitió un comunicado para todos los medios de comunicación donde indicó que iniciaron un proceso administrativo para analizar el contrato de esta licitación, pues consideran que el consorcio presentó datos de certificación que deberán analizarse a profundidad ante la duda de si cumplen con los requerimientos establecidos.

Explicaron que el MSP actúa en dos vías, una en sede administrativa con la conformación de un órgano director que valorará los datos presentados por el consorcio, mientras que la segunda es ante el Ministerio Público.

Sin embargo hasta ayer en la tarde todavía seguían sin presentar el expediente porque, según explicaron, primero necesitan que la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) les entregue el expediente completo para que el viceministro Randall Vega lo remita a la Fiscalía.

“El Sicop tiene una oficina en Racsa que administra la plataforma y para entregar la totalidad de las piezas en forma completa se estaría entregando en un CD que esa oficina les entregará. Una vez que lo tengan, en unos tres días, se llevará al Ministerio Público”, comentaron.

 

NO DIO DECLARACIÓN

 

DIARIO EXTRA contactó a Aldo Inglesini, de Inglesini y Compañía S.A., para conversar sobre el tema, sin embargo inicialmente manifestó que estaba en una reunión y no podía atendernos. Luego comentó que no se referiría a la situación porque las pesquisas están en proceso.

“De ese tema no puedo darle declaraciones, como ya salió la publicación hoy de ustedes no le puedo dar declaraciones porque todo está bajo investigación”, expresó.

Pese a esto, tras la información emitida por el MSP el consorcio reaccionó y envió un comunicado donde aseguró que durante el proceso de licitación las dos compañías involucradas actuaron según establecen las leyes y reglamentos.

Dicho consorcio agregó que tiene 38 años de experiencia supliendo implementos y armas al Estado costarricense en apego al marco normativo, cumpliendo los requisitos de los concursos en que ha participado, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como de otras instituciones públicas.

“Estamos a las órdenes del órgano director que abrirá el Ministerio para analizar a profundidad este proceso de compra de armas, así como estamos en entera disposición de comparecer ante el Ministerio Público para enterar a las autoridades sobre la verdad real de los hechos que inquietan al Ministerio, convencidos de que la verdad nos asiste”, concluyó.

 

EL CASO

 

El Periódico de Más Venta en Costa Rica informó en su edición de este jueves que el 19 de marzo de 2020 un grupo técnico, elegido por la Subdirección General de Fuerza Pública, y la Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) avalaron que el consorcio Inglesini y Compañía S.A. y Electromecánica Pablo Murillo S.A. fuera el proveedor de casi 6.000 armas de fuego para dicha entidad.

La primera empresa le pertenece al empresario Aldo Inglesini Zeledón, quien es yerno de Antonio Álvarez Desanti, político y excandidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN), pues desde hace dos años contrajo matrimonio con su hija Adriana Álvarez Meza.

Tras la adjudicación, dos meses después el director de Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez, solicitó una investigación por aparentes irregularidades en uno de los requisitos de admisibilidad para que el consorcio ganara la millonaria contratación, específicamente la certificación del NIJ que presentaron por el arma ofertada.

Al publicar la licitación el MSP informó que era para la compra de pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros mediante el Sicop y lo que requería era contratar una empresa que suministre este tipo de armas bajo la modalidad de ejecución según demanda.

El costo por arma se estableció en ¢737.718,91 por un plazo de cuatro años, siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria. Además la proyección de consumo establecida como referencia durante ese periodo es de 6.000 armas.

Tomando en cuenta lo anterior el monto de presupuesto estimado sería de ¢4.426.313.460, dinero que, de concretarse la compra de las 6.000 pistolas, se dejaría el consorcio integrado por el yerno de Álvarez Desanti.

PERIODISTA: Mónica Matarrita Mora

EMAIL: [email protected]

Viernes 05 Junio, 2020

HORA: 12:00 AM

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